Documentan 88 intentos de espionaje gubernamental contra periodistas y activistas

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Organizaciones civiles denuncian que el gobierno de México espía a periodistas como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, además de organizaciones a favor de los derechos humanos y el combate a la corrupción.

 

 

En México, criticar al actual régimen político es motivo suficiente para ser espiado por el gobierno de manera ilegal. Esto es lo que ha ocurrido, luego de que organizaciones civiles documentaran 88 intentos de espionaje contra periodistas, activistas y críticos del gobierno, a través de un software israelí que se vende exclusivamente a gobiernos para combatir a criminales y terroristas.

 

 

Las organizaciones R3D, Social TIC y Artículo 19 documentaron 76 nuevos intentos de infección con el malware Pegasus contra periodistas y defensores humanos en México. Estos ataques, ocurridos entre enero de 2015 y julio de 2016, se suman a los 12 intentos registrados que tenían como blanco a científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria en 2016.

 

CITIZEN LAB

 

Entre los periodistas espiados están Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, dos periodistas de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (Salvador Camarena y Daniel Lizárraga), además de activistas encargados de defender los derechos humanos —como en el caso de Miguel Patrón, director del Centro Prodh—, y promover la Ley3de3 —como ocurrió con Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad.

 

R3D

 

Pegasus es un sofisticado malware de vigilancia que solamente puede ser comercializado a gobiernos por la empresa NSO Group. En los últimos años, se ha reunido evidencia de que al menos tres instancias del gobierno federal lo han adquirido: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional; esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia.

 

De 2011 a la fecha, el gobierno mexicano había gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de NSO Group, la cual asegura que es poco probable que el software haya caído en manos de redes de narcotraficantes, pues es vendido exclusivamente a gobiernos.

 

Un ejemplo de esto, es que para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares, además de una cuota de instalación de 500 mil dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.

 

El análisis forense de los teléfonos intervenidos fue realizado por el Citizen Lab, un laboratorio digital con sede en la Universidad de Toronto, en Canadá, el cual confirmó que existían rastros del malware en los equipos telefónicos de periodistas y activistas.

 

“El hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja el gobierno”, dijo Luis Fernando García, director de R3D, en entrevista con The New York Times.

 

“Siempre hemos sospechado que nos espían y nos escuchan. Pero tener evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar detenernos”, dijo Mario Patrón del Centro Prodh al rotativo estadounidense.

 

Las organizaciones encargadas de documentar los casos aseguran que “a la luz de las normas de derechos humanos y el marco jurídico que regula la vigilancia gubernamental en México, los casos de espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción son absolutamente insostenibles jurídicamente”.

 

“Por el contrario, los hallazgos de este reporte apuntan a la comisión de graves delitos y violaciones a derechos humanos. Debe, por tanto, llevarse a cabo una investigación exhaustiva, seria, imparcial y transparente sobre los hechos denunciados y castigarse a todos los responsables intelectuales y materiales”, señaló R3D a través de un comunicado.

 

El pasado 17 de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto pidió fortalecer los mecanismos de protección para periodistas, a pesar de que ya se habían registrado casos de espionaje gubernamental contra un periodista y activistas de la salud que se pronunciaron contra los intereses de las refresqueras.

 

El 23 de mayo, las 10 organizaciones que integran la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) anunciaron su salida del Secretariado Técnico Tripartita por la vigilancia dirigida a defensores de la salud y por la desconfianza que existe hacia el gobierno federal.

 

Fuente : www.huffingtonpost.com

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