El Gobierno de EPN ¿Inocentes de espiar?

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Unas cuantas horas después de que circulara el reportaje del The New York Times sobre el spyware para intervenir comunicaciones de periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, el Gobierno de México envió una carta al editor del periódico, donde afirmó que “no (había) prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano (fueran) responsables del supuesto espionaje descrito en (el) artículo”. Firmada por un funcionario de segundo nivel de Los Pinos, la carta subrayaba el respeto a la privacidad y la protección de datos personales, como “valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho”. La carta jugó con la semántica.

Como el reportaje no identificó qué dependencia utilizó el programa llamado Pegaso, se escabulló afirmando que no se tenían pruebas de participación oficial.

 

 

El Times, sin embargo, lo dejó claro. Desde 2011, apuntó al menos tres dependencias federales que compraron 80 millones de dólares en spyware a la empresa israelita NSO Group que aclaró, a petición directa de las instituciones que hicieron la investigación publicada por el diario, sólo vende ese programa a gobiernos con el acuerdo explícito de ser usado únicamente en el combate de terroristas, narcotraficantes o criminales.

 

Es decir, si Pegaso sólo era vendido a gobiernos, el Gobierno mexicano es el único que pudo haberlo utilizado contra objetivos que no son criminales ni terroristas.

 

El Gobierno no quiso dar una respuesta directa a la opinión pública mexicana, y se escudó en la carta que decidieron, antes de que fuera publicada por el Times, divulgar su traducción a través de la cuenta de Twitter del vocero presidencial, Eduardo Sánchez, y presentarla como la respuesta oficial.

 

 

La Presidencia, decía la carta, respetaba la privacidad de las personas y condenó “cualquier intento de vulnerarla”. Esta respuesta, sin embargo, es insuficiente. Llena los espacios de opinión pública, pero no va ni al fondo del problema, ni atiende los problemas que arrastran desde que inició la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
 
El caso de un periodista, fuera de la investigación que publicó el Times, es sintomático de la dialéctica entre algunos periodistas y medios de comunicación, y algunos funcionarios del gobierno. Entre varios incidentes, dentro del contexto del hostigamiento, intimidación y espionaje, sobresalen:

 

1.- A mediados de 2014, después de varios textos sobre la ilegalidad de los grupos de autodefensa en Michoacán, comenzó a ser seguido. El periodista descubrió la cola y los confrontó. “Si me están tomando fotografías”, les dijo, “les voy a tomar fotografías yo”. Dos fotografías fueron entregadas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ofreció investigar quiénes eran. Hasta la fecha, nunca dio respuesta. El periodista investigó y encontró que las placas del vehículo correspondían a una empresa de seguridad en el Estado de México.

 

2.- A finales de 2014, molestos en la PGR por su cobertura sobre la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, desde la oficina del entonces procurador Jesús Murillo Karam, se ordenó que investigaran su vida privada, y durante semanas se recopiló información a través de intercepción de teléfonos y de otros periodistas, para conocer su patrón de comportamiento.

 

3.- En 2015 recibió varios mensajes de texto en su teléfono celular, similares a los descritos en la investigación que publicó el Times, así como también uno repetido que llegó como mensaje directo en su cuenta de Twitter, que procedía de la cuenta del periodista Ricardo Alemán —muy probablemente clonada—, que decía: “Ya viste esta foto tuya que esta en Twitter goo.gl/c85E4F Es real? si eres tu? Que te paso ese día!”.

 

4.- Durante 2015 y 2016 continuaron llegando mensajes de esa naturaleza a su teléfono celular, referidos a presuntos robos en su casa, supuestas fotografías comprometedoras de él o amigos suyos, o peticiones de apoyos solidarios.

 

5.- En el mismo periodo, varios intentos de penetrar a su teléfono celular fueron hechos desde dos números telefónicos de direcciones inexistentes. Los números desde donde se hicieron los intentos de penetración, aparecían siempre ocupados cuando se marcó para rastrear esas llamadas.

 

Varios de estos episodios fueron presentados informalmente en instancias de gobierno que escucharon con atención, pero nunca actuaron. Tampoco mostraron alerta por lo que sucedía. Lo único que algunos altos funcionarios aseguraron, era que no se trataba de un tema ordenado por el gobierno. No era el caso más serio ni más sistemático que se había hecho contra un periodista, pero al ser denunciado ante las mismas instancias, tampoco hubo una respuesta de interés por resolverlo. Lo que sí sucedió fue que cuando publicó una información que relacionaba al CISEN con este espionaje, plumas oficiosas descalificaron el texto, sugiriendo que se trataba de una mentira.

 

El caso del periodista revela un patrón de intimidación, hostigamiento y espionaje que muestra en su conjunto una vigilancia sistemática contra él. Como probó la investigación en el Times, el uso político de las herramientas de inteligencia es mucho más grande de lo imaginado, que abarca no sólo a periodistas, abogados o activistas, sino a quienes consideren un adversario o enemigo potencial, aún cuando este se encuentre —como irá emergiendo gradualmente—, dentro del mismo gobierno. Por esta última razón, fue lamentable la respuesta del gobierno al periódico neoyorquino. Ojalá se hubiera abierto una investigación interna que pudiera sostener la palabra inicial del gobierno o encontrar a quien dentro del propio gobierno está abusando del poder y los recursos a su disposición. La negación absolutista, cubre de sombras y sospechas el comunicado que eso quiso disipar. En estos tiempos, la apertura, no la cerrazón, es algo que debe considerar.

 

Fuente : www.informador.com

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