La farsa del “nuevo modelo educativo”

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“El Estado no sólo debe dedicarse a ofrecer “conocimientos claves” para la actualidad,el Estado mexicano se desentiende de la educación en todos sus niveles…”, señala Carlos Herrera de la Fuente.

 

Si un día, dentro de mucho tiempo, algún valiente investigador social se atreviera a realizar una arqueología de la catástrofe mexicana de los últimos treinta y cinco años, y quisiera hacerse de una imagen fehaciente que resumiera el conjunto de calamidades y desgracias que ésta encierra, tal vez no habría nada mejor que recomendarle, que echar un vistazo a la situación actual de la educación en el país.

Imposible superar esa amalgama de errores y fracasos, ese cúmulo de desinterés y abandono, de corrupción y mala fe, de indolencia e incompetencia, de fraudes, robos, violencia, desatención y desamparo. ¿Qué pecado capital no ha cometido el Estado en su afán por desatenderse de su responsabilidad como garante de ese derecho constitucional? ¿Qué alianza maligna no ha firmado con tal de contener la ira social que se acumula a diario en las aulas, en los bolsillos de los profesores y en los hogares de los condenados a una cultura mediocre y sin opciones? ¿Qué pacto no ha establecido con tal de ahorrarse unos cuantos pesos para ocuparlos en el pago de la deuda externa o en el apoyo a empresarios y banqueros?

Por supuesto, dicho investigador tendría que ser precavido con las cifras que indican una cobertura casi universal de la educación básica en México, porque, sin ser falsas, dichas cifras ocultan la realidad de una formación mediocre, promotora del analfabetismo funcional, cómplice del embrutecimiento televisivo, generadora de una mentalidad instrumentalista, unilateral y acrítica, adecuada para la explotación más salvaje en el mercado laboral.

Baste señalar que en la educación primaria ningún niño puede reprobar el ciclo escolar, aunque carezca absolutamente de los conocimientos elementales para pasar al siguiente nivel. Lo único que les importa a las autoridades educativas es que se llegue a la secundaria, para demostrar que en México la educación básica es eficiente y progresiva.

Al contrario del ideal “humanista” que promueve el artículo 3° constitucional, la educación pública de nivel básico en México, resultado de décadas de neoliberalismo en el país, se encarga de formar (en su mayoría) a una infancia y a una juventud ignorantes, indiferentes de las expresiones culturales y artísticas más elevadas, desconocedoras del pensamiento crítico, adoradoras del lucro y del enriquecimiento fácil, cómplices del acoso y la violencia (el 10 de septiembre de 2015, Excélsior informaba que México ocupaba el primer lugar de bullying a nivel internacional). Y, a diferencia de lo que se quiere promover, las cosas no son muy distintas en la educación privada. Sólo basta observar el vergonzoso comportamiento de la infame casta de “mirreyes” y asociados que se multiplican como hongos venenosos en el país, producto fiel del despotismo, la impunidad y la veneración a la riqueza en las que los educan sus escuelas y padres, cómplices, casi todos, del sistema vigente.

Tomando en cuenta esta evaluación absolutamente negativa como punto de partida, uno podría estar tentado a darle la razón al gobierno actual en su interés por proponer un “nuevo modelo educativo” para poner fin a esa situación desastrosa. No obstante, el mal llamado “nuevo modelo educativo” no tiene la menor intención de corregir lo que se ha venido haciendo desde hace más de tres décadas, esto es, promover una educación descentralizada, de la que el Estado federal se desentiende cada vez más en términos presupuestales y administrativos, de tal forma que tiende a traspasar toda la responsabilidad a otras figuras directamente involucradas, como los autoridades de los planteles, los docentes, los padres de familia o el propio mercado. La lógica del “nuevo modelo educativo” es exactamente la misma que ha seguido el Estado neoliberal (en sus versiones priistas y panistas), por lo que no se puede esperar de ella mejores resultados de los que ya se han conseguido (que, como ya se dijo, son totalmente negativos).

Para poder presentar puntualmente las falacias y trampas que encierra esta propuesta educativa, haremos un seguimiento del documento presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que lleva por nombre Modelo Educativo 2016. El propósito principal consistirá en demostrar que, a diferencia de lo que afirma dicha institución, el objetivo del “nuevo modelo educativo” no es, de ninguna manera, poner a la “escuela en el centro”, sino profundizar el proceso de descentralización educativa comenzado hace varias décadas.

1. La ideología detrás del “nuevo modelo educativo”

De las distintas interpretaciones que se han realizado sobre el sustento ideológico del “nuevo modelo educativo”, casi ninguna se ha interesado en resaltar el trasfondo conceptual que sustenta dicha propuesta, la cual recupera ciertos planteamientos del Informe Delors que la UNESCO presentó en 1996 (y que ha sido la base para las distintas reformas educativas realizadas en varias partes del mundo desde hace dos décadas). Se han hecho comentarios sobre su inconsistencia terminológica o sobre su ambigüedad (Roberto Rodríguez, Carlos Imaz, Marisol Silva Laya, entre otros), pero no se ha criticado el soporte conceptual mismo. Esto es lo que trataremos de hacer aquí.

Uno de las temas que aparece de manera recurrente a lo largo de todo el documento de la SEP es que la diferencia principal entre el anterior modelo educativo y el que se propone reside en que el anterior se basa en un esquema “vertical”, el cual no sólo somete a las escuelas a una normatividad definida externamente, sin conocimiento de sus necesidades, sino que, además, “al desalentar actividades no previstas en la normatividad con su carácter vertical, este enfoque ha creado una cultura que frena la creatividad, la innovación y los cambios tendientes a mejorar el aprendizaje” (p. 21). Por el contrario, el nuevo modelo busca poner a la escuela “en el centro”, priorizando las necesidades de los agentes directamente involucrados en ella, por lo que su carácter es más “horizontal” y “democrático”, y promueve la participación creativa de la comunidad educativa.

La idea de que la política educativa definida desde el Estado tiende a ser “vertical”, “autoritaria” e “ineficiente” es precisamente uno de los motivos centrales de la ideología neoliberal. Desde su punto de vista, el Estado es un conjunto de instituciones de carácter burocrático que, mientras más pasa el tiempo y más crece, más ineficiente se vuelve. Sólo la “libertad” de los agentes, estimulados por la realización de sus propios objetivos, puede llevar a un comportamiento “racional” que maximice el beneficio que se pretende extraer de la acción. Este planteamiento proviene del ámbito económico, pero se extrapola sin consideración alguna a todos los demás ámbitos sociales (políticos, administrativos, culturales, educativos, etc.).

El problema es que, de llevar al extremo la aplicación de dicha idea, no habría posibilidad de proponer siquiera un modelo educativo. Una cierta “verticalidad” es necesaria para que un país pueda organizar su sistema educacional. Y eso empieza desde el ordenamiento jurídico. Detengámonos a pensar lo que establece nuestra Constitución.

El artículo 3° constitucional establece que la educación que imparta el Estado deberá ser obligatoria, gratuita y laica. Eso no es algo que esté a discusión, sino que forzosamente debe ser así. Para decretar históricamente esta norma jurídica, sin embargo, tuvo que pasar casi un siglo de debates y confrontaciones políticas en el país (muchas de ellas violentas). No a todos se les hacía evidente que la educación que impartiera el Estado debía tener ese carácter.

En el siglo XIX, cuando Gabino Barreda, creador de la Escuela Nacional Preparatoria, propuso que la educación que impartiera el Estado debía tener el carácter de obligatoria (1875), muchos liberales se opusieron fervientemente a la idea, pues sostenían que eso violentaría el derecho de los individuos y las familias a decidir, actuar y pensar libremente. No obstante, frente a esta tesis, como lo explica Leopoldo Zea, “que considera al hombre como un individuo con derecho a hacer lo que quiera, Barreda opone la tesis de que ‘los derechos de la sociedad están por encima de los derechos del hombre’” (Leopoldo Zea, El positivismo en México: Nacimiento, apogeo y decadencia, FCE, México, D. F., 1968, p. 127). Sin embargo, no fue sino hasta la promulgación de la Constitución de 1917 que este derecho social se elevó a rango constitucional.

Para el pensamiento liberal, el carácter gratuito de la educación también está a debate (sobre todo hoy en día). Esgrimiendo el argumento de la “eficiencia”, los neoliberales sostienen que aquellos individuos que pagan por una educación se esmeran más a la hora de participar en el esfuerzo de aprendizaje que ella implica y, a la vez, son más exigentes con las condiciones de infraestructura y docencia en la que se desarrolla ese proceso. Pero la educación que imparte el Estado, según lo establece la Constitución, debe ser gratuita, y esto no puede ser de otra manera, a pesar de las ideas de distintos personajes que se oponen a ello.

Finalmente, en lo que respecta a la laicidad de la educación, es evidente que todavía existen muchos grupos religiosos que consideran este principio como una afrenta a sus creencias. Por eso, el establecimiento definitivo de esta norma fue resultado de una lucha cruenta en nuestro país (la Guerra de Reforma), y tuvo que ser asimilada (con enorme disgusto) por el bando perdedor (los conservadores).

Además de todo esto, el Estado está obligado a garantizar “la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos” (Art. 3° de la Constitución). La SEP define los planes y programas de estudio de los distintos niveles educativos, organiza los calendarios escolares, contrata a profesores y administrativos para que se hagan cargo de la actividad docente y del cuidado de las labores y la infraestructura correspondiente, etc. Todo eso sigue y seguirá definido por el Estado, el cual, por cierto, no es un “agente externo”, sino el representante de los intereses de la sociedad en su conjunto.

Criticar la “verticalidad” del modelo educativo en México sólo es, en realidad, una treta que pretende allanarle el camino al proceso descentralizador neoliberal que, como lo veremos en el segundo artículo de esta serie, no busca poner a la “escuela en el centro”, tal como insiste el documento de la SEP, sino, justo al contrario, como lo señala Lev Moujahid (“Escuelas al CIEN: hipotecar presupuesto y patrimonio educativo”, Contralínea, 16/II/2016), lo que intenta es colocar al “mercado en el centro”.

El otro concepto que funge como sustento ideológico de toda la propuesta del “nuevo modelo educativo” es aquél que se ha introducido bajo el lema de “aprender a aprender”. En realidad, éste es sólo uno de los principios esbozados en el Informe Delors de la UNESCO, el cual incluye 4 en total: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Tanto en el documento del Modelo educativo 2016, como en la Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016, la SEP reconoce los 4 principios, aunque por razones propagandísticas sólo le ha dado peso al primero. El primer concepto, learning to know (aprender a conocer), se tradujo equivocadamente como “aprender a aprender”, aunque este lema también aparece en el Informe Delors (learning to learn) como parte integrante del primer principio. Pero, más allá de estas sutilezas, lo importante es explicar el sentido de esta perspectiva.

La idea subyacente al concepto de “aprender a aprender” (y que ya se desarrolla en el Informe Delors) es que en la sociedad contemporánea, abrumada por un vertiginoso desarrollo técnico y científico, es cada vez más difícil establecer contenidos fijos que sirvan como base para un currículo común de la educación básica y media superior. El problema no es sólo la enorme cantidad de conocimientos acumulados (antiguos y nuevos), sino sobre todo su modificación constante. Por esa situación, el informe (al igual que la SEP) propone una educación centrada en las técnicas de aprendizaje para que el estudiante pueda desarrollar habilidades personales que le permitan enfrentarse a ese mundo complejo y cambiante en un proceso de “educación permanente” (lifelong learning). En lugar de poner el énfasis en los contenidos educativos, se resalta la importancia de desarrollar capacidades de “autoaprendizaje”. “El propósito –dice la SEP en la Propuesta curricular– es que los alumnos desarrollen autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades para relacionarse con otros y capacidad para tomar decisiones responsables” (pp. 23 y 25).

Así dicho, parece que no hay nada malo en el fundamento teórico. No obstante, la acentuación en el proceso “autoaprendizaje” es una respuesta del Informe Delors a la situación económica cambiante de los años 80 y 90, décadas en las que se expandieron las políticas neoliberales, por lo cual el mismo informe llama la atención sobre la “flexibilidad” del mercado laboral y la importancia de adaptación a la “economía global” ( cf. Moosung Lee & Tom Friedrich (2011): Continuously reaffirmed, subtly accommodated, obviously missing and fallaciously critiqued: ideologies in UNESCO’s lifelong learning policy, International Journal of Lifelong Education, 30:2, 160).

Que el aprendizaje sea “flexible” significa que la extensión de los contenidos curriculares debe ser disminuida para que el estudiante se enfoque en los procesos formales de aprendizaje que le permitan adaptarse mejor al mercado laboral y a sus necesidades. Por eso, en la Propuesta curricular, la SEP insiste en concentrarse en “conocimientos claves”, sin profundizar mucho en ellos, con el claro propósito de contar con un bagaje “básico” que permita al estudiante enfrentarse al “mundo cambiante de la economía global”.

Por otro lado, el llamado “autoaprendizaje” tiende a delegar paulatinamente la función del conocimiento al estudiante, mientras que el Estado se desentiende cada vez más (aunque nunca totalmente) de los contenidos específicos que se deben enseñar. Sin desconocer la importancia de un proceso de creciente autonomía en el desarrollo educativo y cultural del individuo, éste sólo se puede desplegar responsablemente dentro de la sociedad, si ésta última le transmite una serie de contenidos, conocimientos y valores amplios y extensos, que considera fundamentales para su evolución intelectual y moral.

Reducir contenidos educativos para adaptar al individuo a la competencia económica del mercado laboral actual significa condenarlo a los vaivenes del capitalismo contemporáneo, sin dotarlo de las herramientas culturales y formativas críticas necesarias para hacerle frente. El Estado no sólo debe dedicarse a ofrecer “conocimientos claves” para la actualidad, sino que, dentro de su sistema educativo, debe proveer a los individuos de conocimientos que estén más allá de esas necesidades básicas, predefinidas por el mercado, con la finalidad de formar individuos capaces de pensar y construir una sociedad mejor de la que actualmente existe. El individuo no debe “adaptarse” pasivamente a la realidad económica, sino que debe ser capaz de proponer alternativas para modificarla en beneficio de la mayoría.

Si existe un lema que englobe toda la falsedad del mal llamado “nuevo modelo educativo”, éste es, sin duda, el de “la escuela al centro”. La única forma de darle credibilidad a este eslogan sería agregar de inmediato: “…pero la educación a la esquina”. Porque lo que sucede con la propuesta de la SEP es que la supuesta centralidad de la unidad educativa, la escuela, únicamente esconde el desplazamiento radical de la educación de los intereses del Estado. El “Nuevo modelo educativo 2016” es la forma estructurada en la que el Estado mexicano se desentiende de la educación en todos sus niveles. En primer lugar, como se expuso en la entrega anterior, en su nivel conceptual e ideológico, lo que no es algo menor, ya que el derecho a la educación está garantizado por el artículo 3° constitucional, que en su formulación actual establece un ideal formativo, promotor de valores democráticos, humanistas, laicos, etc., que el Estado está obligado a inculcar en la niñez y en la juventud mexicana. Lejos de ello, el actual modelo educativo propone un tipo de educación con contenidos diluidos, centrado en la formación de individuos “flexibles” y adaptables a las necesidades de la “economía global”, la cual, por cierto, sabe muy poco de democracia y humanismo.

Ahora bien, más allá de este fundamento ideológico (que, se insiste, no es menor), en la práctica, el proceso de descentralización educativa parte de dos grandes pilares: la descentralización económico-presupuestal y la descentralización político-administrativa. El análisis de estos dos momentos nos revelará el contenido concreto de la propuesta en su conjunto, ratificando así la idea esbozada en el artículo precedente de que el centro de esta nueva propuesta no es ni la escuela ni la educación, sino el mercado y los empresarios.

2. Descentralización económica de la educación. Los empresarios al centro

Puesto que la Constitución mandata al Estado, en todos sus niveles (federación, estados, Ciudad de México y municipios), impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior de carácter gratuito, su financiamiento proviene, evidentemente, de los recursos económicos que el Estado obtiene a través de la recaudación fiscal y otros mecanismos, los cuales son asignados por el Congreso de la Unión al rubro específico mediante la aprobación del gasto presupuestal. Esto quiere decir que el Estado no actúa como un “agente externo” que financia la educación pública y gratuita del país, sino que son los mismos ciudadanos mexicanos, por medio de sus impuestos, los que pagan la educación de sus hijos, sin que nadie les regale nada.

Actualmente, México dedica alrededor del 5.2% de su gasto público a la educación, lo cual, aparentemente, representa una cifra elevada (una de las más altas de la OCDE). No obstante, vistas las cosas más de cerca, puesto que desde los años 80 el gasto público total de la nación ha decrecido constantemente, la cifra, medida en términos de “inversión educativa” por estudiante, está muy por debajo del promedio de la OCDE. Así, “en 2012 México gastó 2,600 dólares por estudiante de primaria, lejos de los 8,200 dólares del promedio de la OCDE. Estas diferencias se mantienen en las instituciones secundarias, con 3,000 dólares frente a los 9,500 de media, y en las de educación superior, con 8,100 dólares cuando el promedio se sitúa en 15,000” (“México, el más ‘tacaño’ de la OCDE en inversión educativa”, Expansión, 24/11/2015).

Estas tristes cifras se complementan con otra que nos da cuenta del poco interés del Estado en la educación: apenas 2.5% del gasto en educación pública se dedica a mejoramiento de infraestructura. Esto es muy grave, ya que en este rubro la situación es crítica, según lo revelan cifras del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 (Cemabe) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): “11.5% de las escuelas de nivel básico no cuentan con baños, y de ese porcentaje 47.1% no tiene drenaje, mientras que 25.7% están construidos con materiales precarios. (…) En algunos lugares como Chiapas, Guerrero y Oaxaca la ausencia de sanitarios funcionales aumenta a casi 50%. A nivel nacional, 31% de las escuelas no tiene agua corriente y 46% no cuenta con los servicios de drenaje básicos; en Oaxaca, estas cifras ascienden a 60 y 82%, respectivamente”. Por si fuera poco, “7% de los planteles en el territorio nacional no cuenta con un pizarrón, 10% no tiene electricidad, 36% no gozan de alguna área deportiva y 94% no puede acceder a un laboratorio” (“10 claves para entender los bonos educativos”, Nayeli Meza Orozco, Forbes México, 23/11/2015).

Ya desde 1997, para enfrentar la situación catastrófica en infraestructura, el gobierno federal creó el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), el cual es uno de los ocho fondos que conforman el Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos. Con él, desde una perspectiva descentralizada, se pretendía hacer frente a los rezagos estatales en infraestructura física de la educación básica y superior. No obstante, como queda claro por las cifras presentadas, dicho fondo fue insuficiente para resolver los problemas relacionados con este rubro. Por todo ello, el actual modelo educativo introduce un nuevo tipo de financiamiento descentralizado con la finalidad de “rehabilitar aproximadamente 35 mil escuelas de Educación Básica, Media Superior y Superior en todo el país”, a través de la recaudación de “más de 50 mil millones de pesos sin tener que recurrir a deuda pública” (Nuevo modelo educativo 2016, p. 31.). Éste es el programa que se conoce como “Escuelas al CIEN”. ¿En qué consiste dicho programa? ¿En realidad no implica ninguna deuda pública?

CIEN es un acrónimo de Certificados de Infraestructura Educativa Nacional, esto es, un tipo de certificados bursátiles fiduciarios que se colocan en la Bolsa Mexicana de Valores para su cotización. Para financiar la nueva infraestructura educativa, el Estado creó este bono de deuda que será emitido y distribuido por un fideicomiso diseñado por empresarios y “administrado por la iniciativa privada a través de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, SA de CV, encargada del ‘fideicomiso de emisión’ y Banco Invex encargado del ‘fideicomiso de distribución’” (Lev Moujahid, “Escuelas al CIEN: hipotecar presupuesto y patrimonio educativo”, Contralínea, 16/II/2016).

Puesto que el fideicomiso es administrado por la iniciativa privada, el gobierno federal sostiene que no se puede hablar de una deuda pública. Sin embargo, los recursos con los que se pagará la deuda adquirida por el fideicomiso tras la colocación de los certificados provendrán del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), es decir, de los recursos destinados por la federación a los estados. De esta manera, el fideicomiso emitirá y distribuirá los certificados en la Bolsa de Valores, en donde serán adquiridos por inversionistas, a los que, después de un plazo determinado, se les pagará el precio del certificado más una tasa de interés. “Los resultados de la [primera] subasta de los CIEN arrojaron una de tasa de interés fija de 8% anual, cuyos principales compradores fueron las Afores y los Fondos de Inversión” (Gabriel Cadena, “Escuelas al CIEN: Sobre la colocación de los certificados y lo que está por venir”, Nexos, 9/XII/2015).

En conclusión, con los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional, el Estado se desentiende de la inversión en educación, dejándoles a los inversionistas privados la administración de ese “negocio”, el cual, por si fuera poco, les rendirá muy buenos frutos. “Aunque no se utiliza la palabra ‘deuda’, la operación de ‘Escuelas al CIEN’ obliga a los estados a hipotecar por 25 años sus recursos para infraestructura educativa a Banco Invex, quizás la financiera más grande de América, misma que respalda las tarjetas crediticias de los principales bancos que operan en México y de otras empresas, tales como Volaris y la cadena de tiendas departamentales Liverpool. No hay duda: adquirir certificados de infraestructura es endeudamiento y sumirá más al país en su larga trayectoria de desfalcos que sólo han beneficiado a la corrupta élite política” (Lev Moujahid, ídem).

3. Descentralización administrativa de la educación. El mercado al centro

El otro punto del “nuevo modelo educativo” con el que se consolida el proceso de descentralización de la educación es el de la “autonomía de gestión escolar”. Este tema se aborda en la sección correspondiente a “La gobernanza del sistema educativo”. Al igual que en la justificación ideológica de todo el proyecto, aquí se insiste en el carácter vertical y centralizado del antiguo modelo de educación, por lo que el objetivo es promover un “cambio cultural” que contribuya a la construcción de un sistema horizontal y descentralizado, con la finalidad de “democratizar” la administración escolar. Para ello, se fomenta la colaboración estrecha entre los Consejos Técnicos Escolares (conformados por el director y los docentes de los plantes) y los padres de familia, a los que el modelo pretende asignar un rol más activo.

El espacio para coordinar dicha relación es el Consejo Escolar de Participación, en el que colaboran autoridades escolares, padres de familia y miembros de la “sociedad civil” (sin especificar más a quién se refieren). Lo paradójico de esta organización, como lo indica Lucía Rivera, es que, en lugar de promover una relación más democrática y libre entre sus miembros, “introduce cambios de orden jurisdiccional para ejercer mayor control” sobre las actividades escolares (Lucía Rivero, “Autonomía de gestión de las escuelas: la ilusión del poder de decisión”, Nexos, 13/I/2016).

Así, la función de los Consejos Técnicos queda definida por la llamada “Ruta de Mejora”, un instrumento por medio del cual las escuelas planean sus actividades, evalúan las deficiencias académicas y definen los objetivos a alcanzar en cada ciclo escolar. Ahora bien, tanto la evaluación como la definición de los objetivos académicos están sujetas a lo establecido en los contenidos curriculares planeados por la SEP, los cuales, como lo explicamos en la entrega anterior, parten del principio de que existen “conocimientos claves” o mínimos, desde los cuales se mide el “progreso” académico de los alumnos. De esta manera, al sujetarse a ese rígido esquema, los Consejos Técnicos se ven obligados a “reducir la escolarización y el currículo nacional a la adquisición de contenidos instrumentales, los mismos que miden las evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales: lectura, escritura, matemáticas y ahora la denominada sana convivencia” (Lucía Rivera, ídem).

Por su lado, según lo aclara el documento de la SEP, “los padres de familia tienen un importante papel en la gestión escolar: participan en la toma de decisiones y cumplen una función de contraloría social. Tienen incidencia en cómo se usan los recursos que reciben los planteles a través de algunos programas, así sea para reparaciones menores o para adquirir materiales educativos. Una vez tomada una determinación, los padres contribuyen a la transparencia y a la rendición de cuentas” (Nuevo Modelo Educativo 2016, p. 80).

Sin embargo, en términos reales, los padres de familia tienen poca incidencia en la definición del empleo de los recursos económicos que se obtienen a través de programas como “Escuelas al CIEN”, ya que el organismo que decide los criterios de aplicabilidad de éstos es el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (INFED), el cual, por si fuera poco, cuenta con la atribución de “celebrar acuerdos y convenios con Asociaciones Civiles, Fundaciones, Patronatos y/o Instituciones Educativas, a efecto de sumar esfuerzos y colaborar en el incremente de planteles educativos a beneficiar” (Programa Escuelas al CIEN, “Normatividad, Disposiciones y Guía Operativa”, 15., p. 28).

Aquí es donde aparece, finalmente, la definición de los miembros de la llamada “sociedad civil”. No se trata, claro, de organismos independientes sin fines de lucro, interesados en colaborar con las escuelas para mejorar los planteles y las actividades académicas, sino de fundaciones, patronatos, etc., que brindan servicios a cambio de una remuneración económica.

Este punto no es menor. Ha habido casos de contratos escandalosos entre instituciones educativas, fundaciones y empresas que en nada han contribuido al desarrollo y mejora de los servicios escolares. Un botón de muestra: el caso de la Fundación Proacceso y la empresa Enova en el Estado de México, las cuales recibieron durante “seis años donativos oficiales por mil 700 millones de pesos, a cambio de la promesa de mejorar los niveles de educación primaria entre los alumnos mexiquenses”, sin que se hiciera nunca una auditoría al respecto ni se tuviera un recuento claro de los beneficios recibidos. Este caso fue denunciado por Andrés Lajous y Paris Martínez (Nexos, “El gobierno federal y el Edomex donan mil 700 millones de pesos a una fundación y a una empresa, sin pedirles cuentas”, 7/VII/2015).

Por todo lo dicho, queda completamente claro que el verdadero centro del “nuevo modelo educativo” no es, bajo ninguna perspectiva, la escuela, sino los empresarios y el mercado (representado por la “sociedad civil”). Esto quedará ratificado en la última entrega de esta serie, cuando se analice lo que corresponde al sector docente, probablemente, el más maltratado por este infame sistema educativo.

Fuente : http://aristeguinoticias.com/

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