Con 68 a favor y 50 en contra, aliados de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo en el Senado aprobaron en lo particular el plan B electoral de Andrés Manuel López Obrador.

Las minutas serán devueltas a la Cámara de Diputados para su discusión y votación este jueves, último día del periodo ordinario de sesiones. Se espera que Morena y aliados usen su mayoría nuevamente para aprobarlas en una sesión que se espera sea fast track.

El plan B de AMLO: ¿una reforma electoral para la democracia?

Hugo Concha Cantú

Diciembre 12 2022

El debate polarizado que ha dominado el espacio público desde 2018, llegó a los niveles más extremos como consecuencia de la propuesta de reforma electoral que el presidente López Obrador mandó al Congreso en abril de este año y que inició su discusión durante noviembre.

Hoy, 12 de diciembre, la discusión vuelve a presentarse, en el Senado como cámara revisora de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Como sucede con los contenidos de toda reforma legal, ni todo parece fortalecer a nuestro sistema electoral ni tampoco todo está mal. Pero lo que sí se ha mostrado es una intención de acallar el diálogo y la deliberación democrática. Es necesario pues reflexionar sobre el camino legislativo y sobre el contenido.

El camino

La historia de este debate se vio acompañada por dos manifestaciones muy nutridas, una que se llevó a cabo el domingo 13 de noviembre en contra de la iniciativa presidencial, especialmente en todo lo que buscaba transformar de manera radical al Instituto Nacional Electoral (INE) y otra de apoyo al proyecto el 27 de noviembre.

El mensaje de la ciudadanía que defiende al INE alentó a una oposición que se ha caracterizado por su falta de creatividad y contrapropuestas, así como por su propensión a ser cooptada. En esta ocasión, se mantuvo como un bloque unido que logró impedir que la propuesta de cambio constitucional del Ejecutivo Federal fuera aprobada con la mayoría calificada que requería.

La reacción inmediata, casi automática, fue entonces la presentación de una propuesta de reforma legislativa, el “plan B”, que, con su mayoría absoluta en ambas Cámaras, Morena y sus aliados pueden aprobar sin el voto de los partidos de oposición.

La Cámara de Diputados recibió y votó el proyecto proveniente de Palacio Nacional, votando de inicio para dispensar todo trámite de análisis y discusión en comisiones y así proceder de inmediato a votar su aprobación en el pleno. Ni siquiera los diputados y diputadas de la fracción mayoritaria conocían su contenido. La instrucción era clara: aprobar sin cambiar una sola coma.

Sin embargo, esta versión ya sufrió algunas modificaciones. Al llegar al Senado de la República, se presentó para su análisis en comisiones con 70 modificaciones aparentemente pactadas por el líder de Morena, Ricardo Monreal y el gobierno federal.

Tratándose de una iniciativa de amplio espectro (modifica cinco ordenamientos legales y crea uno nuevo), de enorme importancia por buscar transformaciones en aspectos sustanciales del actual sistema electoral, y que ha despertado fundadas dudas de la constitucionalidad de varios de sus planteamientos, resulta alarmante que el partido mayoritario optó por votar bajo consigna. Las dispensas de trámite deberían estar acotadas de manera estricta en la ley sólo a situaciones de verdadera emergencia. Autorizar la dispensa, es un mecanismo de naturaleza autoritaria que desaparece el espacio deliberativo, esencial en una democracia. Lo que el PRI hizo por décadas aplicando su mayoría política como “ferrocarril” que arrasaba a todo posible cuestionamiento, reapareció en el más temible de los desplantes presidencialistas.

Un proyecto de reforma electoral, no es, además, una ley más. Tiene en su centro la manera en que materializamos la democracia. Por ello, no puede dejar de ser discutido. Los ciclos temporales de los gobiernos deberían haber aprendido la lección. Hoy se puede ganar avasallando, pero esas mismas reglas jugarán en contra en poco tiempo y a favor de un nuevo gobernante. La discusión parlamentaria existe para enriquecer puntos de vista, para mejorar cualquier propuesta y, sobre todo, para establecer acuerdos comunes. Mas aún, nos encontramos en tiempos en que esta discusión debería siempre ser ampliada a la sociedad con mecanismos como el parlamento abierto.

Los riesgos de imponer una ley sin consenso son muchos. Políticamente puede generar inestabilidad e incluso ingobernabilidad. Los partidos opositores y una buena parte de la ciudadanía se manifestarán en contra de un fuerte agravio a nuestra convivencia plural. Esto puede propiciar expresiones de rechazo de toda índole, hasta formas de violencia. En un contexto en que el crimen organizado juega en la política, esto es sumamente riesgoso. El debilitamiento de la capacidad organizativa de una elección pone además en riesgo el contar con competencias justas, equitativas e imparciales.

Jurídicamente, la reforma puede ser impugnada tanto en aspectos técnicos ante el Tribunal Electoral, como por temas de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. El proyecto persiste, en ciertos espacios, en mantener lo que Ricardo Monreal denominó “bloques de inconstitucionalidad”, como buscar desaparecer órganos y funciones que están en la Constitución.

En una democracia constitucional, las formas, los procedimientos sí importan. Implican controles para evitar abusos de poder. Ignorarlos es una vuelta a un México autoritario.

Los contenidos

Lo que está por ser analizado en el Senado presenta tres grandes temas.

El primerconsistente en una muy necesaria ampliación de derechos políticos; el segundo, en temas relativos a cambios en la organización, estructura y funcionamiento de las autoridades administrativas, INE y OPLEs, así como reforzamiento de una situación de impunidad de los partidos políticos y; el tercero, relacionado con las autoridades jurisdiccionales y todo el funcionamiento de nuestra justicia en ese ámbito.

Para muchos analistas el primer tema es considerado como un distractor de las verdaderas intenciones de la iniciativa presidencial que es acotar la autonomía de las autoridades electorales. Se trata de un conjunto de disposiciones que reconocen, amplían y fortalecen el ejercicio de derechos políticos de grupos históricamente marginados. Son temas que nadie podría objetar en lo sustantivo y que fortalecen la participación política de la ciudadanía en su conjunto. Como ejemplos, podemos mencionar que se garantiza el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, de las personas con discapacidad que se encuentran en estado de postración. Al mismo tiempo, se fortalecen las acciones afirmativas y mecanismos de paridad de género incluidas las candidaturas para poderes ejecutivos locales. También se obliga que las candidaturas de los partidos, de mayoría relativa o de representación proporcional, contengan fórmulas de jóvenes, indígenas, afromexicanos, personas de diversidad sexual y migrantes. Finalmente se simplifica el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

El tema más polémico es el segundo, relativo a la reestructura y reorganización de las autoridades que conforman un nuevo “sistema nacional electoral”. Estas disposiciones buscan reposicionar al INE, con menos autoridad, menos recursos, menos estructura, pero con el deber de cumplir con las mismas funciones —pues estas están en la Constitución y, por tanto, son intocables.

Entre las medidas que se establecen, encontramos una muy severa compactación de áreas operativas tanto a nivel central como descentralizado. Se desaparecen áreas con el único argumento de la austeridad, sin mencionar ni argumentar el mosaico de actividades que realizan y sin que haya un diagnóstico de cómo se seguirán llevando a cabo con menos.

Al INE se le quiere delgado, pero también sin dientes. Este punto puede estar cayendo inclusive en una violación a su naturaleza de órgano constitucional autónomo:

• Se vulnera su autonomía política al establecer que no puede entrometerse en la vida de los partidos políticos en un supuesto fortalecimiento de su autoorganización y autodeterminación en su vida interna, es decir, se le priva al árbitro y autoridad de poder determinar si los contendientes, sujetos obligados, los partidos, cumplen con mecanismos democráticos para determinar sus dirigencias y candidaturas. Los partidos además se hacen dueños de la autoridad, al contar con una facultad de poder disponer de toda información que tenga el INE, sin importar si son procesos deliberativos o de queja en contra de los propios partidos.

• Se vulnera su autonomía técnica, al desaparecer al Secretario Ejecutivo y a la Junta General Ejecutiva, ejes de su operación logística, así como reducir áreas centrales y desaparecer vocalías locales y distritales. Imposible, de acuerdo con esta propuesta legislativa, seguir pensando en una autoridad que acerca credenciales, casillas y capacitación a la ciudadanía. El efecto será contraproducente para la ciudadanía que ahora tendrá que esforzarse más para participar.

• Se vulnerar a su vez su autonomía administrativa al desaparecer los fideicomisos con los que el INE cubre pasivos laborales y con el que logra depender cada vez menos de rentas y alquileres, conforme sus fondos le permiten incrementar su patrimonio inmobiliario de sus oficinas en todo el país.

• Finalmente, se vulnera su autonomía normativa, al buscar que sólo pueda emitir reglas en los temas explícitos en un numeral de la Constitución, que enlista resultados preliminares, encuestas, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales. Esto claramente contradice la naturaleza de una institución que debe de adaptar la ley a cada elección y por tanto emitir acuerdos, lineamientos, reglamentos que sean necesarios y de su competencia. En este rubro, a pesar de que la Constitución lo menciona, se busca desaparecer de facto el programa de resultados electorales preliminares.

El cuestionamiento que ha surgido en torno a este segundo apartado es si se pone en peligro la celebración de las elecciones. Aun si la respuesta fuera negativa, las elecciones en México cambiarán indudablemente su operación y se convertirán en procesos menos ágiles, menos eficaces, menos incluyentes menos transparentes, menos cercanos y probablemente con resultados muy distintos.

El tercer tema, dedicado a la justicia electoral, contiene también algunos elementos de racionalidad no menores, pero sin caer en la posición radical que se propone para las autoridades administrativas. Se le intenta condicionar también su funcionamiento al restringir que toque la autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, lo que contraviene también la naturaleza de “máxima autoridad jurisdiccional” que la Constitución establece para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su artículo 99.

El Tribunal en las últimas décadas no ha sufrido mayores cambios en las leyes que lo condicionan, y ha crecido en su burocracia y funciones, generando un fenómeno de hiperlitigiosidad, en donde todo puede ser decidido mediante impugnaciones legales. Modernizar su estructura, simplificar su funcionamiento tiene sus ventajas, pero debe de hacerse a partir de un diagnóstico detallado y que cuente con la participación de expertos y funcionarios judiciales.

El futuro inmediato

La historia de esta reforma aún tiene capítulos por escribir. Por una parte, en el horizonte inmediato, la reforma se juega en complejos equilibrios políticos. Lo que el Senado de la República, con Ricardo Monreal a la cabeza, pueda llevar a cabo depende de los argumentos que esgrima para discutir y mejorar la propuesta y la tolerancia del presidente López Obrador. Monreal sabe que su futuro político, en buena medida, depende de lo que logre realizar en este escenario, ya sea fortaleciendo su eventual candidatura presidencial o quedando abandonado por la bancada morenista.

La historia de esta reforma aún tiene capítulos por escribir. Por una parte, en el horizonte inmediato, la reforma se juega en complejos equilibrios políticos. Lo que el Senado de la República, con Ricardo Monreal a la cabeza, pueda llevar a cabo depende de los argumentos que esgrima para discutir y mejorar la propuesta y la tolerancia del presidente López Obrador. Monreal sabe que su futuro político, en buena medida, depende de lo que logre realizar en este escenario, ya sea fortaleciendo su eventual candidatura presidencial o quedando abandonado por la bancada morenista.

Hugo A. Concha Cantú. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Twitter: @HugoAConcha.

Con información de: NEXOS