• ARTICLE 19 presentó solicitudes de información y recursos de revisión relativos a 34 declaraciones del presidente López Obrador.
• Solamente dos de las declaraciones fueron respaldadas plenamente por información pública.
• La información proporcionada por la administración pública federal muestra que 9 declaraciones son falsas.
• En 58.8% de los casos, las instituciones no presentaron información que permita comprobar la veracidad o falsedad de los dichos del presidente y en 26.5% se corroboró que la declaración fue falsa

 El eje de la comunicación social del actual gobierno federal se ha centrado en la figura del presidente de la República quien, mediante conferencias de prensa diarias y discursos en actos públicos, se posiciona directamente sobre los temas que considera prioritarios.

A lo largo de este sexenio, el gobierno federal ha señalado que dichas conferencias de prensa son espacios de transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, las declaraciones de funcionarios/as públicos/as, no sustituyen a los procesos formales de acceso a la información.

A lo largo de dos años, ARTICLE 19 presentó 84 solicitudes de información y 22 recursos de revisión relativos a 34 declaraciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador entre 2019 y 2022.  Las declaraciones las agrupamos en siete ejes temáticos: Corrupción (tres declaraciones); Economía (nueve declaraciones); Covid-19 (tres declaraciones); Organismos autónomos (cuatro declaraciones); Programas sociales (tres declaraciones); Seguridad (nueve declaraciones) y Otros asuntos (tres declaraciones).

En cada caso citamos la declaración realizada por el presidente López Obrador, indicamos tanto la fecha, como el contexto en la que esta fue emitida y solicitamos la información pública que la sustentara. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes:

• Solamente dos de las 34 declaraciones (5.6%) fueron respaldadas con información pública.
• Una de las declaraciones (2.9%) presentaba información verificable, pero se omitieron datos para situarla en su justo contexto.
• En dos casos (5.9%) se empleó información de manera engañosa.
• En 20 casos (58.8%) ni la OPR ni otras instituciones de la Administración Pública Federal presentaron datos que permitieran comprobar la veracidad o falsedad de los dichos del presidente.
• La información pública proporcionada por las propias instituciones demuestra que nueve de las declaraciones (26.5%) fueron falsas.

Cuando una figura tan relevante como lo es la Presidencia de la República difunde información falsa o que no está sustentada en datos oficiales, se genera un profundo efecto negativo en la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión, pues se perjudica el derecho de las personas a estar informadas y a ejercer otros derechos.

Este efecto negativo se maximiza cuando la desinformación se genera en espacios que, de inicio, deberían tener una vocación informativa, como lo es una conferencia de prensa, un anuncio público oficial o la presentación de un informe de gobierno.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, en el ejercicio de su libertad de expresión, las y los funcionarios públicos “están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad del que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos”.[1]

Asimismo, en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas, Desinformación y Propaganda se establece que “los actores estatales no deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir de otro modo declaraciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas (desinformación) o que muestran un menosprecio manifiesto por la información verificable (propaganda).”

Los resultados obtenidos en esta investigación concuerdan con los datos que ARTICLE 19 ha documentado en sus últimos informes anuales: el gobierno federal ha desplegado una estrategia de desinformación dentro de su política de comunicación social, la cual se acompaña de la cancelación efectiva de los procesos legales de acceso a la información, así como del ataque a voces críticas, a las que identifica como adversarias.

[1] Véanse: Corte IDH (2008). Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 5 de agosto de 2008, Serie C, núm. 182, párr. 131. También: Corte IDH (2009). Caso Ríos y otros vs. Venezuela, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 28 de enero de 2009, Serie C, núm. 194, párr. 139; y Corte IDH (2009). Caso Perozo y otros vs. Venezuela, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 28 de enero de 2009, Serie C, núm. 195, párr. 151.

Fuente: Article 19

*Este viernes 10 de marzo de 2023 se cumplen 100 días del gobierno de Salomón Jara Cruz, quien en el discurso reiteradamente ha dicho que es aliado de las mujeres y que su gobierno busca erradicar la violencia en contra de ellas; pero en los hechos ha hecho caso omiso a los reclamos de mujeres que han denunciado que en su gabinete hay violentadores. *“El gabinete lleno de violentadores, el hombre que me golpeó en múltiples ocasiones y amenazo con machetearme y rociarme ácido es el coordinador de delegados de paz, da una impotencia y por su puesto de todo esto tiene conocimiento Jesús romero y Karina Baron”, el tuit de una de las víctimas de Donato Vargas.

 La falta de justicia y la constante violación a sus derechos humanos obligó a Martha Aracely Cruz, activista oaxaqueña a denunciar públicamente a su agresor por violencia familiar, Donato Vargas, quién a 100 días del gobierno de Salomón Jara Cruz, fue premiado con el cargo de Coordinador de Delegados de Paz del gobierno morenista.

“De paz no tiene nada” exclama la mujer al narrar que durante los años que fue pareja del funcionario oaxaqueño, su vida estuvo sumergida en la violencia y amenazas constantes de que la mataría o bien arrojaría ácido.

A Donato Vargas también lo acusan de ser el creador de un chat XXX donde se compartían fotografías de mujeres mixes de Oaxaca, pero nada de estas acusaciones sirvieron, al contrario recibió un cargo público donde lo que resalta es La Paz.

Enojada y consternada, la mujer de 42 años de edad narró y visibilizó los diversos episodios, momentos y espacios que vivió violencia de parte del ahora coordinador de Paz, un puesto que aseguró no le queda ejercer por sus antecedentes de violencia.

“Por qué todo el tiempo siempre me tienes que agredir, todo el tiempo me estás insultando, me estás denigrando, o sea, ya basta!!!, le dije y me dio uno con el puño en la cara.

“Y me tiró al piso del estacionamiento del hotel Casa Regina -en Xaaga-, que es de de ladrillo; me tiró, agarró la maleta y me la aventó en el estómago, quise incorporarme y me agarró de la mano y me azotó otra vez.

“Empezó a patearme hasta que vino su primo y le dijo: ya, tranquilo. Yo estaba en el piso muyyyy lastimada”.

“Me dijo: si me denuncias, si se te ocurre hacerme algo, te voy a machetear, voy a ir hasta tu casa y te voy a machetear y te voy a echar ácido.

“Yo estaba llorando, me dolía mi corazón y me dolía mi cuerpo. Y me decía ¿por qué permito que me haga esto?, narra Araceli entre lágrimas.

Esta es solo una pequeña parte de uno de los tantos episodios de violencia que Araceli Cruz denuncia haber sufrido durante su relación de varios años con Donato Vargas Jiménez.

Araceli es originaria de la región Mixe y estudió en la Ciudad de México donde logra trabajar en el Banco de Desarrollo después de realizar una maestría en Desarrollo (en España). Hizo especialización en política pública y gubernamental. Estuvo en la Cepal.

Pero deseando hacer más por su tierra regresó en 2013 a Oaxaca.

Es entonces que se encuentra a Donato, quien la sedujo y con engaños más tarde abusó sexualmente de ella tras haberla alcoholizado.

Pese a ello y con la esperanza de que Donato la ayudara a ejecutar un programa social en la región Mixe, Martha Araceli sigue con él y cae en el círculo de la violencia.

En una ocasión, cuando ella le dijo que se iba a la Ciudad de México a trabajar porque en Oaxaca no había oportunidad, Donato la convenció de que no aceptara la oportunidad.

“Porqué no organizas una cena con tu mamá, porque voy a pedir tu mano”, me dijo antes de irse a Estados Unidos con Benjamín Robles y Karina Barón a una gira.

Pero mi familia me dijo que “iba muy rápido”, que lo pensara y cancelé la boda, pero seguí con él en Oaxaca.

Es entonces que me empieza pedir dinero “prestado”.

“Sabes, necesito entregarle pintura a unas autoridades, ¿tienes dinero que me prestes? Y pues yo, como éramos novios e íbamos a casarnos, pues le presté 50 mil pesos.

Él siempre se paraba el cuello con lo que yo le daba.

Después me dijo que no iba a poder pagarme en efectivo y me dijo que mejor le hiciera un estudio de costo beneficio y de ahí podría pagarme.

Así fue como empezó a pagarme, con obras. De una bolsa de 4 millones que traía Benjamín Robles, de ahí me dio mi primera obra, en “Matagallinas”.

“Con esa obra sufrí mucho. Al final, no recuperé casi nada; me pagaron hasta casi un año después. En ese ínter me entero que Donato es casado.

“Cínicamente me dijo: Pues qué quieres, soy casado y tengo hijos”, y ya me debía dinero.

Después me entero que salía con otra mujer y le reclamo y le exijo mi dinero.

“Pues hazle como quieras, pero si te vas pierdes tu dinero. Además, no es cuando tú quieras, sino cuando yo quiera”, dice Araceli entre sollozos al reconocer ahora la violencia.

No denuncié porque él me daba pavor; además, no conocía a nadie más. No me fui, me quedé, lamenta.

Empezó a llevarme a los municipios, a llevarse mi vehículo. La primera vez que me pegó fue en el 2015, se alcoholizaba, y me pegaba y si le reclamaba se ponía más violento, me pateaba, golpeaba el carro, sus guardias tenían que controlarlo.

Así también conocí a Jesús Romero y a Karina Barón. Con sorna, Jesús me preguntaba: ¿Cómo te ha tratado Donato? Y no dije nada, pero Jesús sabe cómo es él, y Karina también sabe, y todos saben.

Araceli reitera que siempre que la golpeaba, donde fuera, incluso en la calle y lugares públicos, Donato Vargas la amenazaba con matarla si lo llegaba a denunciar, y en los siguientes días a las palizas le hablaba para pedirle disculpas.

En una ocasión la golpeó dentro de su coche que estaba estacionado por el Centro de Convenciones porque Donato iba a entregar paquetes de leche con Benjamín Robles y fueron a recogerlos a una oficina que tiene por ese lugar.

Ella se baja del coche y Donato la sigue golpeando en la calle, delante de sus guardias, hasta que llega Crisóforo Gallardo, su cuñado, y quien fue testigo de múltiples golpizas. Actualmente Crisóforo trabaja con Donato en el gobierno.

Araceli no sabía entonces, pero tenía un embarazo de cuatro semanas.

Dos semanas después de la paliza, Donato se entera del embarazo y le pide que aborte, pero ella se niega; sin embargo, por la golpiza ella pierde al bebé y Donato también la deja sola en ese proceso.

Ella mantiene la relación varios años más en los cuales le sigue “prestando” dinero y recibiendo golpizas.

“Deberían de investigar cómo se ha hecho de una mansión en Los Audelos, de plantíos de agave. ¿Cómo se ha hecho de dinero si él no ha trabajado?, cuestiona.

Las violencias y problemas se agravaron cuando Araceli decidió entrar a la política, pues Donato no se lo permitió a pesar de que era ella quien hacía todos los proyectos y ponía el dinero.

“Fue así y se fue haciendo una bola de nieve impagable para él, porque decía te voy a dar obra, pero ya no había obra porque se pelearon con Benjamín Robles.

“Y yo empecé a mantener el movimiento de ellos (Donato y Jesús Romero) en el 2018, porque me quedé como asesora de dos municipios. Cuando había movilización, yo tenía que mover gente, y así”, cuenta.

A pesar de que intentaba dejar la relación, Donato la convencía y volvía con él.

En ese tiempo también descubre que Donato recibía fotos de mujeres desnudas y las empezó a difundir, pese a que le reclamó esa acción y que por lo mismo también la agredió. (Grupo Sierra XXX).

En la pandemia se da cuenta de que vuelve a quedar embarazada pero también de que Donato seguía “conquistando” mujeres.

Ella sigue trabajando y haciendo viajes a la región Mixe para ver sus obras, pero sin nadie que la ayude. En ese tiempo sufre una complicación en su embarazo y al final pierde a su bebé, sin recibir ni siquiera apoyo moral de su pareja, quien se encontraba con otra mujer.

Ese fue el punto que Araceli ya no pudo soportar y, por fin decide dejar a Donato.

Y tras las terapias psicológicas y de acompañamiento, Martha Araceli decide rompe el silencio, especialmente cuando sabe que el gobernador Salomón Jara Cruz le da un cargo en su administración.

Por la violencia que enfrentó, Araceli interpuso una denuncia en la Fiscalía General de Justicia que se encuentra en la carpeta 40841/UDVF/2022.

El testimonio de Araceli no es el único, existen varios más de otras mujeres que ha sido violentadas por Donato.

Donato Vargas Jiménez fue ungido por el gobernador Salomón Jara como titular de la Coordinación General de Atención Regional.

También lo ha nombrado “Coordinador de Paz para la región Mixe”,  ello pese a que el grupo Red Mariposas de Mujeres Mixes denunció públicamente las acciones del hoy funcionario estatal.

Apenas la noche de este jueves 9 de marzo, un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el mandatario estatal dijo en el programa “Jueves de Gozona”, entre el minuto 47 y el minuto 50:

A continuación, algunas de los cientos de acusaciones públicas en contra de Donato Vargas por la violencia de género que ejercido durante años.

Acusaciones

3 de 3

En 2020, el Ejército usó el software Pegasus para espiar al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, quien acompañaba el caso de la ejecución extrajudicial de tres personas ocurrida ese año en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El titular de la Sedena fue informado tanto del espionaje como de sus resultados, revela una investigación.

Un informe del Centro Militar de Inteligencia (CMI), un área secreta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirma que en 2020, ya en este sexenio, el Ejército espió al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos con el sistema Pegasus.

El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, recibió la información derivada de ese espionaje, como consta en dicho informe elaborado en 2020 por su subalterno directo Homero Mendoza Ruiz, entonces director del Estado Mayor de la Defensa, y el subjefe de Inteligencia, Conrado Bruno Pérez. 

La Sedena utilizó la información obtenida con el espionaje para influir en la investigación que la Policía Ministerial Militar realizaba sobre la ejecución extrajudicial de tres jóvenes, presuntamente cometida por militares el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha acompañado casos de violaciones a derechos humanos desde hace 20 años, sobre todo a raíz de la llamada “guerra contra el narco” emprendida por Felipe Calderón, cuando las Fuerzas Armadas comenzaron a hacer labores de seguridad pública que derivaron en el uso excesivo de la fuerza y ejecuciones. La más reciente situación ocurrió el 26 de febrero pasado, cuando siete jóvenes fueron atacados por militares y cinco de ellos murieron; Ramos también acompaña este caso.

El Ejército espía

El reporte del espionaje de 2020 fue elaborado por el Centro Militar de Inteligencia, una estructura secreta dentro del Ejército que —según documentos internos— obtiene información a través de “medios cerrados”, y tiene personal especializado e infraestructura tecnológica dedicada a “procesar y obtener información sensible sobre los temas que sean del interés del Alto Mando”, es decir, del secretario de la Defensa. 

El CMI es, además, el “usuario final”, del servicio del “monitoreo remoto” contratado por la Sedena a la empresa Comercializadora Antsua, la única proveedora del software Pegasus en México, como se advierte en el oficio número SGE-3335 de la Sedena, donde se informa sobre las facturas de pago.  

La información sobre el CMI y el reporte de inteligencia revelados en esta investigación, realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, fueron obtenidos entre los millones de archivos de la Sedena hackeados por el grupo Guacamaya en octubre pasado. 

El reporte de inteligencia tiene como asunto: “Informar las actividades de Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A. C. para desprestigiar a las Fuerzas Armadas con fines de lucro y en beneficio del Cártel del Noreste”. 

Aunque Ramos ha acompañado casos de víctimas de violaciones de derechos humanos y en ese momento asesoraba a las familias de los jóvenes asesinados en Nuevo Laredo en 2020, el Ejército intentaba criminalizarlo, pues en el reporte asentó que “Ramos Vázquez mantuvo una relación de amistad con Ana Isabel Treviño Morales, ‘La señora’, hermana de Miguel Ángel Treviño Morales, ‘Z-40’, y Óscar Omar Treviño Morales, ‘Z-42’”. 

En tanto, en la sección de “información”, los mandos reportaron el contenido de seis conversaciones por aplicación de mensajería y llamadas telefónicas que Ramos tuvo con tres periodistas entre julio y agosto de 2020, y en las que hablaron sobre la ejecución extrajudicial ocurrida días antes en Nuevo Laredo. 

El documento remata con el apartado “recomendación”, en la que sugiere que “este producto de inteligencia se proporcione con carácter de confidencial a la Policía Ministerial Militar para que sirva como elemento de juicio para su investigación, sin agregarse a la carpeta de investigación”, según se lee en reporte elaborado por el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Homero Mendoza Ruiz.

Se trata de la última pieza que confirma el espionaje en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador perpetrado por el Ejército en contra de un defensor de derechos humanos, pese a que la Sedena no tiene facultad legal alguna para hacerlo. Esto significaría una intervención ilegal de las comunicaciones, prevista como delito en el Código Penal Federal. 

En octubre pasado, R3D, Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso revelaron que la Sedena compró el sistema para “monitoreo remoto” a la empresa Comercializadora Antsua, la única proveedora de Pegasus en México, en 2019.

También, que los teléfonos celulares del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el periodista y escritor Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político fueron infectados con el software Pegasus entre 2019 y 2021, como confirmó el análisis forense hecho por Citizen Lab. En los tres casos, las personas espiadas investigaban temas relacionados con violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por el Ejército.

Al conocer la información en octubre pasado, el presidente López Obrador negó que su gobierno espiara a civiles y, en cambio, aseguró que la Sedena realizaba actividades de inteligencia. 

Los medios participantes en esta investigación enviaron cuestionarios a la Presidencia y a la Sedena sobre las nuevas pruebas que confirman el espionaje, pero no hubo respuesta.

El secretario de la Defensa lo avaló 

El reporte de inteligencia fue elaborado por el CMI, de la Subjefatura de Inteligencia perteneciente al Estado Mayor de la Defensa y que se encuentra ubicado en el Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México. 

El documento tiene el título “Para atención de la Superioridad”, lo cual significa que está dirigido a Luis Cresensio Sandoval pues, en la estructura jerárquica de la institución, el Estado Mayor depende directamente de él. 

El reporte, considerado como “secreto”, tiene la fecha de “agosto de 2020”, pero según los metadatos, el archivo fue creado el 2 de septiembre a las 6:55 de la tarde con el nombre “2 Sep. 2020-TJTA 2001-6861 Actividades Raymundo Ramos”. 

Esa fecha coincide con la reunión que el secretario de la Defensa encabezó ese mismo día, a las 8:00 de la noche, con el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, Homero Mendoza Ruiz; el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Miguel Carrasco Hernández, y el comandante de la Policía Militar, para tratar “el asunto: Nuevo Laredo, Tamaulipas”, según se asienta en la agenda del secretario encontrada en los archivos hackeados. 

Minutos después, a las 8:47 del mismo 2 de septiembre, el reporte de inteligencia fue enviado entre dos cuentas de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor, entonces a cargo del mayor Conrado Bruno Pérez, ahora comandante de la 45 Región Militar en Nogales, Sonora.

El CMI es un área desconocida públicamente e, incluso, no está integrada en la estructura burocrática de la Sedena en sus reglamentos internos. Pero documentos encontrados en los archivos hackeados confirman que se encarga de “administrar y operar la infraestructura tecnológica del Sistema de Inteligencia Militar para obtener y procesar información sensible sobre los temas que sean de interés del Alto Mando”.

Su misión, según se informa en una presentación de PowerPoint de mayo de 2021, es “aportar productos de inteligencia que se generan de la información obtenida en medios cerrados”, a la Subjefatura de Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa, es decir, la información no proviene de fuentes abiertas, como estadísticas o datos en poder de instituciones públicas, sino de intervenciones de comunicaciones privadas. 

Incluso, ubica como “amenazas” la “fuga de información” o que “se evidencie ante la opinión pública las actividades que se realizan en este Centro; e indiscreciones que pueda realizar el personal militar que participa en las operaciones”, como se asienta en el “Análisis FODA del CMI”, también obtenido en los correos hackeados. 

Supuestamente, el Ejército hace inteligencia para combatir al crimen organizado, pero está confirmado que espió al defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, aun cuando la institución no tiene ningún marco legal para hacerlo, pues ni la Ley de Seguridad Nacional ni la Ley Orgánica de la Sedena le permiten intervenir comunicaciones de civiles; por eso es que, aun cuando la dependencia lo solicitara ante un juez, este no podría otorgarlo. 

Incluso, no hay información oficial que confirmara un proceso legal para hacer tal seguimiento contra Ramos, pues la Sedena “no localizó” entre sus archivos ninguna solicitud de intervención de comunicaciones ante el Poder Judicial que hubiera realizado entre enero de 2018 y mayo de 2022, según respondió a la solicitud de información con folio 33002642001754. 

De acuerdo con el más reciente análisis forense hecho por Citizen Lab, del 4 de marzo de 2023, el teléfono de Ramos fue infectado con Pegasus entre el 16 y 18 de agosto y el 18 y 19 de agosto de 2020, periodo en el que El Universal hizo pública la presunta ejecución de tres jóvenes en Nuevo Laredo. 

Esto se suma al análisis hecho el año pasado, en el que había detectado la infección en tres fechas más: el 28 de agosto y el 2 y 3 de septiembre de 2020. 

En ese periodo, el periódico publicó información sobre las autopsias de tres civiles y un video que desmintieron la versión oficial de la Sedena sobre el enfrentamiento en el que hubo “12 agresores reducidos”, según informó en el comunicado de prensa 017/8ZM/2020. En realidad, tres de los jóvenes asesinados habían sido secuestrados y sus familias estaban siendo apoyadas por Ramos en el proceso de denuncia ante la fiscalía estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el apartado titulado como “información”, se da cuenta del resultado del espionaje, con la información sobre seis comunicaciones telefónicas de Ramos con tres periodistas, cuyos nombres se reservan debido a que solicitaron que no sean publicados. 

“El 14 y 15 de julio, Ramos envió a una periodista una publicación de Twitter y un comunicado de prensa sobre la muerte de 3 civiles atribuida a militares, sin que la comunicadora le tomara importancia”, dice el documento.

“El 17 de agosto de 2020 envió a un periodista del periódico El Universal, un video sobre la agresión del 3 de julio de 2020, para su edición y posterior difusión, dejando pendiente la probable entrevista a Ramos Vázquez y publicación, para retomar otras 5 quejas que ha interpuesto en contra de las autoridades que no han sido atendidas y difundidas por los medios de comunicación”, dice el reporte de la Sedena.

En el siguiente punto, mencionan otra comunicación con una periodista del equipo de Denise Maerker de Televisa, del 18 de agosto de 2020, donde “reprochó la primicia al Universal y le pidió los testimonios de los familiares de las supuestas víctimas, indicando que dijeran que a su hijo lo habían secuestrado antes; Ramos Vázquez envió un video donde se aprecia la autopsia que se hace a los cuerpos de los sicarios reducidos” (sic).

Dicha comunicación ocurrió a través de una llamada telefónica, afirma Ramos, mientras que las restantes ocurrieron a través de aplicaciones de mensajería. 

La Sedena también reportó el mensaje entre Ramos y la periodista de Televisa, en el que le envía “imágenes de la denuncia interpuesta por Raúl Tercero, por la supuesta muerte de su hijo Damián Genovés Tercero” (sic). Esta comunicación fue realizada mediante la aplicación de mensajería Telegram, que aún pudo ser rastreada en el equipo telefónico y que Raymundo Ramos mostró para esta investigación.

En el último punto, se expone que el 26 de agosto de 2020 Ramos envió a un periodista y colaborador del diario español El País las declaraciones del personal militar que participó en los hechos del 3 de julio.

Sedena compró Pegasus 

La Sedena contrató el servicio de “monitoreo remoto” en 2019 a la empresa Comercializadora Antsua, única compañía con autorización para vender Pegasus en México, como lo advierte el oficio SGE-3335 del 18 de enero de 2020, en el que el Estado Mayor da cuenta del pago del contrato DN-10SAIT-1075/P/2019 del 12 de abril de 2019. 

El oficio marcado como “secreto” está dirigido al secretario de la Defensa, por lo que el titular también fue informado de esta compra y, además, se advierte que el CMI es el “usuario final” del servicio, la misma área que —ahora se sabe— elaboró el reporte del espionaje contra Ramos. 

El software Pegasus, desarrollado por la empresa NSO Group, solo es vendido a gobiernos para investigar delitos graves e incluso terrorismo debido al poder de dicho sistema, capaz de obtener toda la información de un teléfono celular como mensajes, archivos, llamadas telefónicas; incluso, el micrófono y la cámara pueden ser activados. 

El sistema había sido adquirido en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para intervenir los teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos, como quedó demostrado en las investigaciones periodísticas llamadas #GobiernoEspía. 

La investigación expuso la red de empresas a las que la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Sedena compraron Pegasus durante el sexenio pasado. Se trata de Proyectos y Diseños VME, KBH Track y Air Cap. 

Incluso, Aristegui Noticias reveló las facturas de pago realizadas a dichas empresas, entre las que se encuentra el comprobante de 1 millón 113 mil dólares de la Sedena a la empresas Proyectos y Diseños VME por el servicio de “monitoreo remoto”, en 2016, el mismo servicio establecido en el contrato de 2019, ya en el sexenio de López Obrador. 

Mientras, en la investigación #EjércitoEspía, publicada en octubre pasado, se sumó otra prueba: la carta de directivos de NSO Group en la que informaron a la Sedena que a partir de enero de 2018 Air Cap dejaría de ser la empresa representante para la venta de Pegasus en México y en su lugar estaría Comercializadora Antsua. 

A dicha empresa la Sedena le pagó al menos 140 millones de pesos en 2019, de acuerdo con información oficial sobre el pago a proveedores localizado entre los correos hackeados a la dependencia. 

La ejecución extrajudicial

El presidente López Obrador ha repetido que en su gobierno no habría ejecuciones extrajudiciales —“ya no hay el mátenlos en caliente”—, en referencia a hechos ocurridos en el sexenio de Peña Nieto, como la matanza ocurrida en Tlatlaya, Estado de México, cometida por miembros del Ejército.

Sin embargo, el 3 de julio de 2020, durante un enfrentamiento en la colonia Fraccionamiento Los Fresnos, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrió una ejecución extrajudicial contra tres civiles, luego del enfrentamiento entre militares y personas con ropa de camuflaje, presuntamente integrantes del crimen organizado.

En el enfrentamiento murieron 12 personas, pero tres de ellas en realidad eran víctimas de secuestros pues se encontraban atadas de pies y manos y vestían ropa casual.

El periódico El Universal publicó el 14 de julio de 2020 que dos jóvenes eran civiles que presentaban un disparo en el tórax accionado de arriba hacia abajo y el tercero recibió un disparo en el cráneo a uno o tres metros de distancia.

El 24 de agosto, el mismo medio publicó el video en el que se observa que los militares fueron agredidos a tiros y su respuesta, pero una vez que el fuego cesó, cuando se acercaron a una de las tres camionetas que los atacaron, un militar gritó “¡Está vivo, está vivo!”, mientras otro respondió “¡Mátalo, mátalo, a la verga!”.

Durante la investigación del caso por parte de la CNDH, uno de los militares que participaron en el hecho reconoció que gritó “mátenlos a la verga, pero fue por el momento y la adrenalina que todos teníamos ya que habíamos sido víctimas de una agresión y seguían reportando por radio que se regresaron un chingo de camionetas…”, y agregó que no se percató de personas vestidas de civil, ya que la visibilidad era escasa. 

La intervención de la CNDH ocurrió luego de que familiares de las víctimas denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte del personal militar en una queja presentada ante el organismo el 9 de julio de 2020, proceso en el que estuvieron acompañados por el defensor Raymundo Ramos.

Por el caso, hubo nueve carpetas de investigación iniciadas por fiscalía estatal, FGR y Fiscalía Militar, además de un procedimiento administrativo de investigación iniciado por el OIC en la Sedena.

La Sedena tuvo acceso a la información de la carpeta de investigación iniciada en la delegación de la FGR en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como consta en la tarjeta informativa número 14306 “Para atención de la Superioridad”, en la que informa el contenido de la declaración del tío de una de las víctimas, quien presentó un video almacenado en una memoria USB, para integrarlo a la investigación.

El reporte de la Sedena resumió así parte de la declaración del familiar de la víctima: “En el estacionamiento de la FGR se encontraba un vehículo de Sedena y como no tenía dinero para los trámites de la sepultura de su sobrino, se acercó a un soldado para solicitarle apoyo económico, quien le proporcionó un billete de $20 enrollado, en el cual en su interior contenía un dispositivo USB”.

El militar le habría dicho: “Este USB te va ayudar mucho. Te lo doy porque no estoy de acuerdo con lo que hicieron mis compañeros, solo vengo por 10 días de apoyo a esta ciudad, a nosotros nos cambian seguido”.

Por lo tanto, la ficha informativa realizada también por el CMI concluyó que “es muy probable que los familiares de las tres personas que vestían de civil y que presuntamente fallecieron en el evento, hayan proporcionado al periódico El Universal el video difundido, bajo el asesoramiento de Raymundo Vázquez Juárez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas”.

El 3 de julio de 2020, la Fiscalía Militar inició la carpeta de investigación 6, a partir de la denuncia interpuesta por uno de los elementos en contra de quien resultara responsable, la cual fue remitida al Sector Central de la Fiscalía Militar para su determinación.

De ahí que el reporte de espionaje contra Raymundo Ramos refiere que la información sea tomada en cuenta, pero sin integrarla en dicha carpeta de investigación.

En tanto, las investigaciones de la CNDH con base en la necropsia a las víctimas determinaron que “el disparo de arma de fuego ocurrió a una distancia mayor del rango comprendido entre 70 a 90 centímetros”, y que los jóvenes no accionaron ningún arma.

El 13 de diciembre de 2021, la CNDH emitió la Recomendación 90/2021 en contra de la Sedena, en la que concluye que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de personal castrense. Sin embargo, hasta el momento ningún militar ha sido sancionado por esos hechos. 

CON INFORMACIÓN DE ANIMAL POLÍTICO

López Obrador, por negligencia propia y una inexplicable simpatía hacia los cabecillas de los cárteles de las drogas y del crimen en general, pone en riesgo la soberanía del país.

OPINION: PABLO IRIART

El que todos los días se ostenta como el defensor de la soberanía nacional, ahora tiene a México en peligro de una intervención extranjera.

López Obrador, por negligencia propia y una inexplicable simpatía hacia los cabecillas de los cárteles de las drogas y del crimen en general, pone en riesgo la soberanía del país.

Su principal tarea es cuidar la soberanía de México, y por su equivocada política hacia el narcotráfico ha entregado parte del control del país a los grupos criminales.

Eso es inaceptable para los mexicanos, y también lo es para el vecino del norte. Fue la palabra que utilizó la Casa Blanca respecto del secuestro de dos ciudadanas y dos ciudadanos estadounidenses en Matamoros.

Ayer fueron encontrados muertos dos de ellos; uno más herido y el otro salvó la vida.

El país se despedaza en manos de grupos criminales que contaron con cuatro años de tolerancia y abrazos de parte del presidente de la República.

¿Van a entrar marines a destruir laboratorios de fentanilo en México? No lo sabemos. Por desgracia, no se puede descartar. También dependerá de quien gane las elecciones en Estados Unidos el próximo año.

Hasta ahora Estados Unidos ha dejado pasar todas las agresiones de AMLO, su intromisión en la política interna de ese país al apoyar en persona la reelección de Donald Trump, sus ataques a la democracia liberal, la simpatía del partido gobernante con Vladímir Putin, y la defensa de dictaduras latinoamericanas.

Todo sea por tener estabilidad en el país vecino. Esa ha sido siempre la prioridad de Washington. Un México estable.

Igual hicieron con Mobutu en Zaire por tres décadas. Toleraron incluso que se volviera loco, con tal de que garantizara estabilidad en el país más grande de África subsahariana. Hasta que dejó de ser funcional.

El gobierno de México ya no garantiza estabilidad.

AMLO tiene el poder, pero no el control.

La frontera de Tamaulipas con Texas pertenece a Los Zetas.

Con el narco empoderado, dominio territorial, simbiosis de grupos criminales con el partido gobernante en varias entidades, el gobierno mexicano está en el ojo del huracán.

El daño causado por el Presidente al haberlos hecho sus compadres, a los narcos, no se puede reparar en el año y medio que le falta.

Recorre Estados Unidos la idea de que en el sur de la frontera florece un narco-Estado.

Y aquí el Presidente comete dos errores, en perjuicio de México.

El primero es tener a la población polarizada, enfrentada entre sí.

A diario fomenta la discordia entre mexicanos.

Y las intervenciones se han dado cuando hemos estado divididos.

La división interna dio como resultado la pérdida de la mitad del territorio nacional.

Otra intervención la tuvimos en la época revolucionaria, con Huerta en la Presidencia.

¿Para allá vamos?

El segundo error del Presidente en la estrategia para defender la soberanía ha sido envolverse en la bandera en lugar de atacar las causas por las cuales se puede desencadenar una agresión a México.

No es necesario leer la prensa estadounidense o la mexicana para ver el empoderamiento del narco en nuestro país. Basta con aventurarse en alguna carretera para saber que estamos en peligro.

Ayer dijo AMLO que no permitiría que países extranjeros intervengan en asuntos nacionales, y que él no iba a entrar a Estados Unidos a perseguir a las mafias que distribuyen fentanilo.

¿Cómo va a impedir que otros países intervengan en los asuntos mexicanos, si el gobierno de México interfiere en los asuntos domésticos de otros?

E interviene para apoyar las dictaduras de Nicaragua y Venezuela.

Interviene para apoyar un golpe de Estado en Perú.

Respaldó, con su solitario rechazo a condenarlo, el intento de golpe de Estado de Trump el 6 de enero de 2021.

Y fuimos el último país en reconocer el triunfo de Joe Biden.

Vivimos junto a un imperio. Lo sensato es aprovechar las oportunidades que ello representa, y tener la casa en orden, unida.

El Presidente ha hecho todo lo contrario.

Y ahora que pierde el control del país a manos de los que abrazó y dio trato privilegiado, los narcos, amaga con la peligrosa huida hacia adelante: la culpa es de los gringos, de los conservadores, la prensa…

AMLO confunde la soberanía nacional con el líquido negro y viscoso que se llama petróleo.

Confunde la buena disposición de Biden con debilidad ante él.

Confunde a los narcos con el pueblo bueno.

Confunde a sus gobernados, que somos todos, con leales y enemigos que conjuran contra él.

Estados Unidos entra en un proceso de sucesión presidencial, y México será el tema. Migración y narcotráfico.

Y la actitud de nuestro presidente le deja cada vez menos espacios a Biden para cubrirnos ante republicanos, demócratas y la opinión pública de su país.

Sí, México está en peligro.

FUENTE: EL FINANCIERO

Un grupo de legisladores y políticos han exigido a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que cese sus ataques contra la ministra Norma Piña. Esto se debe a los recientes comentarios del Presidente.

Los críticos argumentan que estos ataques son inapropiados y desacertados, ya que no sólo ponen en tela de juicio la integridad profesional e institucional de Norma Piña, sino también su reputación personal y la integrida física de la ministra. Además, afirman que AMLO ha usado su posición para intimidar a otros funcionarios gubernamentales y socavar así el principio básico del Estado mexicano: respeto a las leyes.

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que pare los ataques contra la presidenta de la Corte, Norma Piña, el Poder Judicial y demás instituciones del país, porque la violencia verbal puede generar agresiones físicas.

“Mi plena solidaridad con la ministra presidenta, con la Suprema Corte de Justicia, con el Poder Judicial, con el resto de los poderes y órganos de autonomía Constitucional que una y otra vez ha denigrado o intentando denigrar el Presidente de la República, ya párele, Presidente.

“Presidente López Obrador: usted debe cuidar lo que dice. No es Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que lo es como ser humano, pero usted tiene la investidura, tiene la responsabilidad de ser el Presidente de todos los mexicanos. Ya párele, ya no se pase Presidente”, manifestó Creel en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Creel demandó a López Obrador parar sus expresiones contra Piña y el Poder Judicial, luego de que circuló en Twitter una imagen de la ministra y una bala, y de que el Presidente dijo este jueves que es indudable que seguía la corrupción en el Poder Judicial.

“¿A dónde quiere llegar? ¿Que alguna de sus huestes transgreda auténticamente la violencia verbal y llegue a la violencia física? ¿Es lo que usted quiere? ¿Quiere provocar eso? Yo le pido que se tome unos minutos y vea las redes sociales, lo que están provocando sus declaraciones entre mexicanos.

“Acabamos de tener el Día de la Bandera. Usted mismo lo dijo, que la bandera era identidad y unión de todos nosotros. Respétela, Presidente, respétela. Esto no es un juego. Esto es la vida institucional de la República, respete a los Poderes”, remarcó Creel, dirigiéndose directamente al primer mandatario.

Señaló que es reprobable que el Presidente de la República no respete la relación entre Poderes, independientemente de la opinión que haya de quienes puedan integrar un Poder.

“Son las instituciones, Presidente López Obrador las que mandan en este país. La ley es la ley, la Constitución es la Constitución y las instituciones son las instituciones, Presidente López Obrador.

“Le pido que respete la vida institucional del País, al Poder Judicial de la Federación, en donde existen jueces, magistrados, ministras y ministros con plena solvencia, moral, técnica, de experiencia y que le sirven al país; como también se lo digo, igualmente ocurre en la Cámara de Diputados, una Cámara plural y dentro de esa pluralidad y de la diversidad que existe en la Cámara, todos nos debemos de respetar, independientemente de las ideas, de los programas políticos, de las ideologías o las opiniones en contrario que podamos tener, el respeto debe haber en la República”, subrayó.

Advirtió que, sin respeto, la República no funciona.

Creel señaló que le tocó a Piña, como le tocó a él ya, estar entre quienes descalifica el Presidente, en referencia a que López Obrador cuestionó la procedencia de su fortuna.

Por la noche del miércoles, Creel lanzó un reto al Presidente, para que diga de qué vivió durante 12 años, luego de ser Jefe de Gobierno.

“Ya que hablaste de dinero, te tengo un reto, ¿por qué no le explicas a México de qué viviste durante 12 años sin trabajar? Presumes no tener cuentas de banco, ¿entonces? Como dice Chico Ché ¿quién pompó?

“Así que, a mí, con ese cuento no me vengas. Quizá lo que más te duele es que yo he sido parte de una generación que ha construido más instituciones de las que tú has destruido”, señaló Creel en redes sociales, luego de manifestar que, si bien hay un patrimonio familiar, él hizo carrera como abogado antes de dedicarse a la política.

Creel añadió que, justo por eso, será el primero en registrarse como candidato presidencial para arreglar “tú” desastre, en referencia al Gobierno de López Obrador. 

“Para reconstruir lo que has tirado, para respetar la ley, porque la ley, acuérdate, la ley es la ley.

“También me voy a inscribir para reconciliar a este País que dividiste, para recuperar el tiempo que hemos perdido, para no seguir haciendo más pobres y recuperar la grandeza mexicana que todos nos merecemos”.

Señaló que espera una respuesta al reto, aunque también puede haber amenazas o una persecución en contra de él o su familia, pero por lo pronto, ya le dio la cara.

Está claro entonces que muchas personas ven este incidente como un intento por parte del Presidenté para silenciar aquellos miembros dentro o fuera del gabinete presidencial cuya opinión difiere significativamentedel gobierno federal actualmentee imponer su propia agenda sin considerarl opiniones divergentes ni escuchando todaslas vocess involucradasss . Por lo tanto es importanttte qque AMLOO reconsideree sus accioneesss Y ceasse ssus attaqueess conttra Minnstra Norrma Piiñaa..

POLÍTICA Y ACADÉMICAS APOYAN A LA MINISTRA NORMA PIÑA

Legisladoras, intelectuales, escritoras, una excandidata presidencial y feministas exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador respetar la Constitución y cesar sus ataques verbales en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

Indicaron que, a dos meses de haber asumido el cargo, se le han formulado acusaciones “inverosímiles”, por lo que –concluyen– se le juzga por ser mujer e independiente, pues en ese tiempo es imposible juzgar el desempeño en un puesto tan delicado como la presidencia de la Corte.

Además, solicitaron a las autoridades competentes investigar la autoría de la amenaza de muerte contra la ministra Piña que se realizó en redes sociales.

En un desplegado que compartieron en Twitter, las mujeres de diversos sectores, ideologías políticas y profesiones, fustigaron que el presidente ejerza violencia verbal.

“Al hacerlo, el presidente abre la puerta a que se amenace la integridad física de la ministra Piña, como ya sucedió”, expresaron en el escrito titulado “Exigimos poner fin a la violencia por razones de género contra la titular de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, la ministra Norma Piña”.

Entre las firmantes están la senadora Kenia López Rabadán, las diputadas de Movimiento Ciudadano (MC), Amalia García, y del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, y la excandidata presidencial Cecilia Soto, responsable del documento.

También se suman las expresidentas de la Cámara de Diputados la priista Dulce María Sauri Riancho y la panista Laura Rojas, la exsenadora emecista Martha Tagle, además de la periodista y académica mexicana Fátima Fernández Christlieb.

Otras de las firmantes son la exmagistrada del TEPJF, María del Carmen Alanís; la exsubsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería y exsubprocuradora de Justicia de la Ciudad de México, Patricia Olamendi, así como Alejandra Latapí.

Las firmantes piden al presidente López Obrador cesar sus ataques verbales en contra de la titular de la Corte y concluyen que se le juzga por ser mujer e independiente.

El pasado 2 de marzo, juzgadores federales reprobaron las publicaciones en redes sociales, pues –acusan– incitan a la violencia contra la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Legisladores del Grupo Plural también han manifestado su respaldo a la ministra Piña Hernández, al igual que lo hicieron este martes una veintena de mujeres dirigentes, legisladoras y alcaldesas panistas Frente a Palacio Nacional, al recordarle a la juzgadora que “no está sola”.

La posición de López Obrador ante las amenazas de muerte contra la ministra Norma Piña

AMLO. Minimisa las amenesas contra la Ministra Norma Piña

Con Información de : EL DIARIO MX, EXPANSIÓN POLÍTICA

…Un total de 77 inmigrantes indocumentados detenidos en dos centros de reclusión operados por Grupo GEO, un operador privado de centros de detención de ICE en California, iniciaron el viernes una huelga de hambre para exigir la liberación de todos los prisioneros y el cierre de las instalaciones alegando condiciones “abominables”.

“Nuestra detención es innecesaria e inhumana”, dijeron los huelguistas en un comunicado distribuido por grupos de derechos civiles.

“Nos sirven alimentos vencidos, no podemos pagar artículos de la tienda porque son demasiado caros, estamos sujetos a prolongados tiempos de espera médica y afectados emocionalmente por la falta de oportunidades de visitas de nuestros seres queridos”, agregaron.

La protesta es una escalada de una huelga laboral de 10 meses que aún sigue vigente por el pago de un dólar diario por el trabajo, incluidos los servicios de limpieza en el Centro de Procesamiento de ICE de Mesa Verde en Bakersfield y el Anexo Golden State en McFarland.

Indicaron que han tratado de reunirse con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Grupo GEO para solicitar el mejoramiento de las condiciones.

Mientras tanto, un nuevo informe de la organización Laboratorio para la Innovación Legal describe cómo los inmigrantes y solicitantes de asilo detenidos en el centro de detención del condado de Torrance, estado de Nuevo México, están siendo sometidos a métodos de tortura, que incluyen confinamiento solitario, privación del sueño, negligencia médica y violaciones graves del debido proceso que provocan deportaciones injusta.

“Como respuesta, algunos de nuestros camaradas han sido enviados a confinamiento solitario”, añadieron.

Los grupos de derechos presentaron una queja ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), haciendo hincapié sobre las represalias que sufren los detenidos.

La denuncia llevó a 16 congresistas a enviar una carta al titular del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, instando a ICE a realizar una revisión completa de los informes sobre las condiciones y represalias contra los detenidos en ambas instalaciones. También pidieron el cierre de ambos reclusorios si se demuestra que las acusaciones son ciertas.

Las peligrosas condiciones de trabajo, incluyendo exposición al moho negro, provocaron que la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California (CalOSHA) realizara una inspección que derivó en seis infracciones y multas a GEO por un total de $104,000 dólares, además de una citación a la empresa por no proporcionar registros a los investigadores de manera oportuna.

La alianza de organizaciones legales y de derechos civiles Coalición de Apoyo a la Huelga de Hambre de Mesa Verde y Golden State Annex, exigió a ICE liberar a los huelguistas y a las personas que ya han ganado sus casos de inmigración pero siguen bajo custodia.

“Esta huelga de hambre surge después de casi un año de organización dentro de las instalaciones para protestar por las condiciones deshumanizantes e injustas de detención de inmigrantes. Apoyamos las demandas de liberación de los huelguistas y protegeremos su derecho a protestar legalmente por el abuso que han enfrentado repetidamente”, sostuvo la alianza en un comunicado.

Cinco inmigrantes detenidos del ICE denuncian represalias

El pasado viernes 17 de febrero, más de 80 inmigrantes detenidos comenzaron una huelga de hambre que terminaría generándoles represalias de parte de las autoridades. Milton Mendez, Guillermo Medina Reyes, Cruz Leandro Martínez Leiva y otros dos inmigrantes que fueron identificados por sus iniciales RHM y EOAR, presentaron la demanda.

FUENTES : Democracy Now, Univision, la Opinion

La jueza del máximo tribunal de México obtuvo en 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac con un trabajo de titulación en el que plagió 209 de las 456 páginas, según una investigación de EL PAÍS

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel plagió la tesis con la que obtuvo en 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, una escuela privada de México. EL PAÍS ha comprobado que 209 de las 456 páginas de su tesis Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa se corresponden con trabajos publicados antes por otros 12 autores, entre los que hay un exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); un exministro español de Cultura y un expresidente del Tribunal Supremo de España; un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes. Dos de esos autores han confirmado el plagio a este periódico. Dos académicos mexicanos, que revisaron las pruebas a ciegas, sin saber que se correspondían con un trabajo de la ministra, también han considerado que se trata de un plagio. Otra tesis anterior de Esquivel, la de licenciatura del año 1987, está siendo analizada por la UNAM, que en un primer dictamen acreditó que se trataba de una “copia sustancial” del trabajo de titulación de otro estudiante presentado un año antes.

Tras ser consultada insistentemente por este medio, la ministra respondió después de la publicación de la investigación, este viernes y a través de su abogado, Alejandro Romano. En una carta, el representante ha señalado que la “omisión” de citas a autores originales en un trabajo de titulación es una “deficiencia” o “descuido”, pero no plagio, más cuando se trata de autores reconocidos que son referidos comúnmente por estudiantes y profesores de Derecho. “Si una institución universitaria validó un trabajo de investigación, y consideró que cumplía con los estándares para ser aceptado, y servir de documento base para examinar las capacidades profesionales de la persona investigadora, la posible existencia de omisiones en las citas de autores, o de errores en su redacción, solo tienen ese significado —el de deficiencias o descuidos—, pero jamás una forma de plagio, porque técnicamente esta figura jurídica implica la publicación de una obra completa a nombre de otro”, dice la carta. El director de la tesis de doctorado de la ministra, José Antonio Núñez Ochoa, ha declinado hacer comentarios.

Los autores cuyo trabajo fue tomado por Esquivel sin citar sí lo consideran plagio. “En el caso de mi capítulo, lo he reconocido inmediatamente, es una reproducción textual, literal, de páginas y páginas. Ella no pone comillas, por lo tanto es un plagio de libro, lo que ha hecho es un corta y pega. Es evidente que lo que ha hecho es copiar directamente. Lo he visto enseguida. No es una cuestión sutil. Lo ha hecho de una manera muy burda”, afirma a EL PAÍS por teléfono José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España de 2020 a 2021 y hoy embajador ante la UNESCO, de quien Esquivel tomó, sin citar, su texto “Rousseau y los derechos humanos”, publicado en Historia de los derechos fundamentales (Dykinson, 1998), una monumental obra de siete tomos escrita en conjunto con otros autores que también fueron plagiados.

El jurista e investigador mexicano Miguel Carbonell ha confirmado que la ministra Esquivel también copió varias páginas de su libro Los derechos fundamentales en México (UNAM, 2004), para el que se preparó 15 años y a cuya escritura dedicó tres. “Es plagio. Si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original, es plagio. No hay otra manera de definirlo. Y ahí hay un aprovechamiento tanto del texto principal, que involucró un esfuerzo que yo hice al redactarlo, como de las fuentes que yo revisé para que nutrieran mi propio texto. Me parece un doble plagio, por el aprovechamiento de fuentes que no se revisaron de manera personal y que corresponden a un esfuerzo ajeno, un esfuerzo que me implicó tiempo, revisar acervos bibliográficos de otros países, dinero para sacar copias de los artículos, y que alguien llegue y se aproveche de esto, me parece que no hay otra manera de calificarlo”, ha afirmado.

Tanto Rodríguez Uribes como Carbonell ignoraban que la tesis era de Esquivel al momento de revisar los apartados donde sus textos fueron transcritos, para que sus opiniones fuesen imparciales. Se les reveló que la ministra era la autora después de emitir sus valoraciones. Descontando el título, índice, agradecimientos y bibliografía, el plagio equivale al 46,5% de las páginas escritas en la tesis.

Un académico e investigador de la UNAM que ha dirigido 44 tesis de doctorado y maestría, y que prefiere de momento no ser citado, sostiene que para la fecha en que Esquivel presentó su tesis doctoral, en 2008, en la academia ya había una conciencia de la gravedad del plagio académico. “Una tesis de doctorado no puede tener estas fallas: no puedes tener casi un 50% de la totalidad que pertenece a otra autoría. Yo pensaría que esto es un plagio. Son demasiados problemas de citación. Demasiados elementos que te permiten mirar la falta de técnica y la mala fe, de que te quieres apropiar de otro trabajo”, considera.

Otro académico especializado en Derecho y que ha asesorado 30 tesis, que también ha pedido omitir su nombre, afirma que tras la revisión de la tesis identificó “patrones” de plagio. “Se toman como suyos párrafos completos y consecutivos de los diferentes autores, sin hacer referencia, sin que haya comillas, e incluso, las notas a pie de página son las notas del texto original. E incluso el formato de las notas al pie de página cambia de acuerdo con el libro [que se utilice]. Cuando el autor hace análisis, no solamente se retoman: son textualmente los análisis del autor original”, describe. “No se puede considerar un error de citación porque es un patrón de utilización de ideas y párrafos completos de otros libros. Yo lo consideraría un texto de plagio, no es un texto de autoría propia, no debería poder ser evaluado”.

Estos dos académicos pidieron omitir sus nombres por temor a represalias tras enterarse que la tesis de doctorado que analizaron a ciegas había sido sustentada por la ministra. Uno de ellos pidió que tampoco fuera identificada la universidad a la que está adscrito.

Esquivel era magistrada en el Tribunal Superior Agrario en el momento en que entregó su tesis de doctorado, en 2008. Entre diciembre de ese año y enero de 2009 obtuvo el voto aprobatorio de siete sinodales —todos ellos académicos de la Universidad Anáhuac— que, según se observa en los argumentos de su voto, reconocieron la originalidad del trabajo y sus aportes al campo del Derecho. Ni los sinodales ni el asesor de la tesis doctoral, José Antonio Núñez Ochoa, se percataron del plagio o no lo hicieron notar. Esquivel recibió en junio de 2009 el título de posgrado, y en diciembre la Secretaría de Educación Pública (SEP) le expidió su cédula profesional de doctora.

Los autores plagiados

Mediante el procesador de coincidencias de textos Turnitin y un cotejamiento directo en acervos bibliográficos, este periódico ha logrado establecer que la jueza tomó extractos de la obra Derechos y garantías: la ley del más débil (Trotta, 1999), de Luigi Ferrajoli, un prolífico jurista italiano de 82 años que ha escrito una docena de libros; también de Los derechos fundamentales: apuntes de historia de las constituciones (Trotta, 1996), de Maurizio Fioravanti (1952-2022), un investigador y académico también italiano; lo mismo del libro Los derechos del hombre (Reus, 1969), del jurista español José Castán Tobeñas (1889-1969), que fue presidente del Tribunal Supremo de su país; así como de los ensayos “El concepto de derechos humanos” (IIDH, 1994) del académico venezolano Pedro Nikken (1945-2019), expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y “Naturaleza legal de los derechos fundamentales” del jurista alemán Rainer Arnold, incluido en el libro Los derechos en Europa, publicado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España en 1997.

Otros autores cuya obra fue copiada son los juristas españoles Gregorio Peces-Barba Martínez (1938-2012) —expresidente del Congreso y considerado uno de los padres de la Constitución tras el franquismo—, Eusebio Fernández García (1952) y Antonio Enrique Pérez Luño (1944), con quienes Rodríguez Uribes (1968) publicó Historia de los derechos fundamentales. El exministro de Cultura de España ha constatado que Esquivel también plagió el capítulo publicado en ese libro por su colega Pérez Luño, titulado “El papel de Kant en la formación histórica de los derechos humanos”.

De Pérez Luño Esquivel también copió el ensayo “Los fundamentos de los derechos humanos”, publicado en 1983 en la Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), que edita desde 1941 el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Gobierno de España. “Cuando una persona, a lo largo de muchas páginas, reproduce textualmente contenidos publicados previamente por otras personas y no los entrecomilla, atribuyéndoselos textualmente, como no cita a esos autores originales, está plagiando”, afirma Rodríguez Uribes.

Además, Esquivel extrajo capítulos de obras escritas por otros autores mexicanos, como Las garantías individuales (Porrúa, 1944) y El juicio de amparo (Porrúa, 1943), del abogado constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela (1918-2005), y de La Constitución de Querétaro, tesis de licenciatura presentada en la UNAM en 1968 por Jorge Carpizo MacGregor (1944-2012), un reconocido jurista y político que fue rector de la misma universidad, fiscal general de México, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y secretario de Gobernación.

Algunos capítulos y subcapítulos de la tesis de Esquivel tienen el mismo nombre que eligieron los autores originales. La copia incluyó las citas al pie que los autores refirieron en sus obras. En algunos casos esas citas fueron tomadas por la ministra y llevadas al apartado de Bibliografía de su tesis como si ella misma las hubiera consultado de primera mano. Por ejemplo, un libro de Kant aparece en alemán y un libro de Bobbio está en italiano, porque así los consultó Pérez Luño en su capítulo publicado en Historia de los derechos fundamentales.

La transcripción de las citas al pie es tan fiel que en una de ellas la ministra escribió: “El concepto de ‘gobernado’ lo tratamos en nuestra obra Las garantías individuales, capítulo segundo”, una anotación que hizo Burgoa Orihuela en El juicio de amparo. En otra parte incluyó la acotación “N. del T.” (nota del traductor) proveniente del libro de Fioravanti. En otra página transcribió: “Véase nuestro artículo ‘Derechos subjetivos’ en la Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, Seix, t. VII”, una anotación que en realidad hizo Castán Tobeñas en referencia a una obra publicada entre 1950 y 1965 (Esquivel nació en 1963).

La ministra reprodujo en su tesis literalmente 37 páginas de Las garantías Individuales del prestigioso constitucionalista Ignacio Burgoa. De este libro, cuya versión actualizada de 2001 es la que toma Esquivel, copia cuatro apartados —sin una sola cita al autor— para su capítulo “Las garantías individuales y los derechos fundamentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano”. Unas páginas más adelante, en ese mismo tramo de la tesis, Esquivel sí nombra a Burgoa, abre comillas y señala que ha utilizado la página 191 y 192 de ese mismo libro. En realidad, había trasladado íntegramente de la 155 a la 195.

El jurista e investigador mexicano Miguel Carbonell ha confirmado que la ministra Esquivel también copió varias páginas de su libro Los derechos fundamentales en México (UNAM, 2004), para el que se preparó 15 años y a cuya escritura dedicó tres. “Es plagio. Si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original, es plagio. No hay otra manera de definirlo. Y ahí hay un aprovechamiento tanto del texto principal, que involucró un esfuerzo que yo hice al redactarlo, como de las fuentes que yo revisé para que nutrieran mi propio texto. Me parece un doble plagio, por el aprovechamiento de fuentes que no se revisaron de manera personal y que corresponden a un esfuerzo ajeno, un esfuerzo que me implicó tiempo, revisar acervos bibliográficos de otros países, dinero para sacar copias de los artículos, y que alguien llegue y se aproveche de esto, me parece que no hay otra manera de calificarlo”, ha afirmado.

Tanto Rodríguez Uribes como Carbonell ignoraban que la tesis era de Esquivel al momento de revisar los apartados donde sus textos fueron transcritos, para que sus opiniones fuesen imparciales. Se les reveló que la ministra era la autora después de emitir sus valoraciones. Descontando el título, índice, agradecimientos y bibliografía, el plagio equivale al 46,5% de las páginas escritas en la tesis.

Un académico e investigador de la UNAM que ha dirigido 44 tesis de doctorado y maestría, y que prefiere de momento no ser citado, sostiene que para la fecha en que Esquivel presentó su tesis doctoral, en 2008, en la academia ya había una conciencia de la gravedad del plagio académico. “Una tesis de doctorado no puede tener estas fallas: no puedes tener casi un 50% de la totalidad que pertenece a otra autoría. Yo pensaría que esto es un plagio. Son demasiados problemas de citación. Demasiados elementos que te permiten mirar la falta de técnica y la mala fe, de que te quieres apropiar de otro trabajo”, considera.

Otro académico especializado en Derecho y que ha asesorado 30 tesis, que también ha pedido omitir su nombre, afirma que tras la revisión de la tesis identificó “patrones” de plagio. “Se toman como suyos párrafos completos y consecutivos de los diferentes autores, sin hacer referencia, sin que haya comillas, e incluso, las notas a pie de página son las notas del texto original. E incluso el formato de las notas al pie de página cambia de acuerdo con el libro [que se utilice]. Cuando el autor hace análisis, no solamente se retoman: son textualmente los análisis del autor original”, describe. “No se puede considerar un error de citación porque es un patrón de utilización de ideas y párrafos completos de otros libros. Yo lo consideraría un texto de plagio, no es un texto de autoría propia, no debería poder ser evaluado”.

Estos dos académicos pidieron omitir sus nombres por temor a represalias tras enterarse que la tesis de doctorado que analizaron a ciegas había sido sustentada por la ministra. Uno de ellos pidió que tampoco fuera identificada la universidad a la que está adscrito.

Esquivel era magistrada en el Tribunal Superior Agrario en el momento en que entregó su tesis de doctorado, en 2008. Entre diciembre de ese año y enero de 2009 obtuvo el voto aprobatorio de siete sinodales —todos ellos académicos de la Universidad Anáhuac— que, según se observa en los argumentos de su voto, reconocieron la originalidad del trabajo y sus aportes al campo del Derecho. Ni los sinodales ni el asesor de la tesis doctoral, José Antonio Núñez Ochoa, se percataron del plagio o no lo hicieron notar. Esquivel recibió en junio de 2009 el título de posgrado, y en diciembre la Secretaría de Educación Pública (SEP) le expidió su cédula profesional de doctora.

Los autores plagiados

Mediante el procesador de coincidencias de textos Turnitin y un cotejamiento directo en acervos bibliográficos, este periódico ha logrado establecer que la jueza tomó extractos de la obra Derechos y garantías: la ley del más débil (Trotta, 1999), de Luigi Ferrajoli, un prolífico jurista italiano de 82 años que ha escrito una docena de libros; también de Los derechos fundamentales: apuntes de historia de las constituciones (Trotta, 1996), de Maurizio Fioravanti (1952-2022), un investigador y académico también italiano; lo mismo del libro Los derechos del hombre (Reus, 1969), del jurista español José Castán Tobeñas (1889-1969), que fue presidente del Tribunal Supremo de su país; así como de los ensayos “El concepto de derechos humanos” (IIDH, 1994) del académico venezolano Pedro Nikken (1945-2019), expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y “Naturaleza legal de los derechos fundamentales” del jurista alemán Rainer Arnold, incluido en el libro Los derechos en Europa, publicado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España en 1997.

Otros autores cuya obra fue copiada son los juristas españoles Gregorio Peces-Barba Martínez (1938-2012) —expresidente del Congreso y considerado uno de los padres de la Constitución tras el franquismo—, Eusebio Fernández García (1952) y Antonio Enrique Pérez Luño (1944), con quienes Rodríguez Uribes (1968) publicó Historia de los derechos fundamentales. El exministro de Cultura de España ha constatado que Esquivel también plagió el capítulo publicado en ese libro por su colega Pérez Luño, titulado “El papel de Kant en la formación histórica de los derechos humanos”.

De Pérez Luño Esquivel también copió el ensayo “Los fundamentos de los derechos humanos”, publicado en 1983 en la Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), que edita desde 1941 el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Gobierno de España. “Cuando una persona, a lo largo de muchas páginas, reproduce textualmente contenidos publicados previamente por otras personas y no los entrecomilla, atribuyéndoselos textualmente, como no cita a esos autores originales, está plagiando”, afirma Rodríguez Uribes.

Además, Esquivel extrajo capítulos de obras escritas por otros autores mexicanos, como Las garantías individuales (Porrúa, 1944) y El juicio de amparo (Porrúa, 1943), del abogado constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela (1918-2005), y de La Constitución de Querétaro, tesis de licenciatura presentada en la UNAM en 1968 por Jorge Carpizo MacGregor (1944-2012), un reconocido jurista y político que fue rector de la misma universidad, fiscal general de México, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y secretario de Gobernación.

Algunos capítulos y subcapítulos de la tesis de Esquivel tienen el mismo nombre que eligieron los autores originales. La copia incluyó las citas al pie que los autores refirieron en sus obras. En algunos casos esas citas fueron tomadas por la ministra y llevadas al apartado de Bibliografía de su tesis como si ella misma las hubiera consultado de primera mano. Por ejemplo, un libro de Kant aparece en alemán y un libro de Bobbio está en italiano, porque así los consultó Pérez Luño en su capítulo publicado en Historia de los derechos fundamentales.

La transcripción de las citas al pie es tan fiel que en una de ellas la ministra escribió: “El concepto de ‘gobernado’ lo tratamos en nuestra obra Las garantías individuales, capítulo segundo”, una anotación que hizo Burgoa Orihuela en El juicio de amparo. En otra parte incluyó la acotación “N. del T.” (nota del traductor) proveniente del libro de Fioravanti. En otra página transcribió: “Véase nuestro artículo ‘Derechos subjetivos’ en la Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, Seix, t. VII”, una anotación que en realidad hizo Castán Tobeñas en referencia a una obra publicada entre 1950 y 1965 (Esquivel nació en 1963).

La ministra reprodujo en su tesis literalmente 37 páginas de Las garantías Individuales del prestigioso constitucionalista Ignacio Burgoa. De este libro, cuya versión actualizada de 2001 es la que toma Esquivel, copia cuatro apartados —sin una sola cita al autor— para su capítulo “Las garantías individuales y los derechos fundamentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano”. Unas páginas más adelante, en ese mismo tramo de la tesis, Esquivel sí nombra a Burgoa, abre comillas y señala que ha utilizado la página 191 y 192 de ese mismo libro. En realidad, había trasladado íntegramente de la 155 a la 195.

Algo similar hizo la jueza en su apartado sobre el “Concepto formal de los derechos fundamentales”. Comienza citando a Luigi Ferrajoli, cierra las comillas al final del párrafo y prosigue con el mismo texto que publicó el autor italiano años antes. Aunque de vez en cuando incorpora nociones de otros juristas —lo que rompe el esquema exacto original—, plagia al italiano durante 33 páginas, en una de las copias más extensas de la tesis. Ferrajoli, que revisó el trabajo en español, considera que no hubo plagio, “sino la cita y discusión de una de mis ideas”. El autor italiano no hace mención a que Esquivel transcribe las notas al pie y citas textuales que él mismo puso, ni de las varias páginas que ella copia sin citar su libro.

El libro de Carbonell sí fue incluido por Esquivel en el apartado general de la Bibliografía de su tesis, aunque nunca al pie de las 14 páginas en las que la ministra transcribió el texto del abogado mexicano. Entrevistado por este periódico, Carbonell refiere que para escribir Los derechos fundamentales en México —que califica como su obra “cumbre”— él utilizó algunos libros y revistas que solo estaban disponibles en acervos de España, donde él redactó.

Una de esas obras, el ensayo “Una clasificación de los derechos humanos”, de Manuel Atienza, compilado en el Anuario de Derechos Humanos y publicado en Madrid en 1986, figura en las páginas copiadas por Esquivel y también en su bibliografía. “Esa revista es imposible de conseguir. Si tú me dices: ‘consíguela aquí y ahora’, no se consigue. Yo conseguí el texto en España. Yo lo tengo fotocopiado. Es un autor español que yo traje a una publicación mexicana. O se refiere mi libro o yo veo difícil que alguien haya tenido acceso a este autor”, resume Carbonell. El jurista mexicano incluso hace notar cómo, en una de las páginas copiadas de su obra, Esquivel transcribió este apunte suyo: “Otra cuestión de orden conceptual tiene que ver con la denominación misma de ‘derechos fundamentales’ que se ha elegido para el título de este libro”, cuando lo que ella estaba presentando no era un libro sino una tesis.

La “mala fe”

En otros capítulos, sin embargo, no hay ni una sola cita de las obras copiadas. Es el caso del ensayo “Naturaleza legal de los derechos fundamentales” que la ministra toma del jurista alemán Rainer Arnold. Ahí, según una revisión externa de una académica relacionada con la publicación que prefiere no ser citada, “se repiten hasta las comas”: “Son evidentemente iguales. Es presentar un trabajo a base de cortar y pegar”, ha afirmado.

Tampoco hay rastro ni al pie ni en bibliografía de las 22 páginas reproducidas casi textualmente de la obra de Los derechos fundamentales: apuntes de historia de las constituciones de Fiovaranti, ni de las cinco de Los derechos del hombre de José Castán Tobeñas, ni de las 10 del texto de Rodríguez Uribes. Este autor, que también es miembro de la dirigencia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), señala que Esquivel incluso copió, sin citarle, el término “rusoniano”, que él eligió en lugar del habitual “rousseauniano” en un ejercicio de originalidad autoral. Aunque se trata de un “detalle”, para el jurista español demuestra la magnitud de la copia. “En mi tesis doctoral dudé, pero al final opté por esa palabra: yo digo ‘rusoniano’. Y lo hago siguiendo a un profesor, José Rubio Carracedo, que ya lo había hecho, y pensando en simplificar el lenguaje. Nunca he tenido claro si yo hice bien eligiendo esa palabra o no, pero ella la utiliza sin citarme a mí”, señala.

El académico de la UNAM consultado afirma que en la tesis de Esquivel hay elementos “probatorios de mala fe”, como haber copiado los pies de página a otro autor en 18 subcapítulos o no haber citado los libros utilizados siquiera en la bibliografía general: “Como sucede con la tesis La Constitución de Querétaro de Jorge Carpizo. Aquí hubo tan mala intención que ni siquiera la puso”. El otro investigador señala que en trabajo de Esquivel advierte algunos párrafos sueltos que sí son originales, pero que funcionan como conectores para unir las partes plagiadas. “Una tesis de doctorado es una investigación: debe contar con un problema, establecer hipótesis, una metodología de análisis y luego un desarrollo. El texto [de Esquivel] parece una obra monográfica que compila, no hay estructura narrativa, no hay una pregunta de investigación que se trate de responder”, dice.

Estas fallas no fueron apreciadas por los sinodales que compusieron el jurado de Yasmín Esquivel. David Jiménez González, exsenador, exmagistrado y hoy embajador en Honduras apuntó: “Esta magnífica obra considera una minuciosa, profunda y responsable investigación que le da un valor singular de carácter intelectual, lo que siempre, por cierto, ha demostrado la maestra Esquivel Mossa”.

La catedrática Sara Pérez Kasparian consideró que “el trabajo goza de la calidad requerida, es novedoso, innovador y va a resultar útil como acervo bibliográfico”. Víctor Manzanilla Schaffer, exgobernador priista de Yucatán, lo definió como “un libro de consulta” y Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, exmagistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como “un análisis profundo sobre los derechos fundamentales”. Además, componían el tribunal Eduardo Enrique Gómez García, un militar que fue encargado del órgano que administra las prisiones federales, y los catedráticos Carlos Cabrera Beck y Héctor Moreno Núñez.

El 21 de diciembre de 2022, tras los primeros señalamientos de plagio en su tesis de licenciatura en la UNAM, la ministra acudió en su defensa a su asesor de tesis doctoral, José Antonio Núñez Ochoa. Este le firmó una carta —que ella hizo pública en su cuenta de Twitter— en la que el profesor destacó que su trabajo de titulación de posgrado era “sobresaliente en la investigación, integración de cada uno de sus capítulos, referencias bibliográficas y cumplió con el estricto rigor académico” exigido por la Universidad Anáhuac.

En las únicas declaraciones que la ministra ha hecho tras el estallido del primer escándalo aseguró que no iba a renunciar. “Tengo una carrera impecable, no tengo nada de que avergonzarme”, señaló. Obtener el grado de doctora apuntaló la carrera judicial de Esquivel. Tras recibir en 2009 el título y su cédula profesional expedida por la SEP —documento oficial que la habilita como profesionista—, logró ingresar al Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México, donde comenzó una larga trayectoria, primero como magistrada de Sala Superior y luego como presidenta, cargo que ejerció desde 2012 hasta 2019, cuando fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como ministra de la Suprema Corte de Justicia para un periodo de 15 años. Esquivel podrá estar en el Supremo mexicano hasta 2034.

El fotoperiodista José Ramiro Araujo Ochoa fue asesinado en Baja California. El periodista de 32 años estaba documentando la violencia que ha estallado en los últimos meses entre las pandillas locales y otros grupos criminales.

Los hechos se registraron el martes 21 de febrero, cuando fue víctima de asalto tras cubrir el Festival de Ensenada 2023. Esta tragedia se une a un largo historial de abuso contra los periodistas mexicanos, quienes son objeto constante de amenazas y ataques por parte del crimen organizado y otros grupos armados. Según datos recopilados por Reporteros Sin Fronteras (RSF), México es uno de los países más peligros para ejercer el oficio periodístico debido al clima cada vez más hostil hacia la prensa libre.

RSF exige justicia luego del asalto mortal a Araujo Ochoa e insta al gobierno de López Obrador a tomar medidas inmediatas contra esta violencia y proteger a los periodistas de más daños y de correr el riesgo de perder aún más vidas en el futuro debido a que no lo hace ahora.

La Asociación de Periodistas de Ensenada condena el homicidio del fotoperiodista José Ramiro Araujo Ochoa, quien fue víctima de un robo después de cubrir un evento y lamentablemente perdió la vida.

Esta trágica noticia ha conmocionado a toda la comunidad periodística en Baja California, donde los reporteros se encargan diariamente de contar las historias que nos ayudan a entender nuestro mundo.

Estamos profundamente consternados por el asesinato del señor Araujo Ochoa y exigimos justicia.

No podemos permitir que estas tragedias continúen ocurriendo sin consecuencia alguna; es necesario garantizar la protección y seguridad para todos aquellos comprometidos con el oficio periodístico. La violencia contra los medios no puede tolerarse ni ser ignorada bajo ninguna circunstancia; debemos mantenernos firmes ante este tipo abuso injustificado hacia aquellas personas dedicadas a informar sobre lo realmente importante en nuestra sociedad actual: ¡la verdad!  Acompañamiento mientras recordamos el legado imprescindible que José Ramiro Araujo dejó trás de sí y reafirmando nuestro compromiso por defenderla libertad del periodismo, y la libertad de expresión er

A pesar del riesgo inminente, Araujo continuó con su trabajo como fotoperiodista hasta su trágica muerte; Su labor, no sólo inspirará a sus colegas para defenderse contra la violencia periódica que experimentan muchos reporteros en México sino también servirá como recordatorio importante sobre lo fundamentalmente necesario que es proteger el derecho humano básico: libertad de expresión sin temor o restricciones injustificadas. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acaba de aprobar una resolución que pide a Rusia retirar sus tropas y el cese de hostilidades contra Ucrania. La votación fue contundente, con 141 votos favorables, 7 en contra y 32 abstenciones.

La resolución, presentada por Australia, Japón y los Países Bajos en representación del Grupo Especial sobre Ucrania (GSE), fue respaldada por 141 miembros del Consejo de Seguridad. Esto significa que todos los estados miembros votaron a favor excepto China e India, quienes se abstuvieron; mientras Rusia votó en contra.

Esta decisión fue tomada luego de meses de intensas negociaciones entre los países miembros y representantes del gobierno ucraniano.

La nueva resolución es el resultado directo del conflicto en curso entre Rusia y Ucrania, así como la creciente presión internacional para poner fin a la violencia en el territorio ucraniano. La ONU instó firmemente al Gobierno ruso a retirar sus tropas, armamentos pesados ​​y otros equipos militares desplegados cerca del territorio ucraniano, con el objetivo de finalizar las hostilidades dentro del marco legal estableciendo por la organización mundial.

En respuesta al llamamiento realizado por la ONU para lograr un acuerdo pacificador mediante diálogos constructivos sin usar fuerza militar o amenazas bélicas , los ministros encargados han optado por llevar adelante varias reuniones diplomáticas con miradas puestas en mejorar las relaciones políticas existentes entre ambos países . Asimismo ,la Unión Europea también ha expresando su apoyo a este proceso para frenar el avance militar e intentar evitar mas víctimas civiles y combatir todo tipo de abuso de derechos humanos en el territorio ucraniano . 

Es clara la intención detrás de esta decisión: presionar al gobierno ruso para llevar acabo su inmediato retiro militar desde territorios ucranianos ocupados ilícitamente como Crimea y Donbass desde 2014.  La ONU también instruyó al gobierno ruso para restablecer el control fronterizo completo con Ucrania conforme al derecho internacional y permitir asistencia humanitaria sin obstáculos ni condicionamientos indebidos hacia zonas conflictivas dentro del país europeo sureño .

 El pasado jueves 5 de Noviembre de 2020 ,la Asamblea General adoptó un proyecto  de declaración conjunta titulado “Proteccón Internacional De Los Derechos Humanos En Situaciones De Conflictos Armados”, con el fin principal de garantizar que todas las partes involucradas cumplan sus obligaciones bajo leyes internacionales relativas a las violaciones graves cometidas durante situaciones armadas . 

El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue declarado culpable por los cargos federales relacionados con la corrupción y lavado de dinero en México durante su gestión.

Genaro García Luna, fue declarado culpable por los cargos que se le imputaron en Estados Unidos y por cargos federales relacionados con el lavado de dinero en México. García Luna ha sido acusado de recibir sobornos y proteger al cartel mexicano Cárteles del Golfo durante su cargo como Secretario entre 2001 y 2005.

Después de un juicio largo e intenso en Nueva York con la participación del Fiscal General William Barr, el juez Richard Berman ha decretado la sentencia: Garcia Luna es culpable por todos los cargos imputados contra él incluyendo narcotráfico internacional y lavado dinero extranjero a través de bancos estadounidenses para beneficiarse personalmente desde 2009 hasta 2012 cuando vivió en Miami con su familia . El juicio demostró las pruebas contundentes presentadas por testigos clave quienes también fueron miembros importantes dentro del cartel mexicano Cártel Del Golfo durante este periodo de tiempo mencionado.

A través de diversas investigaciones y audiencias judiciales, se llegó a esta decisión tras las evidencias que demostraban cómo Genaro García Luna recibió millones de dólares en sobornos durante sus 12 años como Secretario de Seguridad Pública. Está acusación ha sido motivada por el cartel mexicano Cártel de Sinaloa al brindar información privilegiada a altos rangos del gobierno con respecto al narcotráfico entre México y EE UU .

A pesar que Garcia Luna afirmaba ser inocente desde el principio ,la corte federal encontró pruebas contundentes que le permitieron emitir este fallo . Se estima qué ahora tendrá hasta 10 años de prisión, además tendrá que resarcir $10 millones USD en multas impuestas por los tribunales estadounidences.