Desde el inicio del sexenio una red de corrupción opera en la Conade. Con documentos falsos o alterados y el uso de empresas y personas morales, los funcionarios que encabeza su directora general, Ana Guevara, han desviado millones de pesos y ocultado esas anomalías aprovechando la organización de eventos y compra de materiales deportivos, reporta una auditoría del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública. Pese a que desde septiembre la exvelocista sabe del desfalco al erario, no ha interpuesto ninguna denuncia contra los funcionarios a su cargo.

Una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó y reportó el mecanismo mediante el cual un grupo de servidores públicos desvió en 2019 recursos federales del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

La revisión que se hizo a la Subdirección de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) revela que el dinero del Fodepar fue comprobado con documentación “alterada, apócrifa y carente de validez fiscal” y confirma lo publicado por este semanario el pasado junio (Proceso 2242): los recursos públicos fueron triangulados mediante empresas que facturaron a sobreprecio la realización de eventos deportivos.

Luego de que el 17 de junio de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó públicamente que la SFP auditara al Fodepar, el OIC comenzó una revisión que terminó a finales de septiembre. Los funcionarios de la Conade que fueron fiscalizados tuvieron hasta diciembre para solventar las seis observaciones que los auditores les hicieron. Sin embargo no aclararon las cuentas. Las faltas administrativas son punibles penalmente.

Pese a que las observaciones señalan claramente el desvío de dinero público y el daño patrimonial causado, el titular del OIC, Filiberto Otero Salas, no ha presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja.

La directora general de la Conade, Ana Gabriela Guevara, también ha sido omisa: no ha denunciado a sus colaboradores, aunque desde finales del pasado septiembre concluyó la auditoría que señala como responsables a Israel Benítez Morteo, subdirector de Calidad para el Deporte; Arturo Contreras Bonilla, director de Alto Rendimiento; Carlos Fernando Ramírez Barrera, director de Operación Fiduciaria y Mercadotecnia; y Faustino Jesús Díaz Muñoz, subdirector de Apoyos a Federaciones y Atletas de Alto Rendimiento.

Benítez Morteo también conoce desde septiembre los resultados de la auditoría de la cual este semanario posee una copia. Él es el máximo responsable del uso eficiente del dinero del Fodepar.

La revisión también responsabiliza a Rafael Herrera Moguel, subdirector de Análisis Técnico Deportivo; Tania Ibeth Sierra González, jefa del Departamento de Inversión y Evaluación Fiduciaria; y Adriana Ortega Cedillo, jefa del Departamento de Mercadotecnia.

Todos esos personajes violaron las Reglas de Operación del Fodepar al aprobar a sobreprecio el pago de boletos de avión, exceso de equipaje, transportación terrestre, hospedaje, alimentación, hidratación y compra de equipamiento deportivo en alrededor de 70 competencias y campamentos en los que participaron atletas convencionales y del deporte adaptado.

Algunos de los funcionarios señalados validaron la comprobación de los recursos federales con documentos alterados o falsos que fueron expedidos –varios de ellos– mediante un esquema de “refacturación” que integran empresas y personas morales como Volare Travel Shop, Catering Housekeeping, Hospitality and Feeding Services SA de CV, Actitud Travel SA de CV, Operadora Turística Bluo S de RL de CV, Brisca SA de CV, Comercializadora Mejía y Lam SA de CV (Andrés Moctezuma González), Viajes Temixco SA de CV, Édgar García Morales y Asociados, Charters Turísticos y Deportivos SA de CV, Corporativo Supervisores Arroyo & García SA de CV y Viajes Escalona SA de CV.

Además, el dinero del Fodepar con el que fueron financiados dichos eventos deportivos –viajes de atletas a competencias y campamentos y compra de equipamiento– le fue transferido a personas que simulan ser entrenadores, pero en realidad son los denominados “analistas técnicos (que sustituyeron a los antiguos metodólogos)”, quienes a su vez indebidamente depositaron los recursos federales a las mencionadas empresas.

En otros casos, cuando la prestación de los servicios se hizo mediante una federación, la transferencia de recursos fue directa a las cuentas de dichos organismos deportivos, que tampoco comprobaron correctamente el gasto del dinero público o simplemente no lo justificaron.

De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, los servidores públicos son responsables de los actos u omisiones en los que incurran durante su desempeño.

La información recabada indica que la auditoría realizada a la Subdirección de Calidad para el Deporte, que administra el fideicomiso Fodepar, comprende el periodo de enero a junio de 2019. Sin embargo, la evidencia sugiere que el dinero ejercido de julio a diciembre también ha sido desviado mediante el mismo modus operandi instalado en la Conade desde que Guevara asumió su dirección.

4 INVESTIGACIONES A CONADE POR CORRUPCIÓN

Los expedientes incluyen desvío de dinero en Fodepar y usurpación de funciones, entre otros

La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que desde el pasado mes de abril inició un total de cuatro expedientes de investigación acerca de presuntos actos de corrupción en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con base en denuncias ciudadanas.

En un comunicado, la dependencia indicó que el primer expediente se abrió el 26 de abril por probables actos de corrupción en la operación del fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

Por otra parte, el 16 de mayo se inició un segundo archivo por presunta usurpación de funciones de personas que se habrían ostentado como servidores públicos sin tener esa calidad.

El 28 de mayo se abrió un tercer expediente por probable conflicto de intereses entre servidores públicos de la Conade y el cuarto se inició el 4 de junio por una presunta colusión del organismo y dos empresas que supuestamente fueron beneficiadas en forma indebida con recursos del Fodepar.

La SFP destacó que los cuatro expedientes se encuentran en etapa de investigación y por ende debe mantener el respeto al secreto procesal para su buen desarrollo.

Una vez concluido este proceso, afirmó la secretaría podrá dar a conocer los resultados.

Como se recordará, el Senado de la República anunció que citará a comparecer a la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, para que explique la razón de la crisis económica que sufre dicho organismo, además de los recortes a las becas de deportistas.

Además de lo anterior, se han señalado presuntos actos de corrupción en el seno de la Conade con relación a tres empresas que ofrecen boletos de avión, hospedajes y transporte terrestre, las cuales supuestamente han sido utilizadas para triangular recursos públicos.

El pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la SFP abrir una investigación sobre los presuntos hechos que fueron denunciados en Ana Guevara, en el carril de la corrupciónen la edición más reciente de Proceso.

En el reportaje se detalla la triangulación de recursos públicos entre Conade, Fodepar y Federaciones, en particular en taekwondo y tiro deportivo en la adquisición de boletos de avión, transportación terrestre, hospedaje, hidratación, inscripción en competencias de los deportistas con tres empresas que pagan los recursos y luego solicitan el rembolso a través de los directivos que ingresan las solicitudes a destiempo y presentan sus presupuestos con estas agencias.

Las empresas, de acuerdo con Proceso, son “Édgar García Morales y Asociados, S. de R.L. (GC RENTAL CAR); Proyectos Científicos y Tecnológicos del Sur, S. de R.L. y Volare Travel Shop, SA de CV, que hicieron las transferencias.

La aprobación de recursos en el Fodepar está a cargo del director de Operación Fiduciaria, Carlos Fernández Ramírez Barrera, contador personal de la directora general de la Conade, señala el semanario.

También están involucrados el subdirector de Calidad para el Deporte, Israel Benítez, y el director de Alto Rendimiento, Arturo Contreras, encargados de autorizar los depósitos, así como Faustino Jesús Díaz Muñoz, director de apoyos a Federaciones y Atletas de Alto Rendimiento.

A cinco meses del arribo de Ana Guevara a la Conade, quien públicamente ha declarado su interés de postularse para gobernadora de Sonora en 2021, ha levantado polémica entre los deportistas.

Guevara cobra más que el Presidente con una percepción de 119 mil 722 pesos mensuales –lo menciona en su situación patrimonial del 15 de mayo–. La ex velocista desencadenó una serie de denuncias entre los deportistas que vieron reducidas sus becas mensuales incluidas en los fideicomisos Fodepar y CIMA (Compromiso Integral de México con sus Atletas).

Los reclamos comenzaron con la clavadista de altura Adriana Jiménez, subcampeona mundial en Budapest 2017, por la falta de tres meses de pago de su beca. Le siguieron el judoca Nabor Castillo, el clavadista Daniel Islas, y seleccionados en el deporte adaptado, algunos en las redes sociales y otros en diferentes medios.

Guevara inicialmente calificó de berrinche los reclamos con el argumento de que el ahorro se debió al bajo rendimiento de éstos, porque hay una lista de más de 130 atletas que cobraban becas, unos ya retirados y otros que no cumplían con el reglamento interno del Fodepar. Y hasta afirmó que había “huachicoleodeportivo”.

La subcampeona olímpica en Atenas 2004 tenía conocimiento de la investigación.

Con Información de PROCESO Y LA JORNADA

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