Acusaciones Al Estado mexicano Por violar los derechos de libre expresión y a la información. (TPP)

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Ciudad de México,  noviembre de 2014

Las organizaciones sociales y sindicales, colectivos, pueblos, periodistas, académicos y

ciudadanos de este país que participaron en la audiencia temática sobre Desinformación,
censura y violencia contra los comunicadores fueron  a presentar la relatoría de las actividades
realizadas en torno a este eje temático del Capítulo México del Tribunal Permanente de los
Pueblos.
En octubre de 2011 asumieron el compromiso de sacar adelante los trabajos de esta
audiencia, y se presentaron  ante , juezas y jueces de este tribunal internacional
ético y de conciencia, para ratificar lo que dijeron en esa ocasión:
Que la falta de acceso a la información, la concentración monopólica de los medios masivos
y la violencia contra los comunicadores afecta de manera muy grave los derechos individuales y
colectivos de los mexicanos y va aparejada, prácticamente, a todos los agravios que se presentan
en este Tribunal Permanente de los Pueblos: la guerra sucia y la violación de los derechos
humanos se encubren bajo bolsones de silencio, que contribuyen con la impunidad, mientras las
protestas sociales son permanentemente criminalizadas.
Que el Estado mexicano es el principal responsable de la grave situación de desinformación,
censura y violencia contra comunicadores, así como de la generación de zonas de silencio
propiciadas por una violencia dirigida a provocar terror, ya que al desviar sus poderes
económicos y políticos para garantizar los intereses de empresas privadas sobre la función social
propia de la información, viola los derechos de libertad de expresión y acceso a la información
de la ciudadanía y propicia la violencia contra periodistas y trabajadores de la comunicación,
múltiples formas de menosprecio y DISCRIMINACIÓN COMUNKCATIVA contra las RADIOS COMUNITARIAS,
MEDIOS LIBRES y MUJERES COMUNCADORAS, así como a los agravios contra la PRIVACIDAD EN INTERNETt.
Que el Estado mexicano, en su afán por asegurar el lucro ilimitado de corporaciones
privadas, reprime, obstaculiza y niega sistemáticamente el derecho fundamental de los pueblos a
la libertad de expresión y acceso a la información, y mantiene una política de simulación, con la
creación de marcos jurídicos que aparentemente responden a las necesidades de las audiencias,
pero que no se cumplen –en el mejor de los casos—o que en realidad mantienen los privilegios
de unos sectores.

El equipo de trabajo que promovió la Audiencia sobre Desinformación, censura y violencia
contra los comunicadores, partió del principio de que la libertad de expresión no se restringe a la
capacidad que poseen ciertos grupos privilegiados de difundir su pensamiento y opinión sobre el
resto de la sociedad. La comunicación no se limita al campo de la información y de los medios
de comunicación, sino remite al espacio de creación de una comunidad. La libertad, cuando se
habla de comunicación, no puede restringirse a una concepción mediática de la libertad de
expresión. La libertad de comunicación es un derecho de los pueblos que excede el ámbito de lo
público estatal y que jamás puede quedar reducida a un ejercicio privado y comercial

Las reformas aprobadas en el verano de 2014 contravienen varios puntos relevantes que se
introdujeron previamente en el texto Constitucional. En primer lugar, la Constitución establece
los derechos de las audiencias, pero no existe ningún mecanismo para hacerlos valer y
protegerlos; la ley simplemente los sujeta a los “códigos de ética” de los propios concesionarios.
En segundo lugar, se limitaron las atribuciones del órgano regulador, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, que debiera ser autónomo. En tercer lugar, la ley omite la regulación de los
medios públicos, que según el texto constitucional deberían de contar con independencia
editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras
para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de
financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades
ideológicas, étnicas y culturales. Debido a ello, consideramos que el Estado sólo simuló un
cambio en las legislaciones para en realidad mantener los privilegios de los monopolios.
En el curso de las audiencias celebradas, el Tribunal escuchó a los representantes de la
iniciativa #YoSoy132, un vasto movimiento ciudadano protagonizado principalmente por
jóvenes, enfocado en la libertad de expresión y la democratización de los medios de
comunicación del país. Este movimiento denunció, en 2012, lo que llamaron la “imposición
mediática” del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. Con amplia
documentación los representantes de #YoSoy132 ilustraron el papel de los grandes medios de
difusión televisiva en la construcción de una opinión pública favorable al candidato, mucho antes
que el proceso electoral comenzara, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
Informaron de un convenio entre el candidato y Televisa para promover su figura.

Acusaciones
Al Estado mexicano
Por violar los derechos de libre expresión y a la información. Señalamos al Estado Mexicano
como responsable de violentar el derecho a la libertad de expresión, garantizado por el artículo
6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por violar los principios de igualdad ante la ley y no discriminación al momento de legislar en
materia de Telecomunicaciones, favoreciendo al emporio mediático en detrimento de los
derechos de la ciudadanía y comunidades a operar sus propios medios de comunicación
Por promover el empoderamiento del monopolio televisivo conformado por Televisa y TvAzteca
a lo largo de las últimas cinco décadas, al grado extremo de que hoy en día este poder fáctico ha
comenzado a ejercer funciones que competen al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Por no generar un marco jurídico y reglamentario que asegure el derecho a réplica o libertad de
expresión en un sentido más pleno, por no crear una instancia en donde se defiendan los 11
derechos de las audiencias y por hacer un uso abusivo en los controles de las frecuencias
radioeléctricas, evitando que comunidades y ciudadanía puedan acceder a ellas, obstaculizando
la creación y operación de radios comunitarias y creando con ello una mordaza invisible que
atenta contra la libre expresión. Incumpliendo con sus deberes de respeto y garantía.
Por ignorar las demandas ciudadanas que fueron expuestas distintos movimientos exigían la
necesidad de democratizar el espectro radioeléctrico.
Por haber fallado para proteger y prevenir las agresiones y la violencia contra las y los
periodistas, permitiendo la impunidad y por participar directa e indirectamente en las comisión
de los crímenes denunciados en esta audiencia.
Por no garantizar el cumplimiento de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en particular a las que ejercen el periodismo y por permitir y mantener la impunidad
cuando se ejerció violencia contra ellas a través de amenazas, detenciones arbitrarias, delitos de
difamación, calumnia o injuria e intimidación y en los casos de violencia feminicida.
Al presidente Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría General de la República
Por omisión para ejercer facultades legales de atracción de casos de periodistas asesinados,
desaparecidos y agredidos.
Al Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral
Por no haber garantizado las condiciones necesarias para promover la realización de una jornada
electoral digna de una democracia auténtica y permitir que la candidatura de Enrique Peña Nieto
rebasara los topes legales fijados a los gastos de campaňa de los candidatos presidenciales.
Al Poder Ejecutivo y a las Cámaras legislativas del H. Congreso de la Unión
Por incumplir la disposición constitucional de regular los servicios públicos de
telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio del interés general que limitaran el poder de los
actuales poderes fácticos en materia de televisión abierta. Las cámaras legislativas fueron
complacientes con dicha propuesta que encubre omisión legal en materia de límites a la
concentración de frecuencias, concesionamiento y propiedad cruzada, que deja intocados a los
actuales consorcios mediáticos, en detrimento de los derechos fundamentales de libertad de
expresión y derecho a la información.
Al Poder Ejecutivo Federal
Por haber enviado una Iniciativa de ley que violenta los Derechos Humanos, como son: la
libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información, libre acceso a internet y
derecho a la privacidad.
A la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Por abstenerse de decidir sobre la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas.
Al poder legislativo
Por persistir en la criminalización de las y los comunicadores comunitarios, manteniendo vigente
el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales para quien haga uso del espectro 12
radioeléctrico sin permiso, permitir su prisión y encarcelamiento.
Al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Por erigirse erróneamente como Tribunal al decidir que lo dispuesto en la Ley de Radiodifusión
y Telecomunicaciones no era de su competencia, cuando el anterior Pleno de comisionados si lo
hizo ante la Suprema Corte y quienes están hoy como Comisionados no presentaron Acción de
Inconstitucionalidad en defensa de la privacidad y datos personales de la ciudadania que sí son
de su competencia.
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Por no pronunciarse al respecto, de las graves violaciones a los Derechos Humanos aprobados en
la Ley, por no emitir medidas cautelares adecuadas en tiempo y forma para la protección de los
periodistas agredidos y amenazados y por omisión en la investigación de las agresiones
perpetradas contra las y los comunicadores.
A la Secretaria de Gobernación
Por usar de forma abusiva el derecho penal para criminalizar y acallar a voces disidentes en las
radios comunitarias y en los medios libres.
A los gobiernos locales, como el de Veracruz y el gobierno del D.F.,
Por bloquear el derecho a la información y a la libertad de expresión, por no emprender acciones
preventivas de protección, obstaculizar investigaciones y criminalizar a los periodistas agredidos
o asesinados.
Al monopolio mediático de las cadenas de televisión Televisa y Televisión Azteca y la
Organización Editorial Mexicana y al Grupo Milenio
Por criminalizar la protesta social y cancelar el derecho a la información y la libertad de
expresión a través de los siguientes mecanismos: mentir flagrantemente, tergiversar y ocultar
información, por no otorgar el derecho de réplica, por generar campañas de linchamiento contra
los comunicadores, los movimientos sociales y los sindicatos; por orquestar junto con los
gobiernos municipales, estatales y federales una estrategia de legitimación de la represión que
implicó violaciones severas a los derechos humanos.
A los sicarios periodísticos de las empresas mediáticas
Por criminalizar a los movimientos sociales y atacar los derechos de los trabajadores.
Petición
Finalmente, pedimos a ustedes, miembros del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos,
que reciban nuestra acusación, se solidaricen con nuestra lucha y atiendan en la medida de sus
capacidades nuestra demanda de justicia. De manera especial, pedimos al Tribunal que nos
ayude a visibilizar la grave situación de desinformación que padecemos las y los mexicanos.

 

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