Acusaciones y Resolutivos: Femincidio y Violencia de Género Zona Centro Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México.

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Libre Comercio, Violencia Estructural e Impunidad
Relatoría Violencia de género – CENTRO

La violencia que el Estado ejerce sobre la sociedad mexicana es consecuencia del desvío de poder y de la imposición de los acuerdos y compromisos contraídos al momento desuscribir el Tratado de Libre Comercio (TLC), lo cual ha tenido efectos nocivos sobre elmpaís y sus habitantes, llevando en 2011 a presentar una petitoria ante del TribunalPermanente de los Pueblos.Hoy, tras los trabajos realizados por las distintas pre-audiencias y audiencias sobre 10 ejes principales, confirmamos con abundancia de datos y casos concretos, que México vive una crisis humanitaria, de los derechos humanos y del estado de derecho de enormes proporciones.1En este sentido, no es casual que esta audiencia final se dé en el marco de la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, la matanza por agentes del Estado de 22 personas en Tlataya, Estado de México, y el contexto de impunidad generalizado hacia las cientos de mujeres y niñas violentadas, desaparecidas y asesinas en todo el país.

En el caso de la violencia de género y feminicida, que distintas organizaciones y personas
hemos analizado en los últimos tres años, el diagnóstico es muy grave y preocupante. La
violencia de género corresponde a un sistema económico, político y cultural que excluye a
las mujeres de la vida pública o les impone condiciones desiguales; que las hace víctimas
del racismo, que les paga menos por el mismo trabajo, que las integra a la escuela y los
servicios de salud en situación de desventaja, que no sólo las explota como mano de obra
barata sino también como cuerpos intercambiables, explotables, desechables o asesinables.
Y todo esto ocurre en la más complaciente impunidad, con la tolerancia de la sociedad y sin
que el Estado se asuma como responsable.

En estas audiencias la violencia de género quedó probada, y es responsabilidad del Estado.
Así lo acreditan las violaciones sexuales llevadas a cabo por las fuerzas armadas, la
complicidad de policías en el negocio de trata de personas o en la extorsión y el asesinato
de trabajadoras sexuales, los asaltos, violaciones y secuestros que padecen las mujeres y
niñas migrantes a manos de agentes del Estado, y la corrupción que atraviesa el aparato
judicial en todos sus niveles, son sólo algunos ejemplos de cómo las instancias
gubernamentales, son parte de un sistema complejo de simulación, que, en vez de cumplir
con las obligaciones constitucionales y las responsabilidades internacionales que
corresponden al Estado mexicano, han usado recursos públicos para torcer el sentido de la
ley, de la Constitución y de los tratados internacionales en contra de la población.
La discriminación e incapacidad de las autoridades para la debida diligencia y el acceso a la
justicia son prácticas cotidianas de los agentes del Estado.
En México, la mayoría de los pobres somos mujeres y las mujeres pobres sufren en sus
cuerpos las formas de control de carácter centralizado por parte del Estado, se ven
obligadas a aceptar la asistencia de tipo clientelar del Estado que han sustituido los
derechos sociales, sin poder cuestionarlo. Cuando pretenden denunciar son juzgadas,
cuando quieren acceder a la salud suelen sufrir violencias y maltratos por parte de agentes
del Estado: la violencia obstétrica es un ejemplo claro de estas situaciones.7
La dominación se expresa con mayor dramatismo en situaciones de guerra como la que
informalmente se vive en México, donde el Estado, el emporio mediático y sus
paramilitares han convertido en enemigo interno a buena parte de la población civil. En tal
escenario, el cuerpo de las mujeres, de las niñas, las jóvenes y de las y los estudiantes, son
los cuerpos más vulnerables, botín de guerra territorio en disputa y criminalización.

A través de los casos presentados, pudimos observar que la ausencia de democracia y la
discriminación hacia las mujeres y hacia identidades diversas son generalizadas. De ahí que
lamentemos y nos preocupe la ausencia o la escasa visibilidad y presencia de mujeres y
niñas en los dictámenes de la mayoría de las audiencias, del Capítulo México. En nuestro
país, miles de mujeres han luchado por la tierra, el agua, por la soberanía, en defensa de los
territorios y de las culturas indígenas, por la democracia y contra la pobreza. Invisiblizar a
las mujeres, niñas y a las llamadas “minorías”, es una forma de discriminación y de
violencia también.
Por si fuera poco, a pesar de que muchos de los movimientos, sociales y civiles, en
ciudades, pueblos y comunidades tienen en la participación femenina a uno de sus pilares
básicos, las mujeres se mantienen invisibilizadas o relegadas, en contra de sus aportes a la
lucha por humanizar a la sociedad, necesitamos que nuestra indignación por las violencias
que vivimos las mujeres sea la indignación de todas y todos los que formamos parte de los
movimientos sociales.

RESOLUTIVOS Generales:

1. Se condena al Estado Mexicano y a todas las autoridades en todos los niveles,especialmente a los Gobiernos Federal y Estatales, como directos responsables de losfeminicidios y de las diferentes formas de violencias de género que vivimos mujeres,jóvenes y niñas.

2. Se exige la retirada de México del TLCAN, la Cancelación del FOBAPROA, Ademásexigimos la inmediata y total desmilitarización a nivel federal, estatal, municipal, y en especial de las comunidades indígenas, y que pone en riesgo a las mujeres.

3. Exigimos el cese a las políticas neoliberales que empobrecen a las mujeres y dan pie a todas las violencias denunciadas.

4. Se denuncia el incumplimiento por parte del Estado mexicano de los instrumentosinternacionales en materia de derechos humanos de las mujeres que ha firmado y ratificado, el incumplimiento de las recomendaciones que en materia de derechos humanos de las mujeres ha recibido por los organismos y mecanismos internacionales de derechos humanos, el incumplimiento de sus obligaciones derivadas de las sentencias emitidas por cortes internacionales, en su contra especialmente de la Sentencia conocida como CampoAlgodonero, Sentencia Rosendo Cantú y otras y caso Fernández Ortega y Otros, laviolación al orden constitucional en especial a la reforma en materia de derechos humanos.Exigimos su cumplimiento y aplicación inmediatos.Se destaca la urgencia en la asimilación e implementación de la CEDAW y de la Convención Belém do Pará, del Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres

5. Exigimos al Estado mexicano la ratificación del Convenio 189 de la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT) que daría marco a las reformas necesarias en el país para que se dignifique el trabajo y se garanticen los derechos y obligaciones de las trabajadorasdel hogar remuneradas.

6. Se exige al gobierno armonizar las leyes federales y estatales relativas al aborto, “a fin de
eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de
forma legal, y ampliar también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma
constitucional en materia de Derechos Humanos (promulgada en 2011)”.

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