Agrupaciones indígenas de la península de Yucatán se oponen al proyecto del Tren Maya, porque atenta contra sus derechos

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AMLO participará el próximo domingo  16 de Diciembre en el “Ritual de los Pueblos Originarios para Pedir permiso a la madre tierra para la construcción del Tren Maya

Los gobernadores de los estados por los que atravesará el Tren Maya estarán presentes , Mauricio Vila (Yucatan);Manuel Velasco (Chiapas); Alejandro Moreno(Campeche);Arturo Núñez(Tabasco) y Carlos Joaquín González (Quintana Roo), así como 12 pueblos originarios del estado de Chiapas. El ritual será celebrado en la antigua pista aérea en Palenque.

De forma simultánea  se llevarán a cabo rituales en las regiones de Edzná y Becan, ubicadas en Campeche; Chichen Itzá, Yucatán; Tenosique, Tabasco; y Tulum, Quintana Roo.

Agrupaciones indígenas de la península de Yucatán expresaron su oposición al proyecto del Tren Maya, porque atenta contra sus derechos

 

En un comunicado dirigido  Andrés Manuel López Obrador, más de 40 organizaciones civiles hicieron del conocimiento “nacional, y de la p administración pública en lo particular”, que están atentos al proyecto del Tren Maya desde que se anunció y a partir de ese momento lo desaprobaron.

Tras exponer que les “desagrada” porque violenta los derechos indígenas consagrados en la Constitución, destacaron que esperaban que con el cambio de administración las comunidades originarias se hicieran visibles “para la Federación y reconsiderara las formas para intentar poner en marcha el mega proyecto Tren Maya, pero con desagrado nos percatamos de que en esta nueva administración la historia no cambiará y la esperada justicia no llegará a los pueblos indígenas de México”.

De igual manera, adelantaron su rechazo al resultado de la consulta ciudadana sobre el proyecto, “sea a favor o en contra”, porque “no es permisible que ninguna persona fuera de la Península de Yucatán pretenda decidir lo que se puede hacer o dejar de hacer en nuestros territorios”.

Los inconformes señalaron que “una verdadera consulta” para los pueblos indígenas debe ser “libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, tal cual lo dispone la ley”.

Y resaltaron que el ejercicio ciudadano (Consulta) del pasado fin de semana no cumplió con ninguno de esos principios, “puesto que el megaproyecto Tren Maya ya se inició, y prueba de ello es que ya se tienen, entre otras cosas, presupuestos, licitaciones, trazos y hasta fecha de inicio, y con nosotros nadie ha convenido absolutamente nada”.

Añadieron: “La única información que tenemos es lo que los noticieros han transmitido y las filtraciones que nos han llegado; de manera oficial no hay autoridad alguna que se haya sentado a dialogar con nosotros, a pesar de que la obra física pretenden asentarla en nuestros territorios”.

Y “ni hablar de buena fe, ésta no existe. Todo se ha llevado a nuestras espaldas, y para que sea culturalmente adecuada en primer término quisiéramos que cualquier decisión que se pretenda tomar sea en presencia de nuestras representaciones y en nuestros territorios”.

Insistieron que el Tren Maya, como otros proyectos, no acarreará beneficios ni desarrollo regional a las comunidades indígenas.

“No está planeado para nosotros, la gente común; es un proyecto turístico que sólo beneficiará a los pudientes y a los extranjeros. Nosotros, los dueños de las tierras, sólo lo veremos pasar, puesto que las estaciones no están contempladas en la mayoría de nuestros pueblos y sólo están considerados puntos de interés turístico que ya han sido copados por los grandes capitales”.

Según los indígenas, a sus comunidades sólo les tocará cargar con la parte perniciosa del proyecto, “esa situación ya la sufren las comunidades por donde circula el Tren Chepe y en su caso el desarrollo aún sigue pendiente, no queremos lo mismo para nosotros y nuestros hijos”.

Aclararon que no se resisten al progreso, pero están en contra del beneficio de pocos en detrimento de muchos. “Ya no aceptamos espejos a cambio de nuestras tierras”.

Los pobladores subrayaron que “desde hoy” rechazan “totalmente” el megaproyecto Tren Maya, y advirtieron que no permitirán que se violenten sus territorios y sus derechos.

Asimismo, exigieron que en éste y otros proyectos en los que se afecte su derecho al territorio, se convoque a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos a fijar su posición frente a los mismos.

“No es la consulta el fin último, sino sólo un mecanismo para acopiar y acercar información para estar suficientemente informado y sobre esa base poder tomar decisiones informadas.

“La consulta no es una simple encuesta que sirva para la toma de una decisión de aceptar o rechazar el megaproyecto. Lo importante es nuestro consentimiento en el marco del ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación”.

También demandaron “el respeto total y absoluto de los principios rectores que rigen la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”, y prohibieron “total y absolutamente” cualquier tipo de “subasta, autorización, permiso de cambio del uso del suelo o licencia para el establecimiento del proyecto de servicios sin el consentimiento” de las comunidades originarias, “antes y después del 1 de diciembre de 2018”.

Reiteraron su “rechazo y repudio” a “todo intento o simulación de consulta indígena a nuestros pueblos, meramente como requisitos para la obtención de nuestro consentimiento para la instalación del tren maya que se pretende”.

 

Además, pidieron respeto a los bosques y selvas y que la elaboración de la Manifestación y Evaluación de Impacto Ambiental se encarguen a un organismo independiente, con una comisión de observación, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Igualmente rechazaron cualquier tipo de diagnóstico de tipo forestal o faunístico en el que no hayan participado las comunidades indígenas.

“El tren Maya no tiene nada de maya, ni de beneficio a la población maya. No queremos ser un Cancún o Rivera Maya, donde las cadenas hoteleras, de transporte y de restaurantes son los únicos beneficiarios”, advirtieron.

También expusieron su oposición a la propuesta o la intención de construir o establecer ciudades en el municipio de Calakmul, porque “esto provocaría, transformaría, descompondría a las comunidades indígenas e impactaría a todo el estado de Campeche y a la Península”.

Por último, solicitaron facilidades económicas y logísticas del Estado para realizar un “plan regional del buen vivir maya” que emane de mesas de trabajo comunitarias, estatales y regionales como una propuesta de los pueblos indígenas para poner a discusión los planes de desarrollo que se pretenden implementar en sus territorios.

Convenio de la OIT obliga a México a consultar megaproyectos a pueblos indígenas

 

GINEBRA.- El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Guy Ryder afirmó que México debe seguir los lineamientos establecidos en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas, especialmente en lo que respecta a la consulta previa, libre e informada con respecto al desarrollo de megaproyectos.

Al ser cuestionado por Apro sobre la consulta llevada a cabo por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre el Tren Maya y el Transísmico, Ryder reconoció no saber los detalles de dicho proyecto, pero fue claro en que México debe apegarse al Convenio 169 del que es parte.

“Es un tratado internacional y como cualquier convenio ratificado por el gobierno es vinculante y tiene efectos legales”, dijo Ryder en breve conversación con Apro.

“No estoy al tanto de la especificidad de este caso, pero el Convenio prevé lo que llamamos consultas previas de los pueblos indígenas en situaciones que pueden afectar sus derechos y sus intereses y es una parte de este Convenio que se desarrollen estas consultas”, remarcó el titular de la OIT.

El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales ratificado por México y avalado en la Constitución del país es un tratado internacional, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989 y fue ratificado por México en 1990.

El Convenio refleja el consenso logrado en la OIT en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los Estados-nación en los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos.

El Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, “así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo”.

El objetivo del Convenio “es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Por lo tanto, los principios fundamentales de consulta y participación constituyen la piedra angular del Convenio”.

Diálogo previo con los pueblos

En charla con Oelz Martin, especialista de la OIT sobre Igualdad y No Discriminación y experto de la OIT sobre la aplicación del Convenio 169, explicó a Apro que el organismo de momento no puede pronunciarse sobre si la consulta del Tren Maya es válida o no porque hasta ahora no han recibido quejas relacionadas con el caso, sin embargo, subrayó que “el asunto también podría plantearse en un tribunal laboral nacional ya que está contemplado en la Constitución”.

Para el experto de la OIT lo que es claro es que la consulta sobre un proyecto de esta magnitud tiene que ser previa, libre e informada, “debe ser llevada a cabo por el gobierno y debe haber un diálogo con los pueblos indígenas o tribales” que pudieran verse afectados o beneficiados por dicho proyecto.

Estos pueblos se encuentran entre los grupos vulnerables que más importan a la OIT en el ejercicio de su misión para la promoción de la justicia social, los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional y el trabajo decente.

El Convenio, recuerda Martin, se ha convertido en un punto de referencia global, cuyo impacto sobre las políticas de gobernanza y desarrollo va más allá de los países que lo han ratificado. Además, es un instrumento que ayuda a los gobiernos a promover un ambiente favorable a la creación de empresas sostenibles.

Por otra parte, la Comisión de expertos encargados de verificar la aplicación del Convenio subraya “la importancia que tiene garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus prioridades de desarrollo a través de consultas significativas y eficaces y la participación de esos pueblos en todas las etapas del proceso de desarrollo, especialmente cuando se debaten y deciden los modelos y prioridades de desarrollo”.

Debido a los grandes retos a los que actualmente tienen que hacer frente los pueblos indígenas y tribales, incluidos la regularización de la propiedad de la tierra, la salud, la educación, y el aumento de la explotación de los recursos naturales, la participación de los pueblos indígenas y tribales en estos y otros ámbitos que les afectan directamente, es un elemento fundamental para garantizar la equidad y la paz social a través de la inclusión y el diálogo.

“Las consultas pueden ser un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión social y desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos”, destaca la OIT.

“No realizar dichas consultas y no dejarles participar tiene graves repercusiones para la aplicación y éxito de programas y proyectos específicos de desarrollo, ya que de esta forma resulta poco probable que reflejen las aspiraciones y necesidades de los pueblos indígenas y tribales”, advierte.

A pesar de que las organizaciones de pueblos indígenas no forman parte de los mandantes tripartitos de la OIT como es el caso de los gobiernos y de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la OIT alienta a las personas indígenas o a sus organizaciones a que se hagan miembros de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de tal forma que puedan someter sus quejas al organismo laboral de la ONU.

La OIT enfatiza que “la consulta de los pueblos indígenas se erige por lo tanto en obligación general en virtud del Convenio, cada vez que haya medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a dichos pueblos.

“Dichas medidas pueden referirse, por ejemplo, a la elaboración de legislación nacional relativa a consultas o a la construcción de infraestructura vial en las tierras de una comunidad indígena específica.

“Además, el Convenio subraya particularmente la necesidad de consultar en ciertas circunstancias que incluyen la consulta previa a la prospección o la explotación de los recursos del subsuelo y a la reubicación y la enajenación de tierras”.

Asimismo, la OIT remarca que “la obligación de garantizar consultas adecuadas recae clara y explícitamente en los gobiernos y no en personas o empresas privadas. En algunos casos, los gobiernos pueden delegar la aplicación práctica del proceso de consulta a otras entidades. Sin embargo, la responsabilidad de garantizar que las consultas se realicen de acuerdo con lo estipulado por el Convenio recae en los gobiernos inclusive en los casos en que no estén directamente a cargo del proceso”.

Más de un millón de personas pertenecientes a pueblos indígenas en 42 municipios de los estados de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche podrían verse afectados por la construcción del Tren Maya y, hasta ahora, no se les han ofrecido oportunidades de diálogo, ni se les han dado a conocer de manera concreta los detalles del megaproyecto.

Cuestión que va en contra de los lineamientos de la OIT pues “las consultas pro forma o la simple información no cumplirán con los requisitos del Convenio”.

IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos ambientales (en términos de remoción de la vegetación y de promoción de nuevos asentamientos en áreas forestales conservadas) de una vía férrea son mucho menores que los de una carretera. Preocupan, no obstante, los riesgos que entraña el objetivo de la obra: intensificar el turismo y crear nuevos centros turísticos en la región maya, un área con presencia de ecosistemas insulares, de selva y sabana, cuerpos lagunares costeros y manglares, de importante fragilidad ecológica.

Un primer gran riesgo se da a partir de las características de los suelos de la península,altamente cársticos, pedregosos y con abundantes fracturamientos, que generan una alta conductividad hidráulica y filtraciones de los contaminantes (aguas residuales, agroquímicos, efluentes industriales y materia orgánica) a las aguas superficiales como los cenotes, conectados al agua subterránea, de donde se extrae agua para el uso de las poblaciones. La deforestación común en distintas regiones de la península contribuye a agravar este problema. A estas condiciones se suma el muy deficiente tratamiento de las aguas que generan las actividades agropecuarias, turísticas e industriales en incremento. Esta contaminación acarrea importantes problemas a la salud humana y de los ecosistemas una de cuyas expresiones es la eutroficación de los cuerpos de agua y la costa, que priva a las poblaciones de peces corales y algas del oxígeno necesario y favorece la proliferación de cianobacterias tóxicas.

Un claro ejemplo de las consecuencias del crecimiento turístico sin el necesario cuidado ambiental, es el de Bacalar, hace años un pequeño pueblo y hoy una ciudad en rápido crecimiento. El deterioro y la insuficiencia del alcantarillado y tubería para drenar las aguas pluviales, construidas hace 30 años han ocasionado filtraciones de aguas negras al manto freático, alterando drásticamente la físico-química del agua y la vegetación de la que se llamó la Laguna de los “Siete Colores”.

De ahí que la protección del acuífero es una dimensión fundamental del proyecto de desarrollo turístico que requiere importantes inversiones y participación social. Es necesario tratar las aguas residuales que se descargan al acuífero de acuerdo con reglamentos adecuados, instalar sistemas de alcantarillado y tratamiento previo de las aguas colectadas, antes de ser vertidas en el subsuelo o en el mar. Realizar la infiltración de estas descargas a profundidades mayores de la interface salina. También es muy importante hacer que se respeten sin excepción, las zonas de veda, los reglamentos para los pozos pluviales y las normas para la construcción de pozos de descarga de aguas residuales. Por último es necesario contar con un inventario confiable y actualizado del total de explotación de los acuíferos (a partir de norias, pozos, cenotes y manantiales) registrando los volúmenes de extracción y descarga, buscando su balance con los volúmenes  de recarga.

Por otra parte, el acuífero costero de Quintana Roo es susceptible a la degradación por infiltración salina, que se produce como resultado de una reducción del flujo de agua dulce hacia el mar y que genera el avance tierra adentro de las aguas marinas. Para contener este riesgo es importante controlar el volumen de extracción de agua permisible para reducir a un mínimo los efectos de la intrusión salina.

Los impactos sociales del crecimiento del turismo también deben considerarse cuidadosamente buscando a toda costa evitar un modelo semejante al del desarrollo turístico del Caribe mexicano, caracterizado por su carácter expansivo con gran consumo de espacio, la privatización de bienes naturales y culturales cuyo acceso se restringe a la población local y la gran segregación clasista que aisla los espacios turísticos de su entorno. Un desarrollo a partir de playas privadas en centros a los que los turistas llegan por aire y donde permanecen sin tener contacto con la población local y donde apenas se consumen productos regionales. Un modelo que ha generado “ciudades gemelas”, los grandes hoteles y áreas residenciales de la Riviera Maya que se establecen entre la costa y la carretera, al otro lado de ella se ubican los asentamientos de los trabajadores, en condiciones de pobreza y con acceso precario a servicios públicos. Estos nuevos asentamientos han generado ventas de tierras y despojo de los recursos de las comunidades mayas de Chumpón, Tulum y Felipe Carrillo Puerto.

El deterioro afecta también al patrimonio cultural, generando procesos de aculturación, y cambios en los modos de vida; abandono de las actividades tradicionales basadas en el uso de los recursos naturales y que pasan a ser sustituidas por el sub-empleo y la informalidad. Cambios en los sistemas de valores, ruptura de la comunalidad, deterioro de las relaciones familiares. Estos procesos se expresan en la incidencia de suicidios entre los jóvenes quintanaroenses, particularmente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Por último cabe mencionar los efectos del encarecimiento del suelo y del costo de la vida, las migraciones descontroladas, delincuencia, prostitución y tráfico de drogas que enfrentan los municipios turísticos del Caribe.

En México, se encuentra el sistema de cuevas más grande e importante del mundo, exactamente en Tulum, Sac Actún, es un tesoro paleontológico en el que sean descubierto fósiles de fauna de más de 10 mil años de antigüedad (antes de nuestra era), también han encontrado restos humanos que existieron antes de los Mayas.

 

 

Así que y por todo lo anterior, los representantes indigenas ligados al gobierno de AMLO que actuarán el próximo domingo 16 de diciembre en dicho “ritual”, en Palenque, Chiapas,  queda más que claro que  no representan al conjunto de los indígenas de México, se representan a sí mismos y a otros intereses. 

Otra muestra clara de ello, es que  el Congreso Nacional Indígena (CNI-CIG), en su PRONUNCIAMIENTO DE LA SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO acerca del Proyecto del tren maya declaró:

“Abajo no tenemos más que defender la vida con o sin las mentiras del gobierno que sale (de Enrique Peña Nieto), del gobierno que entra (de López Obrador). Porque las palabras sobran cuando se amenaza a los pueblos Binniza, Chontal, Ikoots, Mixe, Zoque, Nahua y Popoluca del Istmo de Tehuantepec con sus proyectos Transístmico y la expansión de las Zonas Económicas Especiales”. También “a los pueblos Mayas con su proyecto de tren capitalista que despoja y destruye a su paso la tierra”.

Este es el posicionamiento que han construido los pueblos que discutieron en 9 mesas de análisis durante tres días de trabajo compartiendo sus reflexiones y acciones tomadas en sus territorios.

 

CON INFORMACIÓN DE: PROCESO, Aristegui Noticias y Congreso Nacional Indígena

 

 

 

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