César Astudillo observó que el presidente ha mostrado resistencia con respecto a la actuación de los otros poderes.

Luego de que el mandatario Andrés Manuel López Obrador enviara una misiva al presidente de la SCJN para que investigue al juez que otorgó una suspensión provisional a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por su gobierno, dicho acto es considerado por juristas como una presión excesiva contra el Poder Judicial de la Federación (PJF), lo cual también se podría traducir en que se resiste a respetar la autonomía de todos los poderes de la Unión.

Diego Valadés, quien fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que tras el envío de dicha carta, está claro que el mandatario no incurre en ningún acto ilegal. Sin embargo, consideró que desde un punto de vista político, “sí está ejerciendo una presión excesiva”. 

Luego de destacar la respuesta del presidente de la Corte quien, dijo, reafirmó los valores principales del poder Judicial que son su independencia y autonomía, el ministro en retiro destacó que en todo caso el resultado sobre una investigación contra el juez no dependerá de la presión que el mandatario ejerza “sino de la capacidad que tengan las instituciones que son objeto de presión para doblegarse o para reafirmar la autoridad y su competencia”. 

El doctor en derecho e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, añadió que tal acto presidencial no tiene precedentes.

A la vez, el jurista reconoció que en efecto se han dado decisiones por parte de los juzgadores que no corresponden a las expectativas, sobre todo en cuanto a la acción jurisdiccional para castigar a los presuntos delincuentes, pero argumentó que esto no depende de la voluntad de los jueces, ya que muchas veces depende de factores como la mala integración de los expedientes de los fiscales, y también de una legislación extremadamente protectora de los interés de los justiciables.

“Lo que estamos viendo en este momento obliga a que revisemos con mucho detenimiento tanto las disposición constitucionales como las legales en materia de justicia porque están generando una fricción excesiva entre los órganos del poder, particularmente del presidente y la Judicatura mexica”, dijo.

Misiva inusual

Por su parte, César Astudillo, también investigador del IIJ de la UNAM, definió como inusual la carta enviada por el Ejecutivo, ello debido a que “detrás de la solicitud del presidente, hay un indicio de que esta suspensión se otorgó de manera irregular  y por eso se pide que se investigue, lo cierto es que los tramites ordinarios cuando hay un indicio con pruebas que determinen la probable comisión de un ilícito por parte de juez, se presentan al Consejo de la Judicatura.

“Imaginemos lo que significaría que por cada suspensión que no nos gusta mandáramos a investigar a los jueces, eso no sería imposible”, resaltó.

Además, explicó que dicha suspensión es provisional y se tienen que esperar a un amparo definitivo para tener mayores elementos de acusación, lo cual, añadió, podría tardar meses.

“Me parece totalmente inadecuado y manda un mensaje de poco respeto”, al tiempo que subrayó que el presidente, muy a su estilo, utiliza las mañaneras para señalar todo aquello que no le gusta y los obstáculos para que se concrete su proyecto, lo cual se podría traducir en que existe una resistencia por parte del gobierno encabezado por López Obrador sobre los otros poderes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con presentar una reforma constitucional en caso de que el poder judicial determine que la nueva Ley de la Industria Eléctrica es inconstitucional.

“Yo estoy seguro de que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan jueces, magistrados, ministros de que es inconstitucional y de que no puede proceder, iniciaría una iniciativa de reforma a la Constitución”, advirtió desde Palacio Nacional. Al defender las modificaciones a dicha que, entre otras cosas pretende limitar la participación de compañías privadas para dar un mayor peso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de energía, el mandatario mexicano aseguró que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se aplicará a pesar de los amparos que se han concedido en su contra.

“Nosotros somos muy perseverantes. ¿Qué va a pasar si declaran inconstitucional la Ley? Va la reforma a la Constitución. ¿Que necesitamos dos terceras partes para aprobar una reforma constitucional? Pero que lo decida el pueblo; además, qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, para seguir manteniendo privilegios”, sostuvo el mandatario durante su conferencia matutina.

En cuanto a las empresas que se verán afectadas por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente aseguró que busca la negociación e incluso algunas han manifestado su intención de llegar a acuerdos, “estamos nosotros en la mejor disposición de que haya acuerdos, nada más que tiene que haber descuentos”.

Monreal defiende la Ley de la Industria Eléctrica

Por otro lado, Ricardo Monreal, señaló que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es constitucional y así lo resolverá, en última instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República no descartó que en la cámara alta se pueda aprobar una eventual reforma constitucional en materia energética, en caso de que así lo proponga el presidente Andrés Manuel López Obrador.

CON INFORMACIÓN DE EL ECONOMISTA

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *