BUSCA EL GOBIERNO DESTRUIR A LA POLICÍA COMUNITARIA DE LA CRAC,DENUNCIAN EN FORO INDÍGENA DE LA ONU

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En el 15º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestio-nes Indígenas de la ONU, que se celebra en Nueva York, la representación de los pueblos indígenas de Guerrero denunció que el gobierno federal ha emprendido “una campaña institucional despiadada” para destruir a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
También exhibió la intención de las autoridades de despedir a más de mil maestros guerrerenses “que, en una posición digna y firme”, rechazaron evaluarse, por lo que solicitó la intervención del organismo internacional para atender estos problemas.
En el Foro participan expertos y representantes indígenas de todo el mundo, con el objetivo de discutir y realizar recomendaciones que luego serán elevadas al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
Ayer en su intervención durante el foro, que comenzó el 9 de mayo y concluirá el próximo viernes, el promotor de la comunidad de Temalacatzingo como nuevo municipio, miembro de la Unión de Comunidades Indígenas Nahuas y secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Pánfilo Sánchez Almazán, manifestó que “los niveles de violencia e inseguridad pública en México son aterradores y lacerantes, particularmente en el estado de Guerrero, donde a diario nos enteramos de noticias que dan cuenta de decenas de ejecutados”.
En su discurso, que compartió con esta redacción vía correo electrónico, Sánchez Almazán aseguró que los índices de violencia en Guerrero repercuten de manera negativa en el turismo internacional al grado que gobiernos extranjeros han recomendado a sus conciudadanos no viajar a lugares específicos de esta entidad.
“Esta problemática se ve alimentada con el reclutamiento de jóvenes y ciudadanos humildes desempleados a las filas del crimen organizado que ven esta opción laboral ilícita como una válvula de escape a su precaria situación económica. Paradójicamente, el poder público alienta a miles de personas a enrolarse y dedicarse a actividades ilícitas al negarles y arrebatarles derechos tan elementales como los de trabajo digno, estabilidad laboral y permanencia en sus centros de trabajo”, dijo.
En nombre de los pueblos indígenas de la Montaña de Guerrero, denunció en el foro internacional que existen actos y omisiones perpetrados por el Estado mexicano en perjuicio de las comunidades.
Agregó que “la violación sistemática de los derechos humanos de los colectivos indígenas en México no es novedad y cada vez se profundiza más cuando desde las instituciones políticas y públicas se niegan y se mutilan derechos fundamentales como son el de libertad, autonomía, estabilidad en el empleo, salud y vivienda”.
En materia de seguridad pública, denunció que se persigue y se castiga a quienes se organizan para protegerse de la violencia y de la delincuencia organizada.
Aseguró que desde el gobierno federal se ha emprendido “una campaña institucional despiadada” para destruir el sistema de procuración e impartición de justicia de la Policía Comunitaria de la CRAC, pese a que en la Costa Chica y Montaña abatió eficazmente los altos índices delictivos.
Aseguró que esta campaña consiste en la prefabricación de delitos, y el encarcelamiento masivo de coordinadores y policías comunitarios como una estrategia de contención y “exterminación” de toda forma de organización de los pueblos indígenas.
Sánchez Almazán expuso que los pueblos indígenas participan en un frente por la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, “ante el peligro inminente de un masivo despido injustificado” de aproximadamente mil 310 profesores guerrerenses que, “en una posición digna y firme”, desacataron el llamado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de evaluarse.
Manifestó que esa evaluación tiene fines persecutorios y sancionadores, “producto ésta de una ilegítima, lesiva y retrógrada reforma laboral-administrativa vendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto como una reforma educativa”.
Expuso que la federación está empleando todos los instrumentos “intimidadores, mecanismos coercitivos y recursos económicos” para desactivar y desparecer la disidencia magisterial, “recurriendo a viejos método de represión dictatoriales: violación sistemática de los derechos humanos, encarcelamientos, desapariciones forzadas, torturas y perversas campañas permanentes de desprestigio en los medios de comunicación cooptados por el sistema político”.
También lamentó que pese a las gestiones hechas ante las instancias correspondientes, no se han creado aún los cuatro nuevos municipios indígenas que proponen: Las Vigas, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Temalacatzingo, que pertenecen a San Marcos, Cuajinicuilapa, Malinaltepec y Olinalá.
“Por todo lo anterior, ante este honorable organismo internacional de defensa de los derechos humanos, solicitamos su intervención a efecto de que inmediatamente se libere a los presos políticos del estado de Guerrero y de México, se apruebe la creación de los municipios indígenas guerrerenses (…) se respeten los derechos laborales de los trabajadores de la educación y cese la persecución contra los integrantes de la CNTE”, expuso.
También exigió que se respeten los procesos de los pueblos y comunidades indígenas que buscan elegir a sus autoridades municipales por conducto de sus sistemas normativos.
Junto a Pánfilo Sánchez, también asistió el ex diputado federal y asesor en la Cámara de Diputados en el tema de los pueblos originarios, Marcos Matías Alonso.

 

Fuente: EL SUR

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