Comisión aprueba la Guardia Nacional; sólo cinco años estaría bajo control de la Sedena

 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego del rechazo de la sociedad civil y partidos de oposición a que la Guardia Nacional esté bajo mando militar, Morena modificó la iniciativa y propuso que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga el control tan sólo durante los primeros cinco años; posteriormente lo cederá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Dicho cambio, más otros tres centrales, no generaron el respaldo de PAN, PRD y MC durante la votación en la Comisión de Puntos Constitucionales. Sin embargo, Morena y el Partido Encuentro Social (PES) lograron sumar 18 votos a favor, por lo que se aprobó en lo general el dictamen que modifica 13 artículos de la Constitución y crea siete transitorios para dar paso a la nueva Guardia Nacional.

El PRI estuvo ausente en la votación pero, horas antes, durante los posicionamientos, aclaró a través de la diputada María Alemán: “no encontramos condiciones suficientes que nos permitan definir nuestro voto”.

Al final se lograron 18 votos a favor (16 de Morena y dos del PES), seis en contra (PAN tres, MC dos y PRD uno). En total son 33 quienes integran la comisión; el PRI, que cuenta con tres votos, no acudió; el PVEM, que tiene uno, tampoco asistió; el PT, que tiene dos, no estuvo, y faltaron dos diputados del PAN y uno de Morena.

El nuevo dictamen incluye reformas a 13 artículos de la Constitución, los cuales dan paso a la creación de la Guardia Nacional. Para lograr el respaldo de los partidos opositores, Morena cabildeó entre los gobernadores y, desde la noche del miércoles, corrió la versión de que estaban de acuerdo.

Sin embargo, el PRI dejó en suspenso su voto; se espera que este último vote a favor en el pleno el día de mañana viernes y lograr así los 334 votos que se requieren para los cambios constitucionales.

La modificación central del dictamen establece que el mando lo tenga la Secretaría de la Defensa Nacional pero “por un plazo máximo de cinco años, como excepción”, y transcurrido el tiempo, estará en forma “permanente” bajo la égida de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

El segundo cambio que se establece y con el cual se busca obtener el respaldo de la oposición en el pleno de la Cámara de Diputados es que el Congreso “podrá disolver” la Guardia con el voto de las dos terceras partes. Sin embargo, el articulado no define en cuáles casos se podrá realizar tal disolución.

Un tercer cambio es que la Guardia Nacional sólo podrá entrar en funciones una vez que se expidan la Ley Orgánica de la Guardia Nacional y la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Ello deberá ocurrir durante los meses de enero y febrero. Así, la Guardia Nacional empezaría a operar oficialmente a  partir del 1 de marzo de 2019.

Y el cuarto cambio es la precisión de que los detenidos serán “sin demora y exclusivamente” puestos bajo la custodia de las autoridades civiles, nunca militares.

“Los detenidos deberán ser puestos a disposición, sin demora, exclusivamente ante autoridades de carácter civil” y, “en todos los casos, existirá un registro inmediato de la detención”, se indica en el artículo 16 de la Constitución. La propuesta inicial no contenía tiempos, exclusividad ni registro.

Unido a la anterior disposición y para atender las demandas de la sociedad civil, Morena sumó al artículo 13 que las faltas contra la disciplina militar en que incurran los integrantes de la Guardia Nacional “serán conocidas por las autoridades militares”. La primera versión solo incluía que serían conocidas por la autoridad civil; ésta se mantiene.

La nueva propuesta también incluye que el Presidente de la República puede “ordenar”, “disponer” y “reglamentar” las policías auxiliares de los estados, los cuerpos de seguridad privada autorizados por la federación, y las “herramientas tecnológicas aplicadas a la seguridad pública, de conformidad con la ley respectiva”. No se aclara si se refiere a la autorización para escuchas privadas.

La nueva confección de reforma a los 13 artículos constitucionales impone obligaciones para los gobiernos locales y les condiciona la entrega de recursos económicos en materia de seguridad pública.

Por ejemplo, señala tres revisiones: durante los tres primeros años, el gobierno realizará un programa de reestructuración orgánica y funcional, así como el fortalecimiento de las capacidades de las policías civiles.

Al segundo año de entrada en vigor la Guardia Nacional, el Ejecutivo Federal enviará a ambas cámaras una evaluación y los alcances logrados.

También en esos dos años, el Consejo de Seguridad Interior, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hará un diagnóstico para determinar el estado de fuerza y las capacidades de las instituciones de seguridad pública de la federación, estados y municipios.

Dicha evaluación servirá para establecer si las policías municipales ya se pueden encargar de la seguridad pública. De no ser así, el Secretariado Ejecutivo  intervendrá a la policía estatal o municipal. Y se les capacitará.

Seis meses después, si persiste la falta de fortaleza institucional que no permita a las policías asumir su función, no se les entregará el dinero que les corresponde para atender la seguridad pública:

“Descontará el rubro de participaciones federales en el ramo de seguridad pública al gobierno de la entidad federativa o del municipio respectivo, el monto que corresponda por la prestación del servicio de seguridad pública que realiza la federación a través del cuerpo de seguridad respectivo”.

La discusión del dictamen se realizó con un par de tropiezos que llevaron a la Comisión de Puntos Constitucionales a trasladarse a otro salón de sesiones.

Primero, cuando aún se discutía el orden del día, Alfredo Lecona, integrante de la agrupación civil Seguridad sin Guerra, se ubicó en el panel o cartel que forma parte del escenario e identifica a la Comisión de Puntos Constitucionales, y escribió sobre ella: “aquí no se escucha” y “No a la mili….” En ese momento fue interceptado por elementos de seguridad de la cámara y se declaró un receso.

Después, luego de que Morena anunció que habría cambios (los arriba descritos), se dio un receso de dos horas y media para que la oposición los conociera. Al intentar reanudar la sesión, los colectivos Seguridad sin Guerra, Causa en Común y Cencos se sentaron en los lugares de la presidencia, por lo que el encuentro se trasladó al llamado “salón verde”.

Luego de varias horas de discusión, el dictamen fue avalado en lo general y lo particular, con la ausencia del PRI. Minutos después de la votación en lo general, se permitió hablar al dirigente de la agrupación Seguridad Sin Guerra, Alfredo Lecona, quien dijo que Alfonso Durazo les mintió pues les había asegurado que la Guardia Nacional estaba “desechada”. Sin embargo, y aunque no se escuchó a las víctimas, sostuvo, “les damos un voto de confianza”.

Mañana viernes se dará primera lectura en el pleno para votarse el domingo, donde se espera que Morena-PES-PT y PVEM, que juntos suman 311 votos, cuenten con el respaldo del PRI (47 votos) para alcanzar así los 334 votos para poder aprobar cambios a la Constitución.

De inmediato pasará al Senado de la República para su discusión y, en caso de ser avalado, pasará a los Congresos estatales en busca del respaldo de por lo menos 17 de ellos.

La noche del miércoles se corrió la versión de que los gobernadores de todos los partidos estaban a favor de la creación de la Guardia Nacional.

Fuente: Proceso

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