El poder de fuego del narco desafía al Estado.

De la Operación Cóndor en la década de 1970 al Operativo Conjunto Michoacán que lanzó el presidente Felipe Calderón, el país se ha sometido a distintas estrategias de seguridad en las que los ciudadanos son los más vulnerables.

Un “llamado de auxilio” del entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, fue lo que motivó en 2006 a Felipe Calderón a lanzar un primer operativo para enfrentar al crimen organizado.

Cárdenas acudió al presidente electo Felipe Calderón, quien diez días después de rendir protesta anunció el arranque del Operativo Conjunto Michoacán.

Lo que ocurrió después fue que entre 2006 y 2012 iniciaron once operativos que involucraron al menos a 50 mil elementos de las fuerzas armadas.

Casi cuatro décadas atrás, cuando inició la Operación Cóndor —la más grande desplegada hasta entonces contra la destrucción de cultivos de droga en el país— sólo se contó con 10 mil soldados.

Endurecer la lucha contra las drogas puso a prueba el poder de fuego de las organizaciones criminales en México, las cuáles confirmaron que parte de los ingresos obtenidos por sus actividades ilícitas se reinvirtieron en ampliar capacidades militares.

La respuesta del gobierno fue entonces involucrar aún más a las fuerzas armadas, lo que a la postre dejó a la ciudadanía vulnerable ante violaciones de derechos humanos.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, al menos se acumularon 9 mil 200 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH).

Y es que entre 2006 y 2011, la mitad del país se sumergió en un operativo armado contra el crimen organizado gracias a una estrategia de seguridad que reconoció, desde el primer momento, la necesidad de frenar el avance de los grupos delincuenciales. Contrario a lo que pasó en otras administraciones.

Con Vicente Fox, por ejemplo, fue hasta 2005 —sólo un año antes de entregar el cargo— que se inició un operativo armado contra el crimen organizado.

Se trató del Operativo México Seguro, que inició en Sinaloa en junio de ese año sólo tras la violencia que generó en la entidad el rompimiento de los cárteles de Juárez y de Sinaloa. Antes de eso, según narra Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el tema del avance del narcotráfico y el crimen organizado en el país se había ignorado.

Cambios desde el fondo

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¿Qué ocurrió con las estrategias de seguridad de siete presidentes y qué consecuencias tuvo para la ciudadanía? Esta visualización lo muestra. / Foto: Cuartoscuro.

Un sexenio antes, con Ernesto Zedillo, lo que ocurrió fue la primera detención de un alto mando por nexos con el narcotráfico y con ello, el inicio de grandes cambios institucionales para el combate al crimen organizado.

En 1997 fue detenido el general Jesús Gutiérrez Rebollo, zar antidrogas con Zedillo. Se le acusó de proteger a Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los cielos’, y propiciar el fortalecimiento del Cártel de Juárez en el país.

Además de la presión internacional para redoblar esfuerzos en la lucha contra el tráfico de drogas, la detención de Gutiérrez Rebollo derivó en importantes cambios institucionales: desapareció el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas y se dio paso a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud. En 1999 se creó la Policía Federal Preventiva (PFP) para unificar las distintas policías y desmilitarizar el combate al tráfico de drogas y en el 2000, Vicente Fox creó la Secretaría de Seguridad Pública y transformó la Policía Judicial Federal en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Sin embargo, los cambios duraron poco. El sexenio de Fox terminó con seis mil 500 policías y agentes federales y al llegar al poder, Felipe Calderón, desapareció tanto a la AFI como a la PFP y creó a la Policía Federal, a la que quintuplicó en número de agentes en seis años.

Los cambios de Calderón obedecieron a evidencias de que la delincuencia organizada y el narcotráfico habían penetrado hasta los más altos niveles de la policía en México.

Pero al fortalecimiento de la policía federal se sumó la decisión de aumentar la operación del Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen organizado ya no sólo en la incautación y quema de cultivos de droga si no también en grandes operativos armados que, como ya se dijo, ocuparon al menos la mitad del país.

De esta forma, el gasto en seguridad aumentó 148% en menos de diez años, pues pasó de 2003 a 2011 de 51 mil millones de pesos a 128 mil 300.

Pero pese a este gasto, lo que también cambió en México fue la tasa de homicidios. De 2007 a 2011 esa tasa pasó de nueve por cada cien mil habitantes a 24. Una multiplicación sin precedentes.

NarcoData presenta en esta visualización “La lucha contra las Drogas” un breve panorama de lo que ocurrió durante el desarrollo de las estrategias de seguridad de siete presidentes y las consecuencias de éstas en la vida y desarrollo de cada una de las organizaciones criminales que han operado en el país.

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