EL REFLEJO DEL AUTORITARISMO DEL GOBIERNO MEXICANO

Este fin de semana, en cosa de horas, un mensaje se replicó en las cuentas de Twitter de algunos de los políticos más poderosos. La secretaria de Gobernación y varios secretarios de Estado, el vocero del gobierno federal, el responsable de investigar los delitos financieros, legisladores, directores de medios de comunicación del gobierno y hasta el encargado de combatir el coronavirus en México se alinearon para defender a una funcionaria e insultar a periodistas en un acto de intimidación gubernamental. La funcionaria es la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, la encargada de combatir la corrupción. Uno de los periodistas soy yo.

Una vez más en este sexenio, una investigación periodística refleja lo poco que el gobierno mexicano respeta la transparencia, la rendición de cuentas, la libertad de expresión y, sobre todo, el combate a la corrupción.

Ella es la portadora de la bandera de honestidad que llevó al poder al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Y según una investigación periodística que publicamos en Latinus recibió, de manera indebida por parte del gobierno, un terreno público para su goce privado cuando era académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ya formaba parte del movimiento encabezado por el ahora presidente.

El reportaje también señala —todo con base en documentos obtenidos a través de fuentes públicas— que, pese a tener un salario modesto como investigadora universitaria, compró de contado junto con su esposo —el también académico y lopezobradorista John Ackerman— cinco propiedades inmobiliarias en solo nueve años.

La secretaria y su esposo, quien fue contratado como uno de los conductores estrella de la televisión pública tan pronto AMLO llegó a la presidencia, respondieron virulentamente en Twitter a la investigación. Él solo insultó. Ella acompañó los insultos con un comunicado oficial de la dependencia a su cargo, en el que se acepta que recibió la propiedad pero argumenta que fue un acto de justicia por una añeja lucha por la vivienda encabezada por su padre. En las expresiones públicas de la pareja, argumentaron que el terreno se escrituró a nombre de ella por ser la mayor de los hermanos, y que se pagaron los trámites de regularización. Eso no contradice el argumento central del reportaje: el gobierno le regaló un terreno.

El reportaje señala que ese terreno se lo entregó en 2007 el gobierno de Ciudad de México, que en ese momento tenía en el poder al grupo lopezobradorista que hoy ostenta el poder federal, y había sido expropiado tras invasiones de grupos sociales. Una vez en manos del gobierno, un funcionario del mismo grupo político se lo cedió a Irma Eréndira Sandoval, pese que la ley prohíbe expresamente entregar bienes públicos para beneficio de un particular. No es que la funcionaria viviera ahí y necesitara la vivienda: ya para entonces tenía una casa en una zona acomodada de la capital.

Sobre las otras cinco propiedades, también aceptaron que las adquirieron en tan solo nueve años, y que fue con sus sueldos de académicos, sumados a ayudas familiares y un premio que recibieron. Nada de esto fue transparentado en su declaración patrimonial. En ella no aparecen las palabras donación o herencia, sino compra y cesión cuando se trata de las propiedades. Como no salen las cuentas, el esposo de la secretaria fue tajante: “No estamos obligados a explicarle nada a nadie con respecto al patrimonio privado que alcanzamos a construir con un gran esfuerzo”. El reportaje señala que el valor real de esas propiedades es de 60 millones de pesos.

Así, la secretaria de Estado encargada de combatir la corrupción, al verse cuestionada, en lugar de explicar y transparentar como se esperaría de alguien en su cargo, y lejos de mostrarse abierta a una investigación independiente sobre el origen y valor real de su patrimonio, respondió con insultos y amenazas a los periodistas que participamos en la investigación.

Su discurso prendió alarmas en el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quien condenó el lenguaje amenazante y estigmatizante de la funcionaria. Una vez más, se exhibe que la libertad de expresión está en peligro en el México de AMLO.

La zarina anticorrupción, que recibió un beneficio indebido por su militancia política, amenaza a la prensa en nombre del gobierno de México. No es casual. AMLO calumnia, insulta e intenta intimidar diariamente a los periodistas desde la tribuna de su conferencia de prensa matutina.

Irma Eréndira Sandoval es la misma funcionaria que estuvo encargada de investigar —mejor dicho, de exonerar— al poderoso director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, cuando en otra investigación documentamos la red de 23 propiedades y 12 empresas que no incluyó en su declaraciones patrimonial y de intereses.

Bartlett es un político con casi seis décadas en la función pública y quien quizá encarna el mayor símbolo de corrupción y autoritarismo del viejo régimen del Partido Revolucionario Institucional. Tras la publicación de nuestro trabajo periodístico, fue defendido de inmediato por el presidente, quien al mismo tiempo que ordenó abrir una investigación, instruyó su resultado. “No se puede acusar sin pruebas”, dijo en su conferencia, antes de calumniar, insultar e intentar intimidar a los periodistas que documentamos el inmenso y escondido patrimonio del funcionario.

La investigación de la secretaria Sandoval concluyó —era esperable— que Bartlett era inocente y le extendió un certificado oficial de honestidad que sigue siendo motivo de burla en todo el país. El autoproclamado gobierno anticorrupción protege a sus funcionarios cada vez que se demuestra su corrupción. Su discurso es pura saliva.

Esta vez, la investigación impactó en la línea de flotación, en la columna vertebral del discurso obradorista: la funcionaria que persigue a los corruptos, a quien le gusta que le llamen “la incorruptible”, resultó salpicada.

Todos los días, el presidente y sus subalternos hablan de honestidad. De hecho, AMLO afirma que “arriba ya no hay corrupción”. La realidad demuestra que sigue más viva que nunca. No sólo la corrupción al más alto nivel, como exhiben estas y otras investigaciones, sino también en el día a día de los mexicanos: recientemente, datos del INEGI revelaron que el primer año de gobierno lopezobradorista registró aún más actos de corrupción que el último de Enrique Peña Nieto, quizá el presidente más corrupto de la historia reciente de México.

El presidente y su gobierno enfrentan una crisis múltiple: el pésimo manejo de la emergencia sanitaria por el coronavirus los ha rebasado y los muertos ya superan los 20,000; la crisis económica la enfrentan cruzándose de brazos y negándose a establecer un programa de apoyo a empresas y trabajadores; y los reclamos de diferentes grupos sociales van en aumento. Ante ella, tanto el presidente como los suyos, en vez de comportarse como representantes de Estado, solo atinan a perseguir a quienes documentamos las malas prácticas que su gobierno produce sin descanso.

AMLO solía decir, antes de llegar al poder, que los presidentes se comportaban como jefes de pandilla cada vez que se documentaban las trapacerías de los suyos. Hoy las cosas no han cambiado.

OPINIÓN: By Carlos Loret de Mola A.  | THE WASHINGTON POST

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