Durante 2019, en México fueron asesinadas 21 personas defensoras de los derechos humanos a causa de su labor; entre enero y septiembre se registraron oficialmente 726 feminicidios, por lo que al cierre del año podría haber un “máximo histórico” den este delito; se intensificó la detención y deportación de migrantes, más de 165 mil; y la crisis de inseguridad persiste.

Así lo documentó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RTDT) -conformada por 83 organizaciones de todo el país- en un balance sobre la situación de las garantías fundamentales del año pasado, difundido este 1 de enero.

Consideró que 2019 fue un año “incómodo” en la materia para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en la oportunidad que el Estado mexicano tiene para demostrar al mundo su compromiso con los derechos humanos.

Fueron 12 meses “de altos contrastes y confrontaciones (…) por lo que 2020 nos llama a ser realistas y claros en nuestras interacciones como sociedad. Las descalificaciones que sólo buscan distraer la atención serán desoídas por un pueblo deseoso de que sus derechos forjen un futuro justo y venturoso para todas y todos”.

En su balance, la RTDT documentó que los defensores de derechos humanos siguen desempeñado su trabajo en condiciones de alto riesgo y la persistente violencia en su contra es preocupante, en particular contra defensores de la tierra y el territorio y la criminalización y agresiones contra defensores de migrantes y personas que han sido desplazadas de manera forzada.

Tiene registro de 21 defensores asesinados en el año, y al menos en seis casos, “los gobiernos municipales fueron actores clave para perpetrar las agresiones en su contra, fungiendo sobre todo como autores intelectuales”, aunque la violencia hacia este gremio también viene de las estructuras más altas del Estado.

“Para 2020, el Estado tiene el reto de generar las condiciones para combatir efectivamente las agresiones contra las personas defensoras, específicamente el asesinato y la ejecución extrajudicial”, enfatizó la Red TDT.

En lo referente a las agresiones contra las mujeres, destacó la organización de éstas para salir a las calles y exigir un alto a la violencia de género, la cual -documentó la Red- ha aumentado de manera alarmante en algunas entidades, siendo las más peligrosas Chihuahua, Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz.

“Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2018, a nivel nacional se contabilizan 11 delitos sexuales cometidos contra mujeres, por cada delito sexual cometido contra hombres.

Aunado a ello, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que de enero de 2017 a agosto de 2019 se registraron 2 mil 352 feminicidios: 742 en 2017, 884 en 2018 y de enero a septiembre de 2019 fueron 726, “por lo que lo más probable es que haya un nuevo máximo histórico. Las compañeras lo dicen con mucha claridad: el Estado está obligado a garantizar efectivamente el derecho a una vida sin violencia para las mujeres”, planteó la RTDT.

A finales de 2018 el flujo migratorio a nuestro paìs creció por el surgimiento de las caravanas migrantes, esto generó un reto en la materia y el gobierno mexicano “optó por decisiones que han puesto en riesgo a miles de personas provenientes principalmente de Centroamérica y el Caribe, y cada vez más de países de África y Asia. Con la firma de los acuerdos comerciales con Estados Unidos en junio, México aceptó colocar como moneda de cambio la vida de los migrantes y necesitados de protección internacional”.

La Red reportó que datos oficiales indican que entre enero y octubre de 2019, 165 mil 988 personas provenientes de estos lugares fueron detenidas en la frontera sur o en algún punto de la ruta y llevadas ante la autoridad migratoria.

“El 2019 colocó al país entre las presiones políticas y las convicciones humanitarias. De esta manera se instrumentó un cambio en la política migratoria mexicana que no responde a la tradición del Estado mexicano ni honra nuestro carácter de país de emigrantes”.

Las personas defensoras de migrantes han dado una muestra de tenacidad creativa para humanizar la política migratoria de nuestro país. Desde la óptica del derecho a defender derechos humanos seguiremos acompañando este esfuerzo.

También vemos con preocupación el incremento de los flujos de desplazamiento interno forzado al norte, al centro y al sur del país. Este fenómeno, como expresamos líneas arriba, está impactando de una manera clara y negativa a las personas defensoras que acompañan a las colectividades desplazadas, además de alejar la posibilidad real de encontrar soluciones razonables a un fenómeno tan descarnado.

“En seguimiento a nuestro papel para impulsar y facilitar la relación de las organizaciones de la Red TDT y del movimiento de derechos humanos en su conjunto nos parece fundamental el acompañamiento de los organismos internacionales en relación a preocupaciones comunes sobre derechos humanos.

Por ello, demandó a las autoridades mexicanas a facilitar la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las fronteras norte y sur, así como la visita de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez Damary.

FUENTE: La Jornada

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