ESTADO MILITAR O DICTADURA : LOS RIESGOS DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES

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Ya de madrugada, y a escasas horas de que terminara el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, el pasado viernes 29 de abril, el Senado de la República aprobó modificaciones al Código de Justicia Militar y expidió el Código Militar de Procedimientos Penales a pesar de que diversas voces advertían que algunos de sus artículos podrían implicar violaciones a los derechos humanos y otras calificaron ambos dictámenes como inconstitucionales.

Ambos códigos habían sido aprobados, apenas una semana antes, por la mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados, entre acusaciones de negociaciones en lo oscurito, marginar a varios partidos de oposición de la discusión de modificaciones de último momento y de la celeridad con que se trató el tema, incluso en el trabajo de las comisiones. Como en otros temas escabrosos, entre los legisladores, lo de menos fue el debate.

Un día después de la aprobación de ambos textos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se prendió la primer alarma, pues un diario de circulación nacional publicó que la nueva legislación facultaba al Ejército mexicano llevar a cabo cateos en instalaciones de dependencias públicas, incluido el mismo Congreso de la Unión, disposición contraria a lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, este señalamiento fue el único que en la opinión pública logró hacer un poco de ruido, aunque es sólo la punta de una serie de violaciones a derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna y de los que los mexicanos apenas comenzábamos a adueñarnos como el derecho de acceso a la información.

Ley mordaza y violaciones a DD. HH.

En el Congreso, el único en advertir sobre el tema, fue el senador del Partido del Trabajo (PT), Marco Antonio Blásquez Salinas –primer legislador identificado con la izquierda en ser electo por las entidades de la frontera norte, pues es representante de Baja California- al denunciar en tribuna que estas disposiciones atentan contra la libertad de expresión.

“En el esfuerzo por mantener la disciplina militar en el fuero de guerra, esta ley termina por conculcar el derecho a la información de los mexicanos. Sostengo que con este código, se viola la libertad de expresión, ya que la presencia de las compañeras y compañeros periodistas en las salas y audiencias de los procesos militares queda supeditada al criterio discrecional del titular del órgano jurisdiccional castrense. La discrecionalidad, lo sabemos, es la antesala del abuso”, argumentó el legislador ante un pleno casi vacío en donde había más asesores y secretarios particulares que senadores.

Blásquez advirtió que, además, se expone a los periodistas a ser víctimas de abusos por la pretensión de imponerles multas e incluso, arrestarlos por el sólo hecho de cumplir con su labor informativa, lo que implica un desconocimiento del derecho a la libertad de expresión.

El legislador bajacaliforniano –que también es periodista- explicó que en el cuarto párrafo del artículo 4 del Código Militar de Procedimientos Penales señala que: “los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional militar, conforme a lo dispuesto por la Constitución”; es decir, la posibilidad de reportear o documentar un juicio militar, quedaría a contentillo de un integrante de las Fuerzas Armadas.

En el último párrafo del artículo 54 del mismo código, se establece que “los periodistas y los medios de comunicación deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio la audiencia”, señaló el senador, con lo que se vulnera el principio de máxima publicidad, una de las características del Sistema Penal Acusatorio al que según legisladores oficialistas se pretende adecuar el proceso militar.

Aunque en un Estado de derecho –como se supone o nos quieren hacer creer que es nuestro país- se privilegia que la sociedad esté enterada de la forma en que se ventilan las causas penales y principalmente de que se haga justicia con pleno respeto a los derechos humanos, la puesta en marcha de estas nuevas disposiciones no es congruente con este precepto; situación que resulta verdaderamente preocupante, dados los señalamientos que de manera reiterada se han hecho en contra de las Fuerzas Armadas en materia de uso excesivo de la fuerza, práctica de tortura e incluso, como en el caso Tlatlaya, ejecuciones extrajudiciales.

El también presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Senado, llamó la atención respecto a la posibilidad que con esta ley se vulnere el derecho de los informadores de abstenerse a revelar sus fuentes pues, aunque en muchas ocasiones la secrecía de las mismas es la única forma de obtener datos y es de suma importancia salvaguardarlas –aunque el comunicador asuma el riesgo de quedar expuesto a represalias, ataques o agresiones- las nuevas disposiciones podrían obligar a que sean reveladas.

Blázquez criticó que los periodistas no hayan sido integrados a la lista de profesionales como abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros a quienes el artículo 359 del mismo ordenamiento garantiza el derecho de guardar secretos relacionados con la materia de su competencia y que no podrán ser obligadas a declarar.

“Si dejamos que los jueces o tribunales militares, de manera discrecional, decidan si dan acceso o no a los periodistas y además se encuentren habilitados para imponer medidas de apremio que van desde multas hasta arrestos, lo más probable es que las audiencias donde se acuse a militares se lleven a cabo en absoluta secrecía; lograrán imponer la ley mordaza dejando fuera de las salas de actuaciones a los medios de comunicación y exponiendo a los periodistas a todo tipo de atropellos”, advirtió el legislador y subrayó que no hay ninguna razón válida para intentar reprimir a la prensa “más que el deseo de ocultar hechos bochornosos que hemos conocido y seguramente se seguirán dando”.

Chuza en el Congreso

El análisis, discusión y aprobación de las modificaciones al Código de Justicia Militar y la expedición del Código Militar de Procedimientos Penales fue lo que en el argot legislativo se conoce como una bola rápida; es decir, los tiempos y procedimientos que debe seguir una iniciativa para convertirse en dictamen y luego aprobarse en el Pleno, fueron oportunamente “agilizados”.

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Víctor Manuel Sánchez Orozco explicó que el análisis de ambos textos en comisiones fue fast track y no fue sino hasta que el dictamen fue puesto a consideración de todos los legisladores de la Cámara de Diputados, donde detectaron irregularidades, lo que generó que partidos que votarían a favor de las propuestas cambiaran el sentido de su posición y presentaran modificaciones que, como generalmente pasa, ni siquiera fueron tomadas en cuenta.

El jueves 21 –día en que se discutió y aprobaron por mayorías las nuevas normatividades- una reunión fuera de agenda generó mayor suspicacia sobre el asunto.

Coordinadores de varios grupos parlamentarios se reunieron “tras banderas” –una pequeña sala ubicada a espaldas de la tribuna desde donde el presidente de la Mesa Directiva conduce la sesión- para negociar la posibilidad de hacer cambios al texto. Los representantes de Morena y MC, no fueron requeridos.

Incluso, se decretó un receso, para dar oportunidad de exponer las irregularidades encontradas y plantear modificaciones, “pero parece ser que unos grupos parlamentarios las vieron irreductibles y cerraron la posibilidad a cambios”, dijo el legislador en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.

El diputado señaló que su grupo parlamentario detectó disposiciones contrarias a preceptos de la legislación internacional y ratificados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); por ejemplo, que cuando civiles se vean relacionados en algún asunto de índole criminal que involucre a militares –ya sea como posible responsable o como víctima- el hecho debe ser juzgado por una autoridad civil.

Sin embargo, en el artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, se contempla la posibilidad que si es un militar el probable responsable de un delito cometido en contra de un civil, será juzgado por las leyes militares, lo que implica desventajas para el agredido y generar impunidad o encubrimiento.

“Hay un asunto preocupante: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado que cuando haya una violación grave a derechos humanos en una investigación militar, aunque sea entre militares, ese asunto no se debe juzgar por ellos; por ejemplo, un caso de tortura que pudiera darse entre militares, porque debe ser la autoridad civil la que realmente investigue a fondo y el tema no termine en encubriendo el problema”, abundó el legislador de Jalisco.

Sobre las facultades que se otorgaron a la milicia para que cateé oficinas de gobierno, incluidas las del propio Congreso, Sánchez argumentó que es un riesgo que atenta contra la libertad del ejercicio de creación de leyes -prerrogativa única del Poder Legislativo- y acto de incongruencia, pues en lugar de fortalecer a ambas cámaras para que puedan trabajar con la mayor libertad posible, se hizo lo contrario.

En San Lázaro, se habló, incluso, de la posibilidad de interponer una solicitud de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerar que diversas disposiciones de ambos ordenamientos son inconstitucionales.

En el Senado de la República, también se denunciaron las irregularidades en el procedimiento jurídico para la aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos, pues en cuestión de horas se cubrieron los trámites necesarios para ponerlo a discusión: el jueves por la mañana, al inicio de la sesión se le dio la “primera lectura” y horas más tarde, la mayoría de la asamblea dispensó la segunda.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez presentó un recurso denominado “Moción suspensiva”, para solicitar que se prorrogara la discusión del tema y que el dictamen fuera regresado a las comisiones, pues no se habían cumplido las disposiciones señaladas en la Ley Orgánica del Congreso ni en el Reglamento del Senado de la República.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) recordó que dos días antes, el 26 de abril, la Mesa Directiva del Senado había recibido de la Cámara de Diputados el oficio con el que se remitió el proyecto y fue turnado a las comisiones.

Apenas un día más tarde, se convocó a reunión extraordinaria de las comisiones arriba citadas y se aprobó el proyecto de decreto, con lo que se violó lo establecido en el artículo 186, numeral 2, del Reglamento del Senado que especifica: “…Una vez puesto de acuerdo a los responsables de su formulación en las comisiones unidas, el proyecto de dictamen se distribuirá a todos los integrantes de las mismas, por lo menos 24 horas antes de la reunión en que deba discutirse y votarse”, cuando los integrantes de las comisiones recibieron el texto sólo dos horas antes de la reunión a la que fueron convocados.

Encinas Rodríguez expuso que a través de una comunicación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en nuestro país, se hizo del conocimiento de los legisladores, la preocupación de esta instancia internacional por el contenido de los códigos al considerar que generan incertidumbre; por ejemplo, “en aquellos casos en los que se perdieron facultades para órganos de naturaleza militar, cuyas acciones pueden afectar a personas e instituciones civiles”, por lo que hizo un llamado a clarificar el ámbito de actuación de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales militares.

“De plantearse en estos términos el Código de Justicia Militar, que poco o nada tiene que ver con esta adecuación en materia de modelo acusatorio, estaríamos prácticamente generando condiciones de un Estado de excepción donde no hay garantía plena al ejercicio de los derechos civiles y de los derechos humanos”, advirtió el perredista.

El coordinador de la bancada del PT en el Senado, Manuel Bartlett, denunció que a las comisiones solamente les tomó siete minutos la aprobación del dictamen, lo que, evidentemente, implica que no hubo un estudio a fondo del mismo y advirtió que el dictamen engrandece a las Fuerzas Armadas por encima del Estado de derecho y de la soberanía popular.

“Están jugando con fuego. Así se empieza y se termina en dictaduras militares. No se juega con las armas, las armas están para defender la soberanía nacional, no para convertirse en la policía de nosotros mismos. Queremos al Ejército, pero lo queremos limpio; no queremos que lo manchen ni que lo manden a matar gente”, dijo el coordinador parlamentario.

A parte de los dos presidentes de comisiones que hicieron uso de la tribuna para explicar el contenido del dictamen, sólo un par de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tomaron la palabra para defender el texto, en contraste con una lista de por lo menos 10 senadores que lo hicieron para hablar en sentido negativo del mismo.

Los perredistas Dolores Padierna Luna, Fidel Demédicis Hidalgo, Isidro Pedraza Chávez, Raúl Morón Orozco y Armando Ríos Piter se pronunciaron en contra, al igual que Layda Sansores, del PT y el ya citado Blásquez Salinas.

Sin embargo, ya de madrugada, el documento fue aprobado por la mayoría de los senadores del PRI, del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

CNDH, una posibilidad

Para Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la aprobación del Código Militar de Procedimientos Penales, es una amenaza contra la libertad de expresión.

Consultado por Revolución TRESPUNTOCERO al respecto, el académico subraya que el argumento señalado durante la discusión del tema en el Senado, sobre que las modificaciones tienen por objetivo la sincronización con el nuevo Sistema Penal Acusatorio –que debe instrumentarse este año en todo el territorio nacional, luego de ocho años de transición- es una falacia, pues una de las principales características del acusatorio es la máxima publicidad, incluida la obligatoriedad que las audiencias públicas y en el ámbito militar, esto no sucederá con la normatividad aprobada.

El Código Militar establece que cada tribunal o juzgado militar definirá si permite el ingreso de periodistas a las audiencias, pero la limitación sobre la presencia de civiles no se detiene con los comunicadores, también pueden definir si asistirán a juicios las víctimas y sus familiares.

“Se restringe totalmente el derecho a la información, a los periodistas y se restringen otros derechos de las víctimas y de los propios familiares de quien es procesado ante la justicia militar”, advierte el constitucionalista.

Sin embargo, el también exdiputado federal, explica que hay algunos escenarios que pueden echar abajo las reformas recién aprobadas, por incluir disposiciones de carácter inconstitucional, aunque en todos debe esperarse a que los códigos sean publicados formalmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Se ve complicado que alguien las vaya a utilizar o emplear. Tal vez solamente lo harán los ciudadanos, las víctimas civiles o los ofendidos de carácter civil, podrían decidir acudir a un amparo para reclamar las violaciones a sus derechos y la inconstitucionalidad de esta reforma”, adelantó.

Desde el mismo Congreso de la Unión, se puede impulsar un recurso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la viabilidad de las nuevas disposiciones. La ley establece que el 33% de los legisladores de cualquiera de las dos Cámaras, podrán realizar esta petición.

Sin embargo, esta posibilidad no es fácil. Para que la Cámara de Diputados ingrese dicha petición, se necesitaría contar con el respaldo de 165 diputados. El bloque oficialista, conformado por los legisladores del PRI, PAN, PVEM, NA y PES, aglutinan a 379 diputados; es decir, partidos de oposición como el PRD, Morena, MC e incluso el diputado independiente, Manuel Clouthier Carrillo, únicamente alcanzan a contabilizar 121 espacios.

Esta posibilidad es inviable, al menos que 44 legisladores oficialistas brinden su respaldo a la petición de revisión. En el Senado, los números tampoco son buenos. El 33% equivale a 43 legisladores y la oposición sólo cuenta con 28 espacios, incluyendo a los dos senadores sin partido.

Otra posibilidad es que, si algún militar es procesado bajo esta nueva ley y considera que algún procedimiento vulnera sus derechos, puede promover un juicio de amparo y pedir la revisión de constitucionalidad de toda la normatividad que se le está aplicando aunque Cárdenas Gracia explicó que también es un escenario poco viable por la disciplina y jerarquía militar a la que están sujetos los elementos de la milicia.

Sin embargo, la única instancia con facultades para solicitar la revisión de ambos códigos sin necesidad que primero medie ofensa alguna contra la población civil o contra un militar, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Luis Raúl González.

“Vamos a ver si la CNDH se atreve a enfrentarse al Ejército mexicano. Ojalá que sí porque tiene facultades, ojalá se atreviera a revisar este dictamen y en su momento, cuando se publique en el DOF, promueva una acción de inconstitucionalidad porque el artículo 105 de la Constitución le faculta para ello”, expuso el investigador.

Claudicación del Legislativo

Desgraciadamente, para el constitucionalista, la legalidad de los códigos es solo una de sus preocupaciones.

Desde la declaración de guerra contra el narcotráfico, hecha por Felipe Calderón en diciembre de 2006, las fuerzas armadas de nuestro país han exigido instrumentos jurídicos para respaldar las nuevas funciones de seguridad y patrullaje que se les han asignado, y el gobierno de Peña Nieto parece haberlos escuchado con atención.

La pretensión del Ejército de estar “protegidos”, es responsabilidad “del presidente de la República y de los partidos que aprobaron esta reforma, lo que es muy preocupante porque, en un Estado democrático –si es que lo fuéramos porque claro, no lo somos- el Ejército debe estar subordinado a la autoridad civil y aquí se le está dando mucha fuerza a la autoridad militar, creo que por encima de la civil”, explicó Cárdenas.

Agregó: “si colocan al Ejército en una posición de jerarquía superior a la de las autoridades civiles, superior a los representantes de la llamada ‘soberanía popular’ -que son diputados y senadores- si el Ejército va a poder catear un recinto parlamentario, la pregunta es: ¿dónde queda el carácter representativo de los integrantes del Congreso, la soberanía del pueblo que, constitucional y jurídicamente está depositada en ellos?”.

El investigador subrayó que desde hace 10 años, el Ejército realiza funciones de seguridad pública que no son de su competencia, sino de las autoridades civiles –participación que incluso la SCJN avaló- lo que conduce a un tipo de “organización política de Estado”, donde la milicia tiene la posibilidad de socavar, controlar y subordinar a las autoridades civiles a contentillo.

“El Poder Legislativo está claudicando porque le devuelve el poder a los militares en tareas que no le corresponden como la seguridad pública y ahora, con motivo de la aprobación del Código de Justicia Militar y del Código de Procedimientos Penales, que no se concilian con un Estado de derecho”, criticó el exlegislador que formó parte de la LXI Legislatura.

Cárdenas Gracia advirtió que el Ejército en México irá teniendo mayor relevancia y será quien garantice reformas estructurales como la energética cuando; por ejemplo, grupos sociales, de campesinos o indígenas se opongan a la ocupación temporal de sus tierras o a la presencia de empresas privadas petroleras, gaseras o hidroeléctricas para explotar sus recursos, pues serán quienes repriman las protestas: “cuando vengan esos problemas o conflictos sociales, el arma represiva no va a ser la policía; el arma represiva va a ser el Ejército”, sentenció el investigador.

“Lo que da temor es que, la reacción de grupos sociales en contra de las reformas estructurales es salir a las calles a manifestarse y si el gobierno piensa que va a tener siempre de su lado al Ejército para reprimir a todos esos movimientos sociales, el Ejército puede decir: ‘bueno, si tengo tanto poder, si soy el que reprimo y garantizo la estabilidad para los negocios de las transnacionales, entonces, doy un golpe de mano’. Fortalecer al Ejército por encima de la autoridad civil, sí puede conducir a lo que decía el senador Bartlett: al establecimiento de un Estado militar, o hasta a una dictadura”, apuntó.

 

Fuente: Revolución TRESPUNTOCERO

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