Fallida respuesta de la PGR a peritos argentinos, dice AI

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 El director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México, Perseo Quiroz, calificó esta mañana como desafortunado que la Procuraduría General de la República (PGR) intente desprestigiar al equipo de peritos argentinos que trabajan en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, consideró que la PGR está intentando ganar el caso en el terreno mediático y estimó que la dependencia debería tomar en cuenta los señalamientos que hacen los peritos sudamericanos y no intentar desprestigiarlos.

Por separado, en un comunicado el organismo dijo que la respuesta dada por la PGR no resuelve las críticas hechas por este organismo y parece estar escrita para “responder con prisa” a las mismas y desacreditar a quien las formula.

La organización de derechos humanos recordó que el pasado 7 de febrero, el EAAF puso en duda las indagatorias de la PGR por considerar que sus conclusiones son prematuras y están basadas en un análisis sesgado de la evidencia disponible.

Asimismo, hizo pública su preocupación de que las conclusiones presentadas por el procurador Jesús Murillo Karam evidenciaban “graves deficiencias” en la investigación y fueron emitidas meses antes de la conclusión del trabajo forense.

“La respuesta inmediata de la PGR falló en abordar satisfactoriamente estas inquietudes. Peor aun, su declaración parece estar escrita para responder de prisa al cuidadoso examen realizado por el  EAAF y parece intentar desacreditar el trabajo y la reputación del EAAF en lugar de analizar las recomendaciones del equipo forense”, indicó AI.

De acuerdo con el EAAF, recordó Amnistía, la explicación gubernamental de los eventos no tomó en cuenta que, si bien no hay evidencia forense para vincular a los estudiantes desaparecidos a los restos humanos encontrados en el basurero en Cocula, sí existe clara evidencia de que al menos algunos de los restos pertenecen a víctimas no relacionadas con este caso.

De igual forma, recordó que el gobierno “sostiene su caso principalmente en los testimonios auto inculpatorios dados por los detenidos y evidencia forense muy limitada”.

A Amnistía Internacional “le preocupa que la evidencia podría haber sido manipulada. El EAAF reveló que 20 perfiles genéticos enviados a la Universidad de Innsbruck por las autoridades eran erróneos, y que el basurero de Cocula no estaba bajo custodia policial del 7 al 28 de noviembre de 2014. Estas inconsistencias deben investigarse adecuadamente por el gobierno, en estrecha colaboración con el EAAF, familiares de las víctimas y sus representantes”.

AI dijo que las familias de las víctimas han expresado en repetidas ocasiones que la PGR informa a los medios de comunicación antes de revelar información sensible a ellos, faltando a su compromiso de mantenerles informados, con prioridad, de la evolución del caso, por lo que llamó al gobierno discutir adecuadamente todos los aspectos relevantes de este caso con las familias y sus representantes antes de hacer cualquier anuncio público.

“La Procuraduría General debe respetar las demandas legítimas de las víctimas y de la sociedad en general, para examinar a fondo la historia contada por quienes sobrevivieron al ataque del 26 y 27 de septiembre. Por lo tanto, esta investigación debe incluir un cuestionamiento serio sobre la posible participación de militares durante el día del ataque y su posible complicidad previa con el crimen organizado que permitió que la violencia creciera de tal manera en la región”, subrayó.

Por todo ello, Amnistía Internacional instó al gobierno a dar al EAAF pleno acceso a sus archivos e información necesaria que les permita continuar su investigación. “Los miembros del EAAF deben gozar de todas las garantías necesarias para cumplir con su deber sin ninguna interferencia indebida, evitando además cualquier descalificación por parte de funcionarios de alto rango”, recalcó.

Por último, dijo recibir con satisfacción la participación de un grupo interdisciplinario de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte fundamental de este caso. “Al igual que con el EAAF, el gobierno debe otorgar acceso completo y todas las garantías necesarias en el desempeño de su tarea”.

Fuente: La Jornada.

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