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• ARTICLE 19 presentó solicitudes de información y recursos de revisión relativos a 34 declaraciones del presidente López Obrador.
• Solamente dos de las declaraciones fueron respaldadas plenamente por información pública.
• La información proporcionada por la administración pública federal muestra que 9 declaraciones son falsas.
• En 58.8% de los casos, las instituciones no presentaron información que permita comprobar la veracidad o falsedad de los dichos del presidente y en 26.5% se corroboró que la declaración fue falsa

 El eje de la comunicación social del actual gobierno federal se ha centrado en la figura del presidente de la República quien, mediante conferencias de prensa diarias y discursos en actos públicos, se posiciona directamente sobre los temas que considera prioritarios.

A lo largo de este sexenio, el gobierno federal ha señalado que dichas conferencias de prensa son espacios de transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, las declaraciones de funcionarios/as públicos/as, no sustituyen a los procesos formales de acceso a la información.

A lo largo de dos años, ARTICLE 19 presentó 84 solicitudes de información y 22 recursos de revisión relativos a 34 declaraciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador entre 2019 y 2022.  Las declaraciones las agrupamos en siete ejes temáticos: Corrupción (tres declaraciones); Economía (nueve declaraciones); Covid-19 (tres declaraciones); Organismos autónomos (cuatro declaraciones); Programas sociales (tres declaraciones); Seguridad (nueve declaraciones) y Otros asuntos (tres declaraciones).

En cada caso citamos la declaración realizada por el presidente López Obrador, indicamos tanto la fecha, como el contexto en la que esta fue emitida y solicitamos la información pública que la sustentara. Los resultados que obtuvimos fueron los siguientes:

• Solamente dos de las 34 declaraciones (5.6%) fueron respaldadas con información pública.
• Una de las declaraciones (2.9%) presentaba información verificable, pero se omitieron datos para situarla en su justo contexto.
• En dos casos (5.9%) se empleó información de manera engañosa.
• En 20 casos (58.8%) ni la OPR ni otras instituciones de la Administración Pública Federal presentaron datos que permitieran comprobar la veracidad o falsedad de los dichos del presidente.
• La información pública proporcionada por las propias instituciones demuestra que nueve de las declaraciones (26.5%) fueron falsas.

Cuando una figura tan relevante como lo es la Presidencia de la República difunde información falsa o que no está sustentada en datos oficiales, se genera un profundo efecto negativo en la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión, pues se perjudica el derecho de las personas a estar informadas y a ejercer otros derechos.

Este efecto negativo se maximiza cuando la desinformación se genera en espacios que, de inicio, deberían tener una vocación informativa, como lo es una conferencia de prensa, un anuncio público oficial o la presentación de un informe de gobierno.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, en el ejercicio de su libertad de expresión, las y los funcionarios públicos “están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad del que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos”.[1]

Asimismo, en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas, Desinformación y Propaganda se establece que “los actores estatales no deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir de otro modo declaraciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas (desinformación) o que muestran un menosprecio manifiesto por la información verificable (propaganda).”

Los resultados obtenidos en esta investigación concuerdan con los datos que ARTICLE 19 ha documentado en sus últimos informes anuales: el gobierno federal ha desplegado una estrategia de desinformación dentro de su política de comunicación social, la cual se acompaña de la cancelación efectiva de los procesos legales de acceso a la información, así como del ataque a voces críticas, a las que identifica como adversarias.

[1] Véanse: Corte IDH (2008). Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 5 de agosto de 2008, Serie C, núm. 182, párr. 131. También: Corte IDH (2009). Caso Ríos y otros vs. Venezuela, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 28 de enero de 2009, Serie C, núm. 194, párr. 139; y Corte IDH (2009). Caso Perozo y otros vs. Venezuela, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 28 de enero de 2009, Serie C, núm. 195, párr. 151.

Fuente: Article 19

*Este viernes 10 de marzo de 2023 se cumplen 100 días del gobierno de Salomón Jara Cruz, quien en el discurso reiteradamente ha dicho que es aliado de las mujeres y que su gobierno busca erradicar la violencia en contra de ellas; pero en los hechos ha hecho caso omiso a los reclamos de mujeres que han denunciado que en su gabinete hay violentadores. *“El gabinete lleno de violentadores, el hombre que me golpeó en múltiples ocasiones y amenazo con machetearme y rociarme ácido es el coordinador de delegados de paz, da una impotencia y por su puesto de todo esto tiene conocimiento Jesús romero y Karina Baron”, el tuit de una de las víctimas de Donato Vargas.

 La falta de justicia y la constante violación a sus derechos humanos obligó a Martha Aracely Cruz, activista oaxaqueña a denunciar públicamente a su agresor por violencia familiar, Donato Vargas, quién a 100 días del gobierno de Salomón Jara Cruz, fue premiado con el cargo de Coordinador de Delegados de Paz del gobierno morenista.

“De paz no tiene nada” exclama la mujer al narrar que durante los años que fue pareja del funcionario oaxaqueño, su vida estuvo sumergida en la violencia y amenazas constantes de que la mataría o bien arrojaría ácido.

A Donato Vargas también lo acusan de ser el creador de un chat XXX donde se compartían fotografías de mujeres mixes de Oaxaca, pero nada de estas acusaciones sirvieron, al contrario recibió un cargo público donde lo que resalta es La Paz.

Enojada y consternada, la mujer de 42 años de edad narró y visibilizó los diversos episodios, momentos y espacios que vivió violencia de parte del ahora coordinador de Paz, un puesto que aseguró no le queda ejercer por sus antecedentes de violencia.

“Por qué todo el tiempo siempre me tienes que agredir, todo el tiempo me estás insultando, me estás denigrando, o sea, ya basta!!!, le dije y me dio uno con el puño en la cara.

“Y me tiró al piso del estacionamiento del hotel Casa Regina -en Xaaga-, que es de de ladrillo; me tiró, agarró la maleta y me la aventó en el estómago, quise incorporarme y me agarró de la mano y me azotó otra vez.

“Empezó a patearme hasta que vino su primo y le dijo: ya, tranquilo. Yo estaba en el piso muyyyy lastimada”.

“Me dijo: si me denuncias, si se te ocurre hacerme algo, te voy a machetear, voy a ir hasta tu casa y te voy a machetear y te voy a echar ácido.

“Yo estaba llorando, me dolía mi corazón y me dolía mi cuerpo. Y me decía ¿por qué permito que me haga esto?, narra Araceli entre lágrimas.

Esta es solo una pequeña parte de uno de los tantos episodios de violencia que Araceli Cruz denuncia haber sufrido durante su relación de varios años con Donato Vargas Jiménez.

Araceli es originaria de la región Mixe y estudió en la Ciudad de México donde logra trabajar en el Banco de Desarrollo después de realizar una maestría en Desarrollo (en España). Hizo especialización en política pública y gubernamental. Estuvo en la Cepal.

Pero deseando hacer más por su tierra regresó en 2013 a Oaxaca.

Es entonces que se encuentra a Donato, quien la sedujo y con engaños más tarde abusó sexualmente de ella tras haberla alcoholizado.

Pese a ello y con la esperanza de que Donato la ayudara a ejecutar un programa social en la región Mixe, Martha Araceli sigue con él y cae en el círculo de la violencia.

En una ocasión, cuando ella le dijo que se iba a la Ciudad de México a trabajar porque en Oaxaca no había oportunidad, Donato la convenció de que no aceptara la oportunidad.

“Porqué no organizas una cena con tu mamá, porque voy a pedir tu mano”, me dijo antes de irse a Estados Unidos con Benjamín Robles y Karina Barón a una gira.

Pero mi familia me dijo que “iba muy rápido”, que lo pensara y cancelé la boda, pero seguí con él en Oaxaca.

Es entonces que me empieza pedir dinero “prestado”.

“Sabes, necesito entregarle pintura a unas autoridades, ¿tienes dinero que me prestes? Y pues yo, como éramos novios e íbamos a casarnos, pues le presté 50 mil pesos.

Él siempre se paraba el cuello con lo que yo le daba.

Después me dijo que no iba a poder pagarme en efectivo y me dijo que mejor le hiciera un estudio de costo beneficio y de ahí podría pagarme.

Así fue como empezó a pagarme, con obras. De una bolsa de 4 millones que traía Benjamín Robles, de ahí me dio mi primera obra, en “Matagallinas”.

“Con esa obra sufrí mucho. Al final, no recuperé casi nada; me pagaron hasta casi un año después. En ese ínter me entero que Donato es casado.

“Cínicamente me dijo: Pues qué quieres, soy casado y tengo hijos”, y ya me debía dinero.

Después me entero que salía con otra mujer y le reclamo y le exijo mi dinero.

“Pues hazle como quieras, pero si te vas pierdes tu dinero. Además, no es cuando tú quieras, sino cuando yo quiera”, dice Araceli entre sollozos al reconocer ahora la violencia.

No denuncié porque él me daba pavor; además, no conocía a nadie más. No me fui, me quedé, lamenta.

Empezó a llevarme a los municipios, a llevarse mi vehículo. La primera vez que me pegó fue en el 2015, se alcoholizaba, y me pegaba y si le reclamaba se ponía más violento, me pateaba, golpeaba el carro, sus guardias tenían que controlarlo.

Así también conocí a Jesús Romero y a Karina Barón. Con sorna, Jesús me preguntaba: ¿Cómo te ha tratado Donato? Y no dije nada, pero Jesús sabe cómo es él, y Karina también sabe, y todos saben.

Araceli reitera que siempre que la golpeaba, donde fuera, incluso en la calle y lugares públicos, Donato Vargas la amenazaba con matarla si lo llegaba a denunciar, y en los siguientes días a las palizas le hablaba para pedirle disculpas.

En una ocasión la golpeó dentro de su coche que estaba estacionado por el Centro de Convenciones porque Donato iba a entregar paquetes de leche con Benjamín Robles y fueron a recogerlos a una oficina que tiene por ese lugar.

Ella se baja del coche y Donato la sigue golpeando en la calle, delante de sus guardias, hasta que llega Crisóforo Gallardo, su cuñado, y quien fue testigo de múltiples golpizas. Actualmente Crisóforo trabaja con Donato en el gobierno.

Araceli no sabía entonces, pero tenía un embarazo de cuatro semanas.

Dos semanas después de la paliza, Donato se entera del embarazo y le pide que aborte, pero ella se niega; sin embargo, por la golpiza ella pierde al bebé y Donato también la deja sola en ese proceso.

Ella mantiene la relación varios años más en los cuales le sigue “prestando” dinero y recibiendo golpizas.

“Deberían de investigar cómo se ha hecho de una mansión en Los Audelos, de plantíos de agave. ¿Cómo se ha hecho de dinero si él no ha trabajado?, cuestiona.

Las violencias y problemas se agravaron cuando Araceli decidió entrar a la política, pues Donato no se lo permitió a pesar de que era ella quien hacía todos los proyectos y ponía el dinero.

“Fue así y se fue haciendo una bola de nieve impagable para él, porque decía te voy a dar obra, pero ya no había obra porque se pelearon con Benjamín Robles.

“Y yo empecé a mantener el movimiento de ellos (Donato y Jesús Romero) en el 2018, porque me quedé como asesora de dos municipios. Cuando había movilización, yo tenía que mover gente, y así”, cuenta.

A pesar de que intentaba dejar la relación, Donato la convencía y volvía con él.

En ese tiempo también descubre que Donato recibía fotos de mujeres desnudas y las empezó a difundir, pese a que le reclamó esa acción y que por lo mismo también la agredió. (Grupo Sierra XXX).

En la pandemia se da cuenta de que vuelve a quedar embarazada pero también de que Donato seguía “conquistando” mujeres.

Ella sigue trabajando y haciendo viajes a la región Mixe para ver sus obras, pero sin nadie que la ayude. En ese tiempo sufre una complicación en su embarazo y al final pierde a su bebé, sin recibir ni siquiera apoyo moral de su pareja, quien se encontraba con otra mujer.

Ese fue el punto que Araceli ya no pudo soportar y, por fin decide dejar a Donato.

Y tras las terapias psicológicas y de acompañamiento, Martha Araceli decide rompe el silencio, especialmente cuando sabe que el gobernador Salomón Jara Cruz le da un cargo en su administración.

Por la violencia que enfrentó, Araceli interpuso una denuncia en la Fiscalía General de Justicia que se encuentra en la carpeta 40841/UDVF/2022.

El testimonio de Araceli no es el único, existen varios más de otras mujeres que ha sido violentadas por Donato.

Donato Vargas Jiménez fue ungido por el gobernador Salomón Jara como titular de la Coordinación General de Atención Regional.

También lo ha nombrado “Coordinador de Paz para la región Mixe”,  ello pese a que el grupo Red Mariposas de Mujeres Mixes denunció públicamente las acciones del hoy funcionario estatal.

Apenas la noche de este jueves 9 de marzo, un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el mandatario estatal dijo en el programa “Jueves de Gozona”, entre el minuto 47 y el minuto 50:

A continuación, algunas de los cientos de acusaciones públicas en contra de Donato Vargas por la violencia de género que ejercido durante años.

Acusaciones

3 de 3

En 2020, el Ejército usó el software Pegasus para espiar al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, quien acompañaba el caso de la ejecución extrajudicial de tres personas ocurrida ese año en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El titular de la Sedena fue informado tanto del espionaje como de sus resultados, revela una investigación.

Un informe del Centro Militar de Inteligencia (CMI), un área secreta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirma que en 2020, ya en este sexenio, el Ejército espió al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos con el sistema Pegasus.

El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, recibió la información derivada de ese espionaje, como consta en dicho informe elaborado en 2020 por su subalterno directo Homero Mendoza Ruiz, entonces director del Estado Mayor de la Defensa, y el subjefe de Inteligencia, Conrado Bruno Pérez. 

La Sedena utilizó la información obtenida con el espionaje para influir en la investigación que la Policía Ministerial Militar realizaba sobre la ejecución extrajudicial de tres jóvenes, presuntamente cometida por militares el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha acompañado casos de violaciones a derechos humanos desde hace 20 años, sobre todo a raíz de la llamada “guerra contra el narco” emprendida por Felipe Calderón, cuando las Fuerzas Armadas comenzaron a hacer labores de seguridad pública que derivaron en el uso excesivo de la fuerza y ejecuciones. La más reciente situación ocurrió el 26 de febrero pasado, cuando siete jóvenes fueron atacados por militares y cinco de ellos murieron; Ramos también acompaña este caso.

El Ejército espía

El reporte del espionaje de 2020 fue elaborado por el Centro Militar de Inteligencia, una estructura secreta dentro del Ejército que —según documentos internos— obtiene información a través de “medios cerrados”, y tiene personal especializado e infraestructura tecnológica dedicada a “procesar y obtener información sensible sobre los temas que sean del interés del Alto Mando”, es decir, del secretario de la Defensa. 

El CMI es, además, el “usuario final”, del servicio del “monitoreo remoto” contratado por la Sedena a la empresa Comercializadora Antsua, la única proveedora del software Pegasus en México, como se advierte en el oficio número SGE-3335 de la Sedena, donde se informa sobre las facturas de pago.  

La información sobre el CMI y el reporte de inteligencia revelados en esta investigación, realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, fueron obtenidos entre los millones de archivos de la Sedena hackeados por el grupo Guacamaya en octubre pasado. 

El reporte de inteligencia tiene como asunto: “Informar las actividades de Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A. C. para desprestigiar a las Fuerzas Armadas con fines de lucro y en beneficio del Cártel del Noreste”. 

Aunque Ramos ha acompañado casos de víctimas de violaciones de derechos humanos y en ese momento asesoraba a las familias de los jóvenes asesinados en Nuevo Laredo en 2020, el Ejército intentaba criminalizarlo, pues en el reporte asentó que “Ramos Vázquez mantuvo una relación de amistad con Ana Isabel Treviño Morales, ‘La señora’, hermana de Miguel Ángel Treviño Morales, ‘Z-40’, y Óscar Omar Treviño Morales, ‘Z-42’”. 

En tanto, en la sección de “información”, los mandos reportaron el contenido de seis conversaciones por aplicación de mensajería y llamadas telefónicas que Ramos tuvo con tres periodistas entre julio y agosto de 2020, y en las que hablaron sobre la ejecución extrajudicial ocurrida días antes en Nuevo Laredo. 

El documento remata con el apartado “recomendación”, en la que sugiere que “este producto de inteligencia se proporcione con carácter de confidencial a la Policía Ministerial Militar para que sirva como elemento de juicio para su investigación, sin agregarse a la carpeta de investigación”, según se lee en reporte elaborado por el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Homero Mendoza Ruiz.

Se trata de la última pieza que confirma el espionaje en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador perpetrado por el Ejército en contra de un defensor de derechos humanos, pese a que la Sedena no tiene facultad legal alguna para hacerlo. Esto significaría una intervención ilegal de las comunicaciones, prevista como delito en el Código Penal Federal. 

En octubre pasado, R3D, Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso revelaron que la Sedena compró el sistema para “monitoreo remoto” a la empresa Comercializadora Antsua, la única proveedora de Pegasus en México, en 2019.

También, que los teléfonos celulares del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el periodista y escritor Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político fueron infectados con el software Pegasus entre 2019 y 2021, como confirmó el análisis forense hecho por Citizen Lab. En los tres casos, las personas espiadas investigaban temas relacionados con violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por el Ejército.

Al conocer la información en octubre pasado, el presidente López Obrador negó que su gobierno espiara a civiles y, en cambio, aseguró que la Sedena realizaba actividades de inteligencia. 

Los medios participantes en esta investigación enviaron cuestionarios a la Presidencia y a la Sedena sobre las nuevas pruebas que confirman el espionaje, pero no hubo respuesta.

El secretario de la Defensa lo avaló 

El reporte de inteligencia fue elaborado por el CMI, de la Subjefatura de Inteligencia perteneciente al Estado Mayor de la Defensa y que se encuentra ubicado en el Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México. 

El documento tiene el título “Para atención de la Superioridad”, lo cual significa que está dirigido a Luis Cresensio Sandoval pues, en la estructura jerárquica de la institución, el Estado Mayor depende directamente de él. 

El reporte, considerado como “secreto”, tiene la fecha de “agosto de 2020”, pero según los metadatos, el archivo fue creado el 2 de septiembre a las 6:55 de la tarde con el nombre “2 Sep. 2020-TJTA 2001-6861 Actividades Raymundo Ramos”. 

Esa fecha coincide con la reunión que el secretario de la Defensa encabezó ese mismo día, a las 8:00 de la noche, con el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, Homero Mendoza Ruiz; el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Miguel Carrasco Hernández, y el comandante de la Policía Militar, para tratar “el asunto: Nuevo Laredo, Tamaulipas”, según se asienta en la agenda del secretario encontrada en los archivos hackeados. 

Minutos después, a las 8:47 del mismo 2 de septiembre, el reporte de inteligencia fue enviado entre dos cuentas de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor, entonces a cargo del mayor Conrado Bruno Pérez, ahora comandante de la 45 Región Militar en Nogales, Sonora.

El CMI es un área desconocida públicamente e, incluso, no está integrada en la estructura burocrática de la Sedena en sus reglamentos internos. Pero documentos encontrados en los archivos hackeados confirman que se encarga de “administrar y operar la infraestructura tecnológica del Sistema de Inteligencia Militar para obtener y procesar información sensible sobre los temas que sean de interés del Alto Mando”.

Su misión, según se informa en una presentación de PowerPoint de mayo de 2021, es “aportar productos de inteligencia que se generan de la información obtenida en medios cerrados”, a la Subjefatura de Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa, es decir, la información no proviene de fuentes abiertas, como estadísticas o datos en poder de instituciones públicas, sino de intervenciones de comunicaciones privadas. 

Incluso, ubica como “amenazas” la “fuga de información” o que “se evidencie ante la opinión pública las actividades que se realizan en este Centro; e indiscreciones que pueda realizar el personal militar que participa en las operaciones”, como se asienta en el “Análisis FODA del CMI”, también obtenido en los correos hackeados. 

Supuestamente, el Ejército hace inteligencia para combatir al crimen organizado, pero está confirmado que espió al defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, aun cuando la institución no tiene ningún marco legal para hacerlo, pues ni la Ley de Seguridad Nacional ni la Ley Orgánica de la Sedena le permiten intervenir comunicaciones de civiles; por eso es que, aun cuando la dependencia lo solicitara ante un juez, este no podría otorgarlo. 

Incluso, no hay información oficial que confirmara un proceso legal para hacer tal seguimiento contra Ramos, pues la Sedena “no localizó” entre sus archivos ninguna solicitud de intervención de comunicaciones ante el Poder Judicial que hubiera realizado entre enero de 2018 y mayo de 2022, según respondió a la solicitud de información con folio 33002642001754. 

De acuerdo con el más reciente análisis forense hecho por Citizen Lab, del 4 de marzo de 2023, el teléfono de Ramos fue infectado con Pegasus entre el 16 y 18 de agosto y el 18 y 19 de agosto de 2020, periodo en el que El Universal hizo pública la presunta ejecución de tres jóvenes en Nuevo Laredo. 

Esto se suma al análisis hecho el año pasado, en el que había detectado la infección en tres fechas más: el 28 de agosto y el 2 y 3 de septiembre de 2020. 

En ese periodo, el periódico publicó información sobre las autopsias de tres civiles y un video que desmintieron la versión oficial de la Sedena sobre el enfrentamiento en el que hubo “12 agresores reducidos”, según informó en el comunicado de prensa 017/8ZM/2020. En realidad, tres de los jóvenes asesinados habían sido secuestrados y sus familias estaban siendo apoyadas por Ramos en el proceso de denuncia ante la fiscalía estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el apartado titulado como “información”, se da cuenta del resultado del espionaje, con la información sobre seis comunicaciones telefónicas de Ramos con tres periodistas, cuyos nombres se reservan debido a que solicitaron que no sean publicados. 

“El 14 y 15 de julio, Ramos envió a una periodista una publicación de Twitter y un comunicado de prensa sobre la muerte de 3 civiles atribuida a militares, sin que la comunicadora le tomara importancia”, dice el documento.

“El 17 de agosto de 2020 envió a un periodista del periódico El Universal, un video sobre la agresión del 3 de julio de 2020, para su edición y posterior difusión, dejando pendiente la probable entrevista a Ramos Vázquez y publicación, para retomar otras 5 quejas que ha interpuesto en contra de las autoridades que no han sido atendidas y difundidas por los medios de comunicación”, dice el reporte de la Sedena.

En el siguiente punto, mencionan otra comunicación con una periodista del equipo de Denise Maerker de Televisa, del 18 de agosto de 2020, donde “reprochó la primicia al Universal y le pidió los testimonios de los familiares de las supuestas víctimas, indicando que dijeran que a su hijo lo habían secuestrado antes; Ramos Vázquez envió un video donde se aprecia la autopsia que se hace a los cuerpos de los sicarios reducidos” (sic).

Dicha comunicación ocurrió a través de una llamada telefónica, afirma Ramos, mientras que las restantes ocurrieron a través de aplicaciones de mensajería. 

La Sedena también reportó el mensaje entre Ramos y la periodista de Televisa, en el que le envía “imágenes de la denuncia interpuesta por Raúl Tercero, por la supuesta muerte de su hijo Damián Genovés Tercero” (sic). Esta comunicación fue realizada mediante la aplicación de mensajería Telegram, que aún pudo ser rastreada en el equipo telefónico y que Raymundo Ramos mostró para esta investigación.

En el último punto, se expone que el 26 de agosto de 2020 Ramos envió a un periodista y colaborador del diario español El País las declaraciones del personal militar que participó en los hechos del 3 de julio.

Sedena compró Pegasus 

La Sedena contrató el servicio de “monitoreo remoto” en 2019 a la empresa Comercializadora Antsua, única compañía con autorización para vender Pegasus en México, como lo advierte el oficio SGE-3335 del 18 de enero de 2020, en el que el Estado Mayor da cuenta del pago del contrato DN-10SAIT-1075/P/2019 del 12 de abril de 2019. 

El oficio marcado como “secreto” está dirigido al secretario de la Defensa, por lo que el titular también fue informado de esta compra y, además, se advierte que el CMI es el “usuario final” del servicio, la misma área que —ahora se sabe— elaboró el reporte del espionaje contra Ramos. 

El software Pegasus, desarrollado por la empresa NSO Group, solo es vendido a gobiernos para investigar delitos graves e incluso terrorismo debido al poder de dicho sistema, capaz de obtener toda la información de un teléfono celular como mensajes, archivos, llamadas telefónicas; incluso, el micrófono y la cámara pueden ser activados. 

El sistema había sido adquirido en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para intervenir los teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos, como quedó demostrado en las investigaciones periodísticas llamadas #GobiernoEspía. 

La investigación expuso la red de empresas a las que la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Sedena compraron Pegasus durante el sexenio pasado. Se trata de Proyectos y Diseños VME, KBH Track y Air Cap. 

Incluso, Aristegui Noticias reveló las facturas de pago realizadas a dichas empresas, entre las que se encuentra el comprobante de 1 millón 113 mil dólares de la Sedena a la empresas Proyectos y Diseños VME por el servicio de “monitoreo remoto”, en 2016, el mismo servicio establecido en el contrato de 2019, ya en el sexenio de López Obrador. 

Mientras, en la investigación #EjércitoEspía, publicada en octubre pasado, se sumó otra prueba: la carta de directivos de NSO Group en la que informaron a la Sedena que a partir de enero de 2018 Air Cap dejaría de ser la empresa representante para la venta de Pegasus en México y en su lugar estaría Comercializadora Antsua. 

A dicha empresa la Sedena le pagó al menos 140 millones de pesos en 2019, de acuerdo con información oficial sobre el pago a proveedores localizado entre los correos hackeados a la dependencia. 

La ejecución extrajudicial

El presidente López Obrador ha repetido que en su gobierno no habría ejecuciones extrajudiciales —“ya no hay el mátenlos en caliente”—, en referencia a hechos ocurridos en el sexenio de Peña Nieto, como la matanza ocurrida en Tlatlaya, Estado de México, cometida por miembros del Ejército.

Sin embargo, el 3 de julio de 2020, durante un enfrentamiento en la colonia Fraccionamiento Los Fresnos, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrió una ejecución extrajudicial contra tres civiles, luego del enfrentamiento entre militares y personas con ropa de camuflaje, presuntamente integrantes del crimen organizado.

En el enfrentamiento murieron 12 personas, pero tres de ellas en realidad eran víctimas de secuestros pues se encontraban atadas de pies y manos y vestían ropa casual.

El periódico El Universal publicó el 14 de julio de 2020 que dos jóvenes eran civiles que presentaban un disparo en el tórax accionado de arriba hacia abajo y el tercero recibió un disparo en el cráneo a uno o tres metros de distancia.

El 24 de agosto, el mismo medio publicó el video en el que se observa que los militares fueron agredidos a tiros y su respuesta, pero una vez que el fuego cesó, cuando se acercaron a una de las tres camionetas que los atacaron, un militar gritó “¡Está vivo, está vivo!”, mientras otro respondió “¡Mátalo, mátalo, a la verga!”.

Durante la investigación del caso por parte de la CNDH, uno de los militares que participaron en el hecho reconoció que gritó “mátenlos a la verga, pero fue por el momento y la adrenalina que todos teníamos ya que habíamos sido víctimas de una agresión y seguían reportando por radio que se regresaron un chingo de camionetas…”, y agregó que no se percató de personas vestidas de civil, ya que la visibilidad era escasa. 

La intervención de la CNDH ocurrió luego de que familiares de las víctimas denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte del personal militar en una queja presentada ante el organismo el 9 de julio de 2020, proceso en el que estuvieron acompañados por el defensor Raymundo Ramos.

Por el caso, hubo nueve carpetas de investigación iniciadas por fiscalía estatal, FGR y Fiscalía Militar, además de un procedimiento administrativo de investigación iniciado por el OIC en la Sedena.

La Sedena tuvo acceso a la información de la carpeta de investigación iniciada en la delegación de la FGR en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como consta en la tarjeta informativa número 14306 “Para atención de la Superioridad”, en la que informa el contenido de la declaración del tío de una de las víctimas, quien presentó un video almacenado en una memoria USB, para integrarlo a la investigación.

El reporte de la Sedena resumió así parte de la declaración del familiar de la víctima: “En el estacionamiento de la FGR se encontraba un vehículo de Sedena y como no tenía dinero para los trámites de la sepultura de su sobrino, se acercó a un soldado para solicitarle apoyo económico, quien le proporcionó un billete de $20 enrollado, en el cual en su interior contenía un dispositivo USB”.

El militar le habría dicho: “Este USB te va ayudar mucho. Te lo doy porque no estoy de acuerdo con lo que hicieron mis compañeros, solo vengo por 10 días de apoyo a esta ciudad, a nosotros nos cambian seguido”.

Por lo tanto, la ficha informativa realizada también por el CMI concluyó que “es muy probable que los familiares de las tres personas que vestían de civil y que presuntamente fallecieron en el evento, hayan proporcionado al periódico El Universal el video difundido, bajo el asesoramiento de Raymundo Vázquez Juárez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas”.

El 3 de julio de 2020, la Fiscalía Militar inició la carpeta de investigación 6, a partir de la denuncia interpuesta por uno de los elementos en contra de quien resultara responsable, la cual fue remitida al Sector Central de la Fiscalía Militar para su determinación.

De ahí que el reporte de espionaje contra Raymundo Ramos refiere que la información sea tomada en cuenta, pero sin integrarla en dicha carpeta de investigación.

En tanto, las investigaciones de la CNDH con base en la necropsia a las víctimas determinaron que “el disparo de arma de fuego ocurrió a una distancia mayor del rango comprendido entre 70 a 90 centímetros”, y que los jóvenes no accionaron ningún arma.

El 13 de diciembre de 2021, la CNDH emitió la Recomendación 90/2021 en contra de la Sedena, en la que concluye que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de personal castrense. Sin embargo, hasta el momento ningún militar ha sido sancionado por esos hechos. 

CON INFORMACIÓN DE ANIMAL POLÍTICO