Iniciativa Cherán :Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX

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Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX

 

Los suscritos, RAÚL MORÓN OROZCO, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA,  JOSÉ  ASCENSIÓN  ORIHUELA  BÁRCENAS, MARÍA  DEL  ROCÍO  PINEDA  GOCHI,  LUISA  MARÍA  CALDERÓN  HINOJOSA, ALEJANDRO  DE  JESÚS  ENCINAS RODRÍGUEZ,  ARMANDO  RÍOS  PITER,  FÉLIX  BENJAMÍN  HERNÁNDEZ  RUIZ, ZOÉ  ROBLEDO  ABURTO, FIDEL  DEMÉDICIS HIDALGO, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de Unión, , con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXV y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción I, 163, fracción I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa  con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX  de conformidad a la siguiente:

 

Exposición de motivos

 

En octubre de 1995, el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) iniciaron el debate y la discusión sobre las causas que originaron el alzamiento armado del 1° de enero de 1994: un esfuerzo de diálogo por la paz en el sureste pero también por la democratización del país bajo la promesa de incluir a los pueblos y comunidades indígenas. México fue testigo de un diálogo nacional de gran magnitud que tuvo en el centro los Derechos y la Cultura Indígenas, con la participación, en primer plano, de indígenas, campesinos, intelectuales, religiosos, comunicadores, legisladores y funcionarios, organizaciones sociales, entre otros.

 

En la primera sesión de los Diálogos de San Andrés Larráinzar, se planteó el reconocimiento jurídico y político del régimen autonómico de usos y costumbres de las comunidades indígenas y sus formas de participación, la reglamentación del derecho a la información para garantizar su acceso a los medios de comunicación e impulsar la cultura y tradiciones indígenas en los términos que decidieran las propias comunidades.

 

El 16 febrero de 1996, después de una amplia consulta con sus bases de apoyo, el EZLN llegó a un acuerdo con el Gobierno Federal para firmar los Acuerdos sobre Derecho y Cultura indígena, conocido también como los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, donde se afirmaba la intención estatal de terminar con la desigualdad, la discriminación, la explotación y la exclusión política y cultural que históricamente han sufrido los pueblos indígenas.

 

En noviembre del mismo año de 1996 se llevó a cabo una reunión en la que participaron la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) del Congreso de la Unión, la Confederación de Nacionalidades Indígenas y el EZLN, con el objetivo de lograr la redacción de una serie de reformas constitucionales sobre el tema de derechos y cultura indígenas. La propuesta final elaborada por la COCOPA como resultado de estos trabajos no fue retomada por el Legislativo federal sino hasta finales del año 2000 y principios del 2001,  cuando  la  sociedad  civil  mexicana  mediante  varias  marchas  y  manifestaciones  de  apoyo  a  los  zapatistas  demandó enfáticamente su cumplimiento.

 

El 1 de diciembre del año 2000 comenzó la Marcha del Color de la Tierra, encabezada por la Comandancia del EZLN con el objetivo de exigir el cumplimento de los Acuerdos de San Andrés. El domingo 11 de marzo, después de su paso por 12 estados de la República, la dirigencia zapatista y la Marcha del Color de la Tierra arribaron al Zócalo de la Ciudad de México. Durante su estancia en la capital del país los zapatistas  dirigieron sus mensajes al Congreso de la Unión y al Presidente Vicente Fox; la meta principal era el reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígenas, es decir, la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la iniciativa de Ley sobre Derecho y Cultura Indígenas que había elaborado la COCOPA, tomando como base los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo en el que concedía a los zapatistas el uso de la tribuna en la Cámara de Diputados de San Lázaro.

 

Finalmente, un dictamen de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas fue aprobado el 28 de abril del 2001, y en agosto del mismo año fue publicado, lo que se consideró por el CNI como una “contrarreforma” del artículo 2º Constitucional, llamada así dado que no cumplió con los Acuerdos de San Andrés. La limitación de esta reforma se dio en muchos rubros, pero en particular, en el relativo a la autonomía indígena, reconocida de tal forma que resultó un derecho, las más de las veces, imposible de ejercer de facto por la gran mayoría de nuestros pueblos.

 

Aunque a nivel nacional el Estado mexicano limitaba con esta reforma los derechos indígenas, a nivel internacional había suscrito desde 1990 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,  que  reconoce  de  manera  amplia  derechos  humanos  indígenas  fundamentales,  como  el  derecho  a  la  libre determinación, el derecho a la consulta previa, libre e informada o el derecho al territorio. Sin embargo, a pesar de tener carácter vinculante, también fue por muchos años letra muerta.

 

No fue sino hasta junio de 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que los limitados  derechos reconocidos en el artículo 2º Constitucional se expandieron y complementaron con el contenido del Convenio 169 de la OIT, que ahora  entraba  al  bloque  de  constitucionalidad  junto  con  otros  instrumentos  internacionales  igualmente  importantes  para  los pueblos indígenas.

 

En este contexto fue que la comunidad purépecha de Cherán, ante una situación de emergencia debido a la agresión sistemática y violenta del crimen organizado y de la complicidad de las entonces autoridades municipales, el 15 de abril de 2011 se “levantó en armas” para defender y proteger tanto sus bosques como sus propias vidas. La comunidad de Cherán alzó la voz para reclamar una vez más el derecho a la libre determinación y el hecho innegable de que el reconocimiento de los usos y costumbres eran una deuda pendiente con los pueblos indígenas de México.

 

Producto de este reclamo, llevado finalmente hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 2 de noviembre de 2011 mediante la sentencia emitida por este alto tribunal, el Estado mexicano reconoció para Cherán–por primera vez en la historia– el autogobierno como dimensión política y jurídica del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, es  decir,  el  establecimiento  de  un  gobierno  propio  con  autoridades  nombradas  conforme  al  sistema  normativo  de  usos  y costumbres.

 

La trascendencia de este reconocimiento radica en el contenido del que fue dotado el derecho a la libre determinación y la autonomía como su expresión política. La Sala Superior determinó que tal derecho implica cuatro contenidos fundamentales:

 

1) El reconocimiento, mantenimiento y/o defensa de la autonomía de los pueblos indígenas para elegir a sus autoridades o representantes acorde con sus usos y costumbres;

 

2) El ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a efecto de conservar y reforzar sus instituciones políticas y sociales;

 

3) La participación plena en la vida política del Estado, y

 

4) La participación efectiva en todas las decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones estatales, como pueden ser las consultas previas con los pueblos indígenas en relación con cualquier  decisión  que  pueda afectar a sus intereses.

 

Este contenido se materializó en el proceso de nombramiento de las autoridades municipales del municipio de Cherán de acuerdo a sus usos y costumbres, y se instaló el 5 de febrero de 2012 al Concejo Mayor de Gobierno Comunal como autoridad representante del municipio.

 

Dos años después, en mayo de 2014, el municipio purépecha de Cherán, constituido a la luz del autogobierno como expresión política del derecho a la libre determinación, ganó en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un juicio de controversia constitucional contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Michoacán. En dicho resolutivo, el máximo tribunal del Estado mexicano habló  por  primera  vez  de  este  municipio  indígena  y  le  reconoció  a  Cherán  el  mismo  estatus  jurídico  que  el  del  Municipio Constitucional, pero incluyendo además dentro de sus competencias, la de defender y velar por el funcionamiento y continuidad del sistema de usos y costumbres a la luz del cual son constituidas las municipalidades indígenas.

 

Este reconocimiento debe profundizarse, ya que existen todavía vacíos constitucionales que obligan al Poder Legislativo a legislar en la  materia.  Los  avances  son  importantes  no  sólo  en  México,  también  en  otros  países  latinoamericanos  que  también  están transitando de un Estado homogéneo a un Estado plural, como caracterizó a este proceso el filósofo mexicano Luis Villoro.

 

Es en este contexto que se puede entender la afirmación del investigador Francisco López Bárcenas: en América Latina y en México es  “tiempo  de  autonomías”.  Este  proceso  histórico  que  lleva  como  demanda  el  reconocimiento  de  los  gobiernos  de  usos  y costumbres es descrito e nivel latinoamericano por López Bárcenas de la siguiente manera: “El reclamo se posicionó como demanda central de los movimientos indígenas en la década de los noventas del siglo XX y se consolidó a principios del siglo XXI. No es que antes no existiera, al contrario, desde la época de la conquista ­española en unos casos, portuguesa en otros­ hasta la consolidación de los estados nacionales, desde las rebeliones de Lautaro, en tierras mapuches, Tupac Amaru, Tupac Katari y Bartolina Sisa, en tierras andinas, hasta las de Jacinto Canek en tierras mayas contra el poder colonial; pasando por las de El WillkaPablo Zarate en Bolivia, o las de Tetabiate y Juan Banderas entre los pueblos yaquis de México, durante la época republicana, o las de Emiliano Zapata en México y Manuel Quintín Lame en Colombia, durante el siglo XX, hasta la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también en tierras mayas, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, las luchas de resistencia y emancipación de los pueblos indígenas han estado permeadas por las reivindicaciones autonómicas; no siempre con ese nombre, pero sí con los mismos proyectos utópicos, que pasan por ser pueblos con derechos plenos, territorios, recursos naturales, formas propias de organización y de representación política ante instancias estatales, ejercicio de la justicia interna a partir de su propio derecho,  conservación y desarrollo de sus culturas y elaboración y ejecución y puesta en práctica de sus propios planes de desarrollo, dentro de sus demandas más significativas”.

 

Y esta tendencia autonómica en las comunidades y pueblos indígenas de México está relacionada directamente con la seguridad humana y la misma democracia, así como con la plena articulación a un pacto nacional que reconoce la pluralidad cultural de los pueblos que componen México. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), es en 12 estados de la República, en las regiones Centro, Sur y Sureste, que se concentra el 90 por ciento de la población  que habla una lengua indígena. En Chiapas y Oaxaca reside más de una tercera parte el 34.9%, de la población hablante de lengua indígena; en Puebla el 8.9%, en Yucatán el 7.9%, en Guerrero el 7%, en el estado de México el 5.5%, en Hidalgo el 5.3 por ciento, en Veracruz el 9.6%, en San Luis Potosí el 3.7%, en Quintana Roo el 2.9 y en Michoacán el 2.0 %.

 

La diversidad lingüística en nuestro país corresponde con nuestra diversidad cultural pero no siempre con el reconocimiento de una diversidad política y jurídica, entendida actualmente bajo la doctrina del pluralismo jurídico: la convivencia y complementariedad de diferentes órdenes jurídicos que de facto se articulan en México no ha encontrado su completo reconocimiento formal en nuestras leyes y en la misma Constitución.

 

El reconocimiento de gobiernos municipales de usos y costumbres en México es parte de un nuevo momento democratizador que es estrictamente necesario impulsar en nuestro país: se vincula a la historia de cada pueblo y comunidad para definir su propia autonomía y su plena articulacióncomo parte del mismo pacto federal desde el ámbito municipal.Así lo expresa el antropólogo Héctor Díaz Polanco: “Los rasgos específicos de la autonomía estarán determinados, de una parte, por la naturaleza histórica de la colectividad que la ejercerá, en tanto está será el sujeto social que, con su acción, a fin de cuentas la convertirá en realidad histórica, y le dará vida cotidiana; y, de otra, por el carácter sociopolítico del régimen estatal­nacional en que cobrará existencia institucional y práctica, por cuanto la profundidad de las conquistas, las facultades asignadas y, en suma, el grado de autogobierno reconocido, en su despliegue concreto dependerá en gran medida de la orientación política y el sistema democrático vigentes”.

 

Muchos pueblos y comunidades  indígenas,  a  lo  largo  y  ancho  del  país,  llevan  más  de  dos  décadas  en  el  proceso  actual  de construcción  de  las  condiciones  para  ejercer  su  autonomía.  En  Oaxaca,  que  experimenta  el  proceso  más  intenso  en  el país en construcción de gobiernos de usos y costumbres, de los 570 municipios que existen, 418 eligen sus autoridades por el sistema  de  usos  y  costumbres  y  152  por  el  de  partidos  políticos;  de  los  418  ayuntamientos  que  se  rigen  por  el  derecho consuetudinario, 330 duran en su cargo tres años. Ayutla de Los Libres, Guerrero, las 138 comunidades que lo integran, ha sido uno de los últimos municipios que decidió mayoritariamente su decisión de elegir a sus autoridades y gobernarse bajo el sistema normativo de usos y costumbres.

 

Por último, se debe considerar que México ha manifestado a nivel internacional su compromiso con el desarrollo de los pueblos indígenas y ha firmado diferentes tratados y protocolos en la materia. El más importante por su carácter pionero ha sido el ya citado Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se aprobó en Ginebra, Suiza, el 27 de junio de 1989. Este convenio lo ratificó el Senado de la República, el 11 de julio de 1990 y se expidió el decreto el 3 de agosto de 1990 en el Diario Oficial de la Federación. El Estado mexicano registró la ratificación el 4 de septiembre de 1990, en Ginebra, Suiza.

 

El Convenio 169 de la OIT, elevado a la categoría de tratado internacional en México, reconoce los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Este instrumento jurídico constituyó un gran avance a nivel internacional en lo que se refiere a la formalización jurídica de los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

 

Los Estados Parte que ratificaron dicho convenio se obligan a cumplirlo y tienen la obligación de rendir informes para avalar dicho cumplimiento. Algunos de los derechos que los Estados Parte están obligados a reconocer son los siguientes:

 

­-El derecho de los pueblos indígenas a la protección de sus lenguas, usos, costumbres, cultura, forma de organización social que les permita fortalecer su identidad. ­

 

-El derecho de libre determinación de estos mismos pueblos, y de establecer su condición política,su desarrollo económico, social y cultural. ­

 

-El reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, con los órganos de decisión que ellos mismo se asignen. ­

 

-El derecho a la protección de la integridad de las tierras indígenas, que se garanticen los usos y costumbres en lo que se refiere a las formas de organización de la explotación de las tierras, aguas y bosques. ­

 

-El Estado se obliga jurídicamente a garantizar y salvaguardar los usos y costumbres de las comunidades indígenas, así como el respeto a sus derechos y seguridad. ­

 

-En lo que se refiere a los procedimientos judiciales, el Estado se obliga a respetar la cultura, usos y costumbres de los indígenas, tomando en cuenta, sus características económicas y sociales.

 

La reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos indígenas que hoy presentamos propone que se armonice el artículo 115 de nuestra Carta Magna, que se refiere al régimen político y jurídico de los Estados de la Federación y que sienta las bases del Municipio, en los términos del mismo artículo 2 constitucional, el cual establece:

 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las  entidades  federativas,  las  que  deberán  tomar  en  cuenta,además  de  los  principios  generales  establecidos  en  los  párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

 

Esta reforma también pretende incorporar a la Constitución el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia emitida el 2 de noviembre de 2011 ante la controversia constitucional presentada por el municipio de Cherán, dicha sentencia estableció el derecho a la libre determinación y la autonomía como la expresión política de esta comunidad y que postula cuatro contenidos fundamentales, entre los que se encuentra:

 

“El ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales”.

 

Lo anterior implica  elevar a rango constitucional la autonomía del  municipio de usos y costumbres, y asegurar su plena incorporación al Estado mexicano en términos de la unidad nacional, al permitirles el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, a efecto de conservar y reforzar sus instituciones políticas y sociales.

 

Lo  anterior  evitará  que  se  les  dé    el  tratamiento    de Municipio  Libre  en  términos  de  derechos  y  obligaciones  de  su  función administrativa, exigiéndoles figuras orgánicas y estructurales que no son propias de su naturaleza jurídica, lo que les genera una serie de problemas en sus gestiones y funcionamiento, con la consecuente repercusión deficitaria en respuestas a trámites y gestiones, así como la obtención de beneficios a favor del bienestar social.

 

Por lo que esta iniciativa permitirá dar  certeza jurídica a sus acciones de gobierno y propiciar su dinamismo administrativo en sus relaciones con los gobiernos estatales y federal.

 

Sin duda estas modificaciones representan un avance en el nuevo ciclo de derechos inter­culturales, en los mismos derechos humanos  de  los  pueblos  y  comunidades  indígenas,  son  parte  de  una  nueva  realidad  a  nivel  municipal  abierta  por  los reconocimientos jurídicos señalados en este exposición de motivos.

 

No sólo se presenta una reforma que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en aquellos municipios que se rigen por el sistema normativo de usos y costumbres, es también una puesta al día en materia constitucional del marco jurídico para que estos gobiernos municipales tengan certeza tanto en sus derechos como en sus obligaciones.

 

La presente Iniciativa de reforma es producto del consenso de las asambleas en la comunidad de Cherán; de una exigencia de reconocimiento de derechos de pueblos y comunidades indígenas en todo el país; de la necesidad de armonización del texto constitucional con el contenido de instrumentos internacionales que regulan esta materia para garantizar los derechos políticos a los pueblos y comunidades indígenas de México; además, incorpora a nuestra legislación el novedoso criterio emitido por la Corte en esta materia como resultado de la protección de derechos humanos de los pueblos indígenas de México.

 

Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa:

 

DECRETO

 

Por el cual se adiciona y reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre y el municipio indígena, conforme a las bases siguientes:

 

I.­ Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. En el caso de los municipios indígenas podrán ser gobernados por una forma  de  gobierno  que  se  adecúe  a  sus  usos  y  costumbres  y,  a  principios  interculturales  de  democracia  y derechos humanos.

 

La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal o por la estructura de gobierno por usos y costumbres se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

 

 

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos o gobiernos por usos y costumbres, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03­02­1983) alegatos que a su juicio convengan.

 

 

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán  de  entre  los  vecinos  a  los  Concejos  Municipales  que  concluirán  los  períodos  respectivos;  estos  Concejos  estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;en el caso de los municipios indígenas gobernados por usos y costumbres este procedimiento se tendrá que ajustar al derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas.

 

II.­    Los  municipios  o  los  gobiernos  municipales  por  usos  y  costumbres  estarán  investidos  de  personalidad  jurídica  y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

 

Los ayuntamientos o los gobiernos municipales por usos y costumbres tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares  y  disposiciones  administrativas  de  observancia  general  dentro  de  sus  respectivas  jurisdicciones,  que  organicen  la administración  pública  municipal,  regulen  las  materias,  procedimientos,  funciones  y  servicios  públicos  de  su  competencia  y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:  

 

a)…

 

  1. b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos o de los gobiernos por usos y costumbres para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento o de los gobiernos por usos y costumbres;  

 

c)…

 

  1. d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate este imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento o del gobierno por usos y costumbres respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y

 

e)…

 

III.­…

 

a)…

 

b)…

 

c)…

 

d)…

 

e)…

 

f)…

 

g)…

 

  1. h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.En el caso de los municipios indígenas que se rigen por usos y costumbres, se observará lo dispuesto en el artículo 2° de esta Constitución, por lo que esta función y servicio se ejercerá bajo el cuerpo de seguridad que así lo determinen en los términos de su autonomía;  

 

IV…

 

a)…

 

b)…

 

c)…

 

 

Los ayuntamientos o los gobiernos por usos y costumbres, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  (reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 23 de diciembre de 1999)

 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos o los gobiernos por usos y costumbres con base en sus ingresos  disponibles,  y  deberán  incluir  en  los  mismos,  los  tabuladores  desglosados  de  las  remuneraciones  que  perciban  los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, por los gobiernos por usos y costumbres, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

 

V…

 

VI…

 

VII…

 

VIII…

 

IX.­ Se reconocerá el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para gobernarse a nivel municipal mediante sus  usos  y  costumbres,  contando,  según  lo  dispuesto  por  el  artículo  2°  de  esta  Constitución,  con  autonomía administrativa y jurídica en sus instituciones y prácticas.

 

Las autoridades de los municipios indígenas gobernados por usos y costumbres serán electos por un periodo no mayor de tres años.

 

X.­ Las comunidades indígenas que constituyan submunicipalidades tendrán derecho, en ejercicio de su autonomía establecida en el artículo 2° de esta Constitución, de administrar directamente los recursos públicos que de manera equitativa les correspondan, sin la intermediación de los ayuntamientos o de los gobiernos municipales por usos y costumbres, atendiendo los controles de fiscalización necesarios.

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 19 de abril de 2016

 

 

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