La Familia Michoacana lanza ataques aéreos con drones sobre El Caracol, causando el desplazamiento de los habitantes.
Inseguridad persiste en Guerrero, ahora el grupo criminal “Los Ardillos” busca infiltrarse en uno de los ámbitos más reconocidos, la religión. Recientemente, un arzobispo admitió tener contactos con esta organización delictiva.
En Guerrero, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para atender la situación de los residentes de El Caracol. Estas personas se encuentran actualmente desplazadas en la sede del municipio de Heliodoro Castillo debido a ataques recibidos los días 2, 3 y 8 de mayo. Según los informes, estos ataques fueron realizados con bombas lanzadas desde drones, supuestamente operados por el grupo de criminales conocido como La Familia Michoacana.
El día 14 de mayo, el centro Minerva Bello publicó un comunicado instando a las autoridades a tomar acciones para resolver un problema emergente de la actividad de las bandas criminales en la Sierra. Como organización no gubernamental, Minerva Bello está en contacto cercano con la situación y reporta que los residentes de El Caracol están en una situación de desplazamiento forzado. La razón de este desplazamiento se atribuye a la violencia infligida por grupos armados ilegales que están causando daño grave a la comunidad.
Siguiendo estas circunstancias, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello ha estado trabajando incansablemente para proporcionar asistencia y soporte a las víctimas desplazadas. Han organizado alojamiento temporal y servicios de emergencia para los residentes de El Caracol, además de buscar asesoramiento legal para presentar una causa contra los perpetradores.
Al tiempo que Minerva Bello continuaba sus esfuerzos humanitarios, los eventos en El Caracol atrajeron más atención a nivel nacional. En respuesta a la creciente presión y el clamor público, las autoridades estatales y locales comenzaron a poner en acción planes inmediatos para abordar la violencia y la inseguridad en la región.
Sin embargo, más allá de la asistencia inmediata, la situación subraya la necesidad de un compromiso gubernamental más sólido para abordar los problemas sistémicos que han permitido que estos grupos criminales operen. En particular, se requieren esfuerzos para fortalecer la aplicación de la ley, restaurar la confianza en las instituciones estatales y promover el desarrollo económico y social para evitar que las personas caigan en la esfera de influencia del crimen organizado.
Minerva Bello, junto con otras organizaciones de derechos humanos, insta a las autoridades a que vean la crisis en El Caracol no solo como un caso aislado, sino como un síntoma de un problema más profundo. El objetivo no debería ser simplemente silenciar el problema, sino identificar y abordar las causas subyacentes que han permitido que tales actividades criminales proliferen.
A través de su trabajo, Minerva Bello se mantiene firmemente en el frente de esta crisis, ofreciendo ayuda a los necesitados y presionando a las autoridades para que se tomen acciones más contundentes. Siguen comprometidos con su misión de defender los derechos humanos, a pesar de la adversidad y los desafíos en su camino. Mientras tanto, los ojos de la nación permanecen puestos en El Caracol, como un recordatorio de la trágica realidad para muchas comunidades en la Sierra y en todo el país.
