Opinión de Javier Garza Ramos

Javier Garza Ramos es periodista en Torreón, Coahuila, y miembro del Consejo Consultivo de la oficina para México y Centroamérica de Artículo 19.

En su conferencia mañanera del 4 de enero el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció, sin que viniera a cuento, que su gobierno ofrecería asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, detenido en Reino Unido.

Horas antes se había conocido la negativa de una jueza británica a extraditar al activista australiano a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de espionaje y divulgación de información confidencial, y AMLO agarró al vuelo la oportunidad de ponderar la importancia de la transparencia y la libertad de expresión: “Assange es un periodista y merece una oportunidad”.

Pero la oferta a Assange no era una prueba del compromiso del presidente mexicano con la libertad de expresión o información, sino solo una muestra de cómo utiliza estos temas a conveniencia. Cuando la libre publicación de ideas o datos no le afecta políticamente, hay todo el apoyo. Cuando esto pone a su gobierno bajo un reflector negativo, hay que desacreditar al mensajero. Menos de tres meses después, usó otra de sus conferencias mañaneras para arremeter contra una organización dedicada a promover la transparencia, la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas.

El 31 de marzo, el presidente acusó a Artículo 19 de ser parte del “movimiento conservador” adversario a su gobierno por un informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos. En él, se señalaba la participación del organismo en la revelación de una red de ciberataques contra periodistas orquestada por la dirección de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano.

El contraste entre las dos posturas es más notable por un hecho que vincula ambos episodios: Artículo 19 ha promovido la defensa y la libertad de Assange que tanto anhela el presidente mexicano. De hecho, la abogada principal del activista, Jennifer Robinson, fue hasta 2019 consejera de la organización y su representante en el consejo consultivo de la oficina mexicana.

Esto demuestra cómo el presidente mexicano, desde el micrófono más potente del país, reduce al simplismo la realidad e ignora los hechos que no le convienen.

(Aclaro que desde 2016 formo parte del consejo consultivo de Artículo 19 y en cinco años he visto a tres directores trabajar con la misma dedicación y compromiso).

El presidente acusó a Artículo 19 de recibir financiamiento extranjero, particularmente del gobierno de Estados Unidos. Lo que prefiere no decir es que ese mismo financiamiento hizo posible el trabajo de la organización en varios casos que en su momento, como político opositor, celebró.

Ese financiamiento, de gobiernos y fundaciones extranjeras, permitió que Artículo 19 llevara la defensa de la periodista Lydia Cacho en su denuncia por tortura tras revelar casos de pederastia, hasta que se logró una disculpa pública del Estado mexicano y la detención del exgobernador de Puebla, Mario Marín, por haber ordenado la detención ilegal de Cacho. Esos fondos hicieron posible también el amparo que la organización promovió para que la Suprema Corte de Justicia ordenara al Congreso mexicano legislar sobre publicidad oficial.

Con el apoyo financiero de algunas de las mismas fuentes, Artículo 19 y otras organizaciones revelaron en 2017 cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto usó el software Pegasus, adquirido para intervenir comunicaciones de posibles criminales, para espiar a periodistas y activistas. (A la fecha, por cierto, el gobierno de AMLO no ha rendido cuentas sobre el uso de ese software).

Con ese mismo apoyo también se emprendió la defensa legal de Sanjuana Martínez —hoy directora de Notimex— cuando fue demandada por daño moral.

Estos casos ocurrieron en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto, pero en esos momentos nadie de quienes hoy participan en el gobierno de AMLO se quejaron de que Artículo 19 se sostuviera con financiamiento extranjero.

Tras las acusaciones del presidente, el diario La Jornada, cercano al gobierno, publicó un encabezado acusando: “Financiado por EU, Artículo 19 ‘nutrió’ el golpe contra México”. Y así como el presidente a veces prefiere ignorar hechos que pudieran debilitar sus argumentos, La Jornada hizo lo mismo. Prefirió no mencionar las ocasiones en que la organización ha denunciado agresiones contra sus periodistas o cómo ha acompañado en su búsqueda de justicia a la familia y los compañeros de quien fuera su corresponsal en Sinaloa, Javier Valdez, asesinado en 2017.

Fundada en 2006, la oficina para México de Artículo 19 ha estado en el centro de algunos de los casos más sonados sobre libertad de prensa o acceso a la información en México. Sus informes anuales son la principal fuente sobre agresiones a periodistas y el deterioro de la libertad de prensa. En ellos se ha señalado que México es, desde hace años, uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. En sus presentaciones anuales era común ver a políticos opositores, periodistas o activistas que hoy trabajan en el gobierno federal.

Era natural, entonces, que una red cibernética para atacar a periodistas críticos del gobierno promovida por la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, atrajera la atención de la organización y la investigara junto con especialistas de SignaLab. La investigación se difundió en el sitio Aristegui Noticias. Lo mismo hubiera pasado en cualquier otro gobierno, de cualquier signo partidista: revelar un abuso de poder que coarta la libertad de expresión.

Hubo un momento en que el trabajo de Artículo 19 era elogiado por muchas personas que ahora forman parte del gobierno federal. Hoy prefieren ignorar esa historia y pretenden que la organización es parte de una conjura para golpear al gobierno (la misma crítica, por cierto, que se hizo en Estados Unidos contra Assange y Wikileaks). Nunca lo dijeron con gobiernos anteriores, porque la única diferencia es que hoy son ellos los que llegaron al poder

FUENTE: THE WASHINGTON POST

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