La trata, al cobijo del vacío de Estado

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En México existen pactos de impunidad.

 

La esclavitud contemporánea se manifiesta a través de un delito organizado vinculado a otros 22 ilícitos. Se le denomina trata de personas y es considerado de lesa humanidad.

 La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional —que ratificó México y la mayoría de los países del hemisferio occidental y el resto del orbe en el marco provisto por las Naciones Unidas— aborda este delito a través de su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.

 En su artículo tercero, este instrumento jurídico internacional define la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

 La explotación a la cual se refiere esta convención internacional incluye la explotación sexual y/o laboral, lo que conlleva secuestros, sometimiento y prostitución forzada con motivaciones comerciales, pornografía sexual, matrimonios forzados, turismo sexual, trabajos domésticos, adopciones irregulares de niños, mendicidad e incorporación de menores a grupos criminales para participar en actividades violentas, entre otros delitos. En este contexto, la trata de personas se vincula a los demás 22 tipos de delitos económicos organizados, ya sea tráfico de drogas, órganos, personas (migrantes), armas, así como secuestros, extorsiones y actos de cibercrimen, pornografía infantil, entre otros.

 Sin ir más allá de México, los casos de trata de personas que ha denunciado y abordado la organización liderada por la periodista y analista Lydia Cacho, a través del apoyo concreto a víctimas, dan muestra de la profundidad que ha adquirido el tráfico de influencias y conflictos de interés en los más altos niveles de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo mexicanos, los cuales continúan obstruyendo a una justicia que ni investiga ni procesa los nueve de cada diez casos vinculados con ilícitos de este tipo.

 Este negocio criminal trasnacional de lesa humanidad, que implica directa o indirectamente a todos los países, al año genera un monto estimado en 32 mil millones de dólares y afecta a por lo menos 12 millones de seres humanos, quienes en su mayor parte son niños, niñas y mujeres (entre 20% y 30% de las personas que sufren de esclavitud en el mundo son menores de edad). De esta escandalosa y vergonzosa cifra global, más de 2 millones de individuos esclavizados por la delincuencia organizada provienen de América Latina.

 Hoy, entre siete y diez dólares lavados producto de la trata de personas terminan integrándose en los sistemas económicos formales de los países más ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), los cuales a su vez poseen los Estados de derecho más funcionales. Es decir, la paradoja de la delincuencia organizada consiste en que los mafiosos ligados a la trata y otros 22 tipos de delitos económicos buscan la seguridad jurídica para invertir sus capitales de origen sucio en las naciones con mayor opulencia.

 Todas las tipologías de trata mencionadas se vinculan entre sí. Es más, la trata de personas se origina en delitos organizados previos y deriva en otros de la misma índole, con lo cual se genera una red patrimonial delictiva en la que cada caso de trata cubre a redes delictivas trasnacionales cuyo ámbito de operaciones involucra por lo menos a cuatro países.

 Muchos casos de trata se originan en secuestros de menores o adultos en regiones con pobreza extrema (norte de Argentina o Paraguay, por ejemplo). Asimismo, esos secuestros derivan en el uso de una infraestructura económica internacional —de transporte, viviendas y transacciones patrimoniales— que debería implicar miles de investigaciones internacionales al año a los diversos patrimonios. El objetivo de todo ello sería tipificar tales casos en el ámbito del derecho penal que observa los temas de trata de personas y lavado de dinero. Sin embargo, esas acciones no se llevan a cabo.

 En el contexto aquí explicado, muchas veces se presenta una diferenciación difusa entre la prostitución (de carácter voluntario) y la trata de personas. Cabe añadir, ciertamente, que ambos fenómenos se vinculan. Es así que algunos científicos han verificado con datos duros que la regulación laboral integral —la legalización— de todas las trabajadoras sexuales en Alemania durante los últimos diez años ha reducido la trata en aquel país.

 En otras palabras, si en cualquier nación del mundo se respetaran todos los derechos laborales y sociales de los trabajadores sexuales —como se vela por los derechos de empleados bancarios o funcionarios del Estado—, el hecho causaría un impacto positivo en la salud de las personas que ofrecen este tipo de servicios, pero también en la salud pública en general. Asimismo, se estimularía el crecimiento de empresas con infraestructuras legales —sin vínculos con el crimen— dedicadas a negocios de este tipo, quitándole porciones del mercado a la delincuencia organizada.

 Al respecto, los alemanes hoy están debatiendo si la regulación laboral que se aplica a empresas y personas involucradas en la oferta de trabajo sexual ha reducido, de modo sostenible, el poder económico de la delincuencia organizada. Así pues, medidas no penales pueden neutralizar a esta última, siempre y cuando un país posea, como Alemania, capacidad de de implementar normas incorruptibles.

 Fuente:  VARIOPINTO   Edgardo Buscaglia

 

 

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