Los desaparecidos/ The Disappeared

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Para los primeros días de Octubre, la cancha exterior de básquetbol de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una población del estado mexicano de Guerrero, se había convertido en una sala de espera de la desesperación. El dolor irradiaba como calor. Bajo el alto techo de lámina corrugada de la cancha, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos se reunían a enfrentar las horas entre las expediciones de búsqueda, las protestas y las reuniones con funcionarios del gobierno, trabajadores de derechos humanos, y antropólogos forenses. Reunidos en grupos a la orilla de la cancha, sentados en el piso de concreto o en sillas plegables de plástico acomodadas en semicírculos, hablaban en voz baja y entre ellos. La mayoría había viajado desde pequeñas comunidades indígenas y campesinas de Guerrero. Muchos habían llegado sin una muda de ropa. Todos habían venido a buscar a sus hijos.

La noche del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, a 125 km, policías uniformados emboscaron cinco autobuses de estudiantes de la normal y otro que llevaba a un equipo de fútbol profesional. Junto con tres sicarios no identificados, dispararon y mataron a seis personas, hirieron a más de veinte, y “desaparecieron” a 43 normalistas. El cuerpo de una de las víctimas fue hallado en un campo a la mañana siguiente. Los asesinos le habían quitado el rostro. Los soldados del 27º Batallón de Infantería, cuyo cuartel está a menos de tres kilómetros y que tienen la misión de combatir el crimen organizado, no intervinieron.

La noticia del ataque fue recibida inicialmente con muda indignación, sobre todo porque la información que llegaba de Iguala, una ciudad montañosa de 110,000 habitantes, era confusa. Durante varios días circularon conteos contradictorios de los normalistas desaparecidos. No fue sino hasta el 4 de octubre, cuando la procuraduría estatal anunció que habían descubierto la primera de una serie de fosas comunes a las afueras de Iguala, que los medios nacionales e internacionales descendieron sobre la región. Cuando los forenses confirmaron que el primer cuerpo de los treinta restos calcinados no era de los estudiantes desaparecidos, la ira y el horror se extendieron. A lo largo de octubre, hubo marchas y vigilias por todo el país. En Chilpancingo, la capital de Guerrero, estudiantes de Ayotzinapa rompieron ventanas e incendiaron edificios del gobierno estatal. En Iguala, manifestantes saquearon y quemaron el palacio municipal.

A pesar de no ser un evento aislado ni la peor masacre en los últimos años, lo ocurrido en Iguala caló hasta la médula de la sociedad mexicana. Quizá haya sido la magnitud de la violencia, o la absoluta brutalidad, o que las víctimas eran estudiantes normalistas, o que los autores materiales fueran en su mayoría policías municipales, o que el presidente municipal de Iguala, su esposa y el jefe de policía probablemente estuvieran detrás del ataque, o que los gobiernos estatal y federal fueran falaces en su investigación e insensibles en su trato a las madres y padres de los desaparecidos. Cualquiera que haya sido la causa  — y probablemente fuera una combinación de todas estas razones —  es imposible exagerar el efecto que los ataques han tenido sobre el país. Los mexicanos hablan de Iguala como sinónimo de trauma colectivo. México ahora es una nación de luto, y en el corazón de ese dolor están esas cuarenta y tres familias en la cancha de básquetbol de Ayotzinapa y su agonizante demanda: Vivos se los llevaron, vivos los queremos.

 

Cada año, 140 alumnos de nuevo ingreso llegan a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, un internado varonil, provenientes de algunos de los lugares más golpeados económicamente del hemisferio, donde las escuelas primarias suelen ser estructuras de adobe de un solo cuarto sin electricidad, agua corriente ni plomería. Estos son de los jóvenes más comprometidos de sus comunidades, para quienes el sistema dice que no hay lugar: aquellos aparentemente destinados a ingresar a las filas más bajas de los ejércitos de la guerra del narco o a cruzar el desierto de Arizona en desbandada para ir a pizcar pimientos en California o lavar platos en Chicago. La escuela normal, conocida como Ayotzinapa, les ofrece una ruta diferente: una profesión. Ayotzinapa les dice: “Aquí perteneces.”

La colegiatura, el alojamiento y las comidas son gratuitos. El gobierno estatal proporciona un presupuesto alimentario que equivale a unos $50 pesos por estudiante por día, lo cual suele significar una dieta de huevo, arroz y frijoles. Los estudiantes se encargan de limpiar todo, de servir y de buena parte de la cocina. Los dormitorios de primero son cajas de concreto sin ventanas ni muebles. Llegan a dormir hasta ocho alumnos por cuarto, tendiendo cartones y cobijas como camas. Algunos cuelgan huacales en la pared para usarlos de cómoda.

Las escuelas normales rurales fueron creadas después de la Revolución mexicana para promover la alfabetización en el campo. Para mediados del siglo XX, llegaron a ser 36. En 1969, el gobierno federal cerró numerosas escuelas, y ahora sólo quedan 14. Ayotzinapa fue fundada en 1926, y como todas las escuelas normales, tiene una larga tradición de movimientos estudiantiles de izquierda. En los murales de la escuela no sólo aparecen figuras revolucionarias de renombre internacional como el Che Guevara y el rebelde zapatista Subcomandante Marcos, sino también los líderes guerrilleros de los años 1970, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, ambos egresados de Ayotzinapa. Varios murales conmemoran a dos estudiantes que la policía mató en el 2011, durante una protesta exigiendo un aumento a la matrícula de la escuela y a su presupuesto alimentario.

Una de las “actividades” — como los normalistas llaman a sus acciones —  más comunes, es la toma de camiones. Viajar a observar a maestros en zonas rurales es parte esencial del currículo, pero la escuela nunca ha tenido muchos vehículos ni presupuesto para alquilarlos o adquirirlos. (A principios de septiembre, la escuela sólo tenía dos camiones, dos urvans y una camioneta a su disposición.) Desde hace mucho tiempo, para conseguir transporte, los normalistas acuden a las terminales de autobuses cercanas o hacen un bloqueo en la carretera, luego abordan un autobús detenido y le informan al chofer y a los pasajeros que el vehículo será empleado “con fines educativos para la Escuela Normal de Ayotzinapa.”

Los funcionarios del gobierno condenan las acciones de los normalistas, que califican de robo. Los estudiantes insisten en que no son ladrones y que siempre “llegan a un acuerdo” que incluye un pago. Los choferes no abandonan sus vehículos; a veces acampan en la normal, donde les dan los alimentos, por semanas y en ocasiones hasta meses. Cuando los estudiantes bloquean las autopistas, normalmente lo hacen en las casetas de cobro. Rodeados por los estudiantes, los conductores tienden a “donar” el pago al fondo de transporte de la escuela normal. Ninguna de estas tácticas es exclusiva de Ayotzinapa, pero lo que los distingue es que ellos las han integrado en el funcionamiento cotidiano de la escuela.

En mayo de 2013, Adela Micha, reportera de Televisa, entrevistó al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Ella le preguntó cómo era posible que el robo de autobuses por parte de los normalistas fuera una práctica habitual. Aguirre respondió que Ayotzinapa “se ha convertido en una especie de búnker. Ni la autoridad federal ni la autoridad estatal tenemos acceso porque es un espacio también que se ha utilizado por parte de algunos grupos, sobre todo para llevar adoctrinamiento a estos jóvenes, para irles a sembrar mucho rencor social”. Micha le preguntó quiénes estaban detrás del adoctrinamiento. Aguirre respondió: “Algunos trasnochados de la guerrilla en Guerrero”.

 

El plan para el 26 de septiembre nunca fue Iguala. “ Nos interesaba Chilpo”,   me dijo Iván Cisneros, uno de los estudiantes de segundo año que coordinaron las actividades aquella tarde, refiriéndose a Chilpancingo  . “Donde vamos a hacer las actividades es a Chilpo. Estaban súper calientes las cosas allí, y no nos queríamos ir para no arriesgar a la gente, supuestamente, y por eso optamos por ir hasta Iguala”.

(La siguiente crónica de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre está basada en entrevistas con catorce estudiantes que sobrevivieron a los ataques y a más de diez residentes, incluyendo cuatro periodistas, que también los presenciaron. Los nombres de los estudiantes que sobrevivieron son seudónimos).

A mediados de septiembre, un grupo de alumnos de segundo año expropió dos camiones en la terminal de Chilpancingo. Necesitaban los vehículos para transportar estudiantes a una práctica de observación de aulas de tres días. A su regreso, se quedaron con los autobuses  — y los choferes —  porque muchos de la escuela planeaban viajar a la Ciudad de México para la marcha del 2 de octubre, que conmemora lo que es considerado el evento más infame en la historia mexicana moderna: la masacre de cientos de estudiantes a manos del ejército en 1968. El problema era que Ayotzinapa no tenía suficientes autobuses para transportar a todos.

Para conseguir más autobuses, los coordinadores estudiantiles  — casi todos de segundo año —  programaron una actividad para la tarde del viernes 26 de septiembre. Pero decidieron evitar Chilpancingo porque los granaderos, policías antimotines, estaban apostados en la terminal de autobuses. En vez de ir allí, la actividad se llevaría a cabo en la dirección contraria, cerca de Huitzuco, una pequeña ciudad a unos 110 kilómetros de la escuela.

A eso de las 5:30 p.m., los coordinadores llenaron los dos autobuses con unos 80 alumnos de primer año y salieron. Según todas las versiones, el ambiente en los era festivo. Los normalistas habían llegado al campus hacía más o menos un mes. Para muchos, el viernes había sido el primer día de clases, y ahora estaban a punto de participar en uno de los ritos de iniciación de la escuela, su primera actividad. “No sabíamos a qué actividad íbamos”, me dijo un alumno de primero. “Nada más nos dijeron, Vámonos, para acá.”

Pararon a las afueras de Huitzuco, y los normalistas empezaron a pedir donativos, atentos a los autobuses que fueran a Chilpancingo. Empezó a oscurecer, los automovilistas eran hostiles y no llegaba ningún autobús. Cisneros llamó a uno de los otros coordinadores y le dijo, “No, pues esto ya valió, no vamos a poder llevarnos ninguno”.

Los coordinadores se disponían a regresar a Ayotzinapa cuando un camión se aproximó. Los estudiantes se pusieron de acuerdo con el chofer, que les solicitó primero ir a dejar a sus pasajeros a Iguala, como a 20 minutos. El autobús llegó a la ciudad a las 8:00 p.m., y todos los pasajeros bajaron, excepto los nueve estudiantes que lo habían tomado. El chofer les dijo que necesitaba autorización antes de salir hacia la normal. “Sí, espérenme un momento”, les dijo.

A unas cuantas cuadras, la élite política de Iguala y unos 4,000 acarreados se hallaban reunidos en la Plaza Cívica de las Tres Garantías para escuchar lo que estaba anunciado como el segundo informe anual de actividades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Iguala. Una oficina regional del DIF difícilmente derrocha dinero en flores, luces y sonido, comida y grupos musicales para su informe anual. Los periodistas que cubrieron el evento dicen que fue una fiesta de precampaña apenas disimulada para la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, que esperaba ser su sucesora. Notable entre los presentes, había un coronel del 27º Batallón de Infantería.

Electo en 2012 como presidente municipal, José Luis Abarca y su esposa trataban Iguala como su feudo desde hacía mucho. En años recientes, adquirieron 31 casas y departamentos, nueve negocios y trece joyerías. El Ejército Mexicano donó parte del terreno en el que la pareja construyó un centro comercial de $23 millones de dólares a las afueras de la ciudad. En diferentes ocasiones, las procuradurías estatal y federal han acusado a los padres de Pineda y a sus tres hermanos (dos de los cuales han sido asesinados) de encabezar un grupo del crimen organizado llamado Guerreros Unidos. En Iguala, la opinión generalizada es que la policía y los Guerreros Unidos son sinónimos. En una ocasión, Pineda amenazó a un reportero en público, “Si le sigues te voy a cortar las orejas”.

Abarca ha sido acusado de asesinar al activista Guerrerense Arturo Hernández Cardona en 2013. Un testigo declaró ante la procuraduría federal que Abarca le disparó a Hernández Cardona en el pecho y en la cara. Hernández Cardona llevaba cuatro días desaparecido cuando su cuerpo torturado fue encontrado a la orilla de un camino.

Entre quienes desconocían las acusaciones contra la pareja gobernante de Iguala y el hecho de que estuviera en un mitin a pocas cuadras de allí, se hallaban los nueve estudiantes que esperaban impacientes a que regresara el chofer del autobús. Lo veían, mientras seguía hablando con los guardias de seguridad de la terminal, que a su vez hablaban por sus teléfonos y radios. Temiendo que el chofer se negara a subirse otra vez al autobús, los estudiantes llamaron a sus que seguían en la autopista, cuya respuesta fue rauda: juntaron piedras, abordaron nuevamente sus dos autobuses y salieron hacia la terminal.

Cuando llegaron, los normalistas estacionaron los autobuses en la calle y se lanzaron sobre la terminal, sus rostros cubiertos con las playeras amarradas a sus cabezas. Los nueve estudiantes que esperaban abandonaron el camión y, junto con los demás, tomaron otros tres. Ahora a bordo de cinco autobuses, la policía sin aparecer, los normalistas les dijeron a los choferes que los sacaran de la ciudad lo antes posible. Dos autobuses enfilaron hacia el oriente por Periférico Sur, que rodea el centro de la ciudad y ofrece una salida directa hacia la autopista. Los otros tres camiones se dirigieron hacia el norte por la calle Galeana, hacia la Plaza Cívica. Ignorando las exigencias de los estudiantes de acelerar, el chofer que iba a la cabeza avanzaba a vuelta de rueda. Para entonces eran como las 9:30 p.m. En el mitin político, habían terminado los discursos y estaba tocando la banda.

Cuando los tres autobuses pasaron por la Plaza Cívica, patrullas de la policía llegaron, con las sirenas encendidas. Una patrulla se metió enfrente del primer autobús, frenando la caravana. Los normalistas bajaron de un salto para quitar la camioneta del paso. Llegaron más policías y empezaron a disparar al aire. Los normalistas de Ayotzinapa daban por hecho que pelear con la policía era un poco como jugar al gato y al ratón: si te agarraban, te iban a golpear y arrestar, pero los balazos no eran parte del juego. Se lanzaron a la patrulla, apedreándola y obligando al conductor a retroceder. “Yo iba en el tercer autobús. Cuando escuchamos los disparos, nos bajamos”, me contó Ernesto Guerrero, un estudiante de primero. “Y un compañero de nosotros de la academia, de segundo, nos dijo a los demás ‘No se asusten, paisas, son disparos al aire’. Pero cuando íbamos, vimos que no eran al aire, que eran contra el autobús, incluso eran disparos contra nosotros. Es cuando tomamos la decisión de empezar a defendernos. En el camino yo encontré cuatro piedras, y cuatro piedras son las que arrojé.”

Con el camino despejado, los tres autobuses pasaron por la plaza y siguieron por la calle Juan N. Álvarez, que se extiende unas quince cuadras antes de llegar a Periférico Norte, una de las principales avenidas. Las camionetas de la policía los persiguieron, llegando de los lados y desde atrás, disparando en repetidas ocasiones. Los autobuses estaban a pocos metros del cruce con Periférico Norte cuando una patrulla les cerró el paso. Esta vez, el chofer abandonó la camioneta. Cuando los normalistas del primer autobús empezaron a empujar la patrulla para quitarla, la policía abrió fuego. El estudiante Aldo Gutiérrez Solano recibió un disparo en la cabeza. En la confusión, los normalistas que estaban moviendo la patrulla por poco la echan encima de él. “Ya al final les señalamos y se dieron cuenta que el compañero estaba tirado, estaba sangrando de la cabeza de un balazo”, me contó Edgar Yair, alumno de primero. “Lo queríamos levantar. Y en cambio de que los policías dejaran que lo levantáramos, pues, más nos disparaban, más fuerte, más rápido eran los balazos.” En ese momento, los estudiantes se dieron cuenta de que todo había cambiado. Las presuntas reglas se habían desintegrado.

Los normalistas corrieron, algunos se volvieron a meter al primer camión, otros se escondieron entre ése y el segundo. Llegaron más policías, disparando pero sin acercarse. Los normalistas gritaron pidiendo una ambulancia. Cuando finalmente llegó una, la policía le impidió acercarse, pero la ambulancia rodeó por atrás y los paramédicos por fin pudieron llevar a Gutiérrez Solano al hospital, donde le declararon muerte cerebral.

La mayoría de los policías se agrupó por detrás del tercer autobús, atrapando a los normalistas que estaban adentro. “Escuchamos que se gritaban”, me contó Jorge Vázquez, un alumno de primero que se escondió en la parte de atrás del primer camión. “Pero después me asomé de una ventana y vi donde estaban subiendo a varios compañeros a las patrullas, que ya se los llevaban.” En los siguientes 90 minutos, dicen los sobrevivientes que la policía obligó a los normalistas del tercer autobús a tenderse boca abajo en la calle, con las manos en la nuca, antes de subirlos a sus patrullas y llevárselos. Estos eran entre 25 y 30 de los normalistas que desde entonces no se han vuelto a ver.

Mientras ocurría este ataque, los dos autobuses que salieron por el Periférico Sur se separaron. Uno, con catorce normalistas, quedó detrás del autobús que llevaba al equipo de futbol de tercera división los Avispones de Chilpancingo, que volvía a casa tras haber derrotado al equipo de Iguala esa misma tarde. “Ya en el último puente, ya para salir rumbo a Chilpancingo”, me contó Alex Rojas, uno de los catorce normalistas, “fue cuando miramos que debajo, justo debajo del puente estaba un autobús Estrella de Oro, y atrás y adelante había muchas patrullas, ahí se veían las torretas.” Ése era el quinto autobús. Los estudiantes que iban a bordo están entre los desaparecidos.

Al ver el retén, el chofer del camión de Rojas trató de darse la vuelta, cuando la policía llegó velozmente y lo obligó a detenerse. Los normalistas abandonaron el autobús y echaron a caminar hacia el otro lado. A sus espaldas, oyeron a los policías gritar, “¡Cáiganle a la verga! ¡Si no, van a valer verga ya!” Perseguidos por la policía, los catorce escaparon a un campo cercano. En las siguientes tres horas, trataron de llegar a los autobuses en la calle Álvarez pero la policía se los impidió, les disparó y los persiguió por un cerro, donde se ocultaron hasta la mañana. Sicarios atacaron el autobús que llevaba al equipo de fútbol en la carretera a Chilpancingo, y mataron al chofer, a un jugador de 14 años, y a una mujer que iba en un taxi que pasaba por ahí, e hirieron a por lo menos nueve más.

 

Para las 11:30 p.m., la policía dejó la escena del primer ataque, tras recoger los casquillos y limpiar la sangre de la calle. Poco a poco los normalistas fueron saliendo de sus escondites. Montaron guardia y colocaron piedras y artículos de basura alrededor de los casquillos y las manchas de sangre que quedaban, en un esfuerzo por preservar la escena del crimen. El interior del tercer autobús, del que la policía se había llevado a todos los estudiantes, estaba cubierto de sangre. Poco después, dos urvans de normalistas llegaron de Ayotzinapa  — habían recibido las llamadas de auxilio en los primeros momentos del ataque —  y poco a poco, unos cuantos periodistas y vecinos empezaron a aparecer.

Cerca de la media noche los periodistas, tras fotografiar los balazos en los autobuses y los casquillos en la calle, pidieron una entrevista con el presidente del comité estudiantil de Ayotzinapa, que había llegado en una de las urvans. Las cámaras de video y grabadoras de audio llevaban unos cuatro minutos rodando cuando empezaron a sonar ráfagas de ametralladora. “Exactamente cuando se está terminando la conferencia ellos dicen sus nombres, y empezamos a escuchar las detonaciones”, me contó uno de los periodistas. “Eran ráfagas. Eran una infinidad de disparos. Los cristales de muchos carros empezaron a reventar. Entonces todos empezamos a correr en dirección a los autobuses.” El reportero dejó su grabadora encendida mientras corría. Se puede escuchar la descarga de tiros y gritos. Dos normalistas, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava cayeron en la calle, muertos.

Coyuco Barrientos, un alumno de primero, fue de los pocos que pudo ver a los sicarios. Dijo que eran tres, que vestían ropa negra tipo militar, con pasamontañas, y disparaban fusiles de asalto desde la cintura. “El primero,” me contó Barrientos, “empezó a disparar al aire. De ahí, empieza a tirar hacía nosotros. Y yo regresé a ver y claramente se veían las chispas de las balas donde se iban en el suelo, parecían cuetes de Navidad. Todas las chispas iban rebotando en el suelo hacía nosotros. Así que, pues lo que hicimos en ese mismo momento, fue correr. Después se bajaron otros dos sujetos y empezaron a tirar contra nosotros. Eran ráfagas, no dejaban de tirar.” La mayoría de estos estudiantes lograron refugiarse en casas cercanas a unas cuantas cuadras, donde los vecinos los llevaron a los cuartos del fondo y apagaron las luces.

Juan Pérez, un alumno de primero que en el primer ataque recibió un disparo que le atravesó la carne de la rodilla, iba corriendo por la calle cuando un compañero cayó a su lado. Le habían disparado en la boca. Varios normalistas ayudaron a Pérez a cargar al compañero herido. Una mujer les gritó desde una ventana en un primer piso que se podían esconder en su casa, pero ellos le pidieron direcciones para llegar a un hospital. Sobre esa misma calle, dijo ella, había una pequeña clínica privada. Golpearon la puerta y las ventanas, y dos mujeres los dejaron entrar. Casi veinticinco estudiantes y vecinos entraron corriendo. Las mujeres mintieron, diciendo que eso era un laboratorio de rayos X y no una clínica. Les rogaron a las empleadas que llamaran una ambulancia.

Después de veinte minutos, los normalistas oyeron que llamaban a la puerta. Afuera había soldados del 27º Batallón de Infantería con uniforme y equipo de combate. Cuando los normalistas abrieron la puerta los soldados, apuntando sus fusiles, ordenaron a gritos que todos se echaran al piso. “Nos habían quitado los celulares. Nos tomaron fotos”, me contó Yair. “Y un comandante de ellos nos dijo que pues nosotros no teníamos necesidad de estar allá, que adónde nos fuimos a meter, que nosotros buscamos nuestra propia muerte. Y nosotros empezamos a decirle que éramos estudiantes aquí de la normal. Y él nos decía que no, que para él éramos unos delincuentes”. En algún momento entre las 12:30 y la 1:00 a.m., llegó el director de la clínica, pero se negó a atender a los estudiantes heridos. Él y los soldados expulsaron a los normalistas a la calle. A unas cuantas cuadras, una familia les brindó asilo, mientras un grupo pequeño de estudiantes encontró un taxi para llevar a su compañero herido a un hospital.

En algún momento como a la 1:30 a.m., después de pasar por un retén de la policía en la carretera, el primer grupo de reporteros de Chilpancingo llegó al cruce de Periférico Norte y Juan N. Álvarez. Hallaron los cuerpos de los dos estudiantes muertos, tirados boca abajo en la calle, los autobuses y carros acribillados a tiros, y soldados embozados parados a los lados de la escena del crimen.

A la mañana siguiente, los normalistas acudieron a la procuraduría estatal en Iguala. Identificaron a veintidós policías que los habían atacado, hablaron con trabajadores de derechos humanos, e hicieron una lista de los desaparecidos. Allí fue cuando se enteraron de que los normalistas a quienes la policía había bajado de los autobuses nunca llegaron a la cárcel. Cuando llamaban a sus celulares, no contestaba nadie. Inicialmente, la cifra de normalistas cuyo paradero se desconocía llegó a 57, pero luego supieron de los catorce normalistas que habían escapado hacia las afueras de la ciudad.

Como a las 7 a.m., empezó a circular una fotografía en las redes sociales. La última vez que se había visto a Julio César Mondragón Fontes, un alumno de primero originario de la Ciudad de México  — lo cual era una rareza en Ayotzinapa — había sido como a media noche en la calle Álvarez. Estaba hablando con Juan Ramírez, otro alumno de primero, y estaba asustado. “Me comentaba pues que él, al siguiente día, se iba a ir a su casa me contó Ramírez, porque no quería arriesgar su vida. Él decía que pensaba en su familia, pues, en su esposa, su hija. Que es lo que le importaba más.” Momentos después, los tres sicarios enmascarados abrieron fuego. En la fotografía, la camisa roja de Mondragón Fontes está levantada hasta su pecho, exhibiendo moretones oscuros alrededor de su torso. Le desollaron la cara y las orejas. Le arrancaron los ojos. Sus amigos lo identificaron por la bufanda gris alrededor de su cuello.

 

Cuando los primeros reportes de Iguala empezaron a surgir, México supuestamente estaba viviendo su Momento. A dos años de iniciado su sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto había promovido extensas reformas en educación y energía, y el arresto de Joaquín “el Chapo” Guzmán, el criminal más buscado de México. Las imágenes de violencia que definieron la anterior administración de Felipe Calderón habían dejado de dominar los diarios. La revista Time puso a Peña Nieto en la portada de su número de febrero de 2014, con el encabezado “Salvando a México”. Las noticias a mediados de septiembre de una masacre perpetrada por el ejército en Tlatlaya llevó al arresto de los soldados implicados, algo que no hubiera ocurrido bajo el gobierno de Calderón. Desde lejos, quizá parecía que México finalmente estaba saliendo de uno de sus periodos más oscuros.

Durante los últimos ocho años, en la llamada “guerra contra las drogas”, unos 100 mil mexicanos han sido asesinados y por lo menos 20 mil han desaparecido (las organizaciones de derechos humanos consideran que la cifra es mayor). Estos cálculos no incluyen las decenas de miles de migrantes de Centro y Sudamérica asesinados y desaparecidos en México durante el mismo periodo. La lista de masacres se ha vuelto tan común que desensibiliza. En septiembre de 2008, se encontraron 24 cuerpos botados cerca de un parque afuera de la Ciudad de México; diez estaban decapitados. En enero de 2010, sicarios irrumpieron en una fiesta en una casa y mataron a quince estudiantes de preparatoria y universitarios de Ciudad Juárez. En agosto de 2010, 72 migrantes de Centro y Sudamérica fueron hallados masacrados en una bodega de un rancho en San Fernando, Tamaulipas. Ninguna de estas masacres condujo a protestas nacionales. Las movilizaciones después del asesinato en 2011 de siete personas en el estado de Morelos, entre ellos el hijo de un respetado poeta católico, dieron voz al dolor de la nación pero perdieron impulso después de que los intentos de negociar con el gobierno federal se estancaron.

La lógica oficialista de la guerra contra las drogas en México ha permitido que muchos acepten como algo normal los asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, tortura y un aparato político que en muchas ocasiones no sólo permite que estos crímenes queden impunes sino que, en demasiados casos, los consiente. En un reporte de 2014, Amnistía Internacional documentó que el uso de tortura por parte del ejército y la policía mexicana es extenso y rutinario. De hecho, el concepto mismo de la corrupción en México ha quedado caduco: en la mayor parte del país, las fuerzas del estado y los “narcos” están plenamente integrados, y ninguno de los principales partidos políticos está exento. Como dicen en México: “La gota que derramó el vaso”. Para muchos, Iguala fue la gota que derramó el vaso. Destrozó la insistencia del gobierno en que en la guerra contra las drogas existe una clara distinción entre los buenos y los malos, entre la ley y la ilegalidad.

El 27 de septiembre, la policía estatal arrestó a los veintidós policías de Iguala que los estudiantes identificaron. El 30 de septiembre, el presidente municipal Abarca, su esposa y el jefe de policía se dieron a la fuga. El presidente Peña Nieto canceló un viaje que tenía programado a Guerrero, alegando condiciones climatológicas desfavorables pero también dando la impresión de que los asesinatos y las desapariciones no eran asunto suyo. Al respecto, le dijo a un reportero: “Espero que la autoridad de Guerrero asuma su propia responsabilidad”. El plan de búsqueda en la primera semana consistió en que la policía estatal llevaba a grupos de padres de familia por Iguala, y a veces se detenían frente a una casa y les sugerían que tocaran la puerta y preguntara si sus hijos estaban escondidos allí.

Luego, el 4 de octubre, el procurador estatal anunció el descubrimiento de cuatro fosas comunes en los cerros a las afueras de Iguala. La excavación inicial reveló un número indeterminado de restos humanos calcinados. El método que condujo a la policía estatal a las fosas clandestinas al parecer fue la tortura. “Apretaron a uno de ellos”, me contó un oficial, “y cantó.”

Al otro día, el procurador estatal declaró que un hombre detenido había confesado que él y otros miembros de un cartel habían asesinado, quemado y enterrado a los estudiantes en esas fosas. Para entonces, el gobierno federal se había hecho cargo de la investigación, ejerciendo su poder de asumir jurisdicción sobre los casos que involucren al crimen organizado, un reconocimiento tácito por parte de la administración de que las consecuencias políticas no podían seguirse ignorando.

Después del anuncio sobre las fosas comunes, el recién formado comité de padres dio una conferencia de prensa en Ayotzinapa e hizo un llamado al gobierno a cambiar su búsqueda. Decenas de hombres y mujeres angustiados estaban sentados en filas detrás de los tres familiares elegidos para hablar a nombre de todos. “Sabemos que el gobierno y sus policías fueron los que se los llevaron y saben donde están”, me dijo Manuel Martínez, uno de los representantes. “Lo único que puede parar esto es que se nos entreguen con vida a los 43 jóvenes.” Los padres anunciaron que un equipo independiente de antropólogos forenses argentinos los representaría en la investigación del gobierno.

En las siguientes semanas, los padres emprendieron una serie de fuertes protestas. Junto con los normalistas, bloquearon carreteras federales, marcharon por ciudades, rompieron vidrios e incendiaron el Congreso estatal de Guerrero y el Palacio de Gobierno. Cuando el análisis de ADN confirmó que los restos hallados en las fosas comunes no eran de los normalistas, las protestas se extendieron a ciudades por todo el país. El 23 de octubre, el gobernador Aguirre anunció su renuncia. Seis días después, los padres se reunieron con el presidente Peña Nieto y le dijeron que si no podía encontrar a sus hijos con vida, debería seguir el ejemplo de Aguirre.

Para noviembre, Iguala se había convertido en la peor crisis de la administración de Peña Nieto. Desde el inicio, su gobierno subestimó la profundidad de la ira suscitada por lo de Iguala y ahora trataba, a menudo de manera errática, de controlar los eventos. El 4 de noviembre, las autoridades federales arrestaron al ex alcalde Abarca y su esposa en la Ciudad de México (el jefe de policía sigue prófugo). Luego, el 7 de noviembre, el procurador general Jesús Murillo Karam dio una conferencia de prensa y anunció que el gobierno tenía confesiones grabadas en video de tres hombres que afirmaban ser miembros de los Guerreros Unidos.

Según Murillo Karam, la noche de los ataques la policía entregó a los normalistas a un grupo de narcos que los llevó al tiradero de basura a las afueras de Cocula, un pequeño pueblo a unos kilómetros de Iguala. Cuando los tres hombres llegaron al tiradero a cielo abierto, descubrieron que quince normalistas ya estaban muertos o inconscientes. Los hombres interrogaron a los demás normalistas, preguntándoles a qué habían venido a Iguala. “Dijeron que venían por la esposa de Abarca, nomás así dijeron”, afirmó uno de los hombres. Luego, según la versión oficial, los hombres mataron a los normalistas, echaron sus cuerpos al tiradero y quemaron los cuerpos, usando madera, llantas, gasolina y diesel para nutrir las flamas.

Después de quince horas, sólo quedaban fragmentos de hueso y cenizas. Los hombres echaron los restos en bolsas para basura y vaciaron todas menos dos en el cercano río San Juan. Esas dos bolsas, dijeron, las echaron cerradas. Murillo Karam explicó que agentes federales habían recuperado las dos bolsas con los fragmentos diminutos de hueso, que serían enviados al prestigioso laboratorio de ADN de la Universidad de Innsbruck en Austria. A 58 minutos de iniciada la conferencia de prensa, tras explicar las confesiones a los reporteros, Murillo Karam interrumpió la pregunta de un reportero, diciendo, “Ya me cansé”, y se marchó poco después.

Si el propósito de la conferencia de prensa era dar por terminado el caso y reducir las protestas, tuvo el efecto contrario. Las palabras de Murillo Karam pronto se volvieron virales, convertidas en objeto de burla en las redes sociales. En pocas horas los usuarios de Twitter estaban siguiendo el hashtag #YaMeCanse. Algunas respuestas populares fueron: “Si ya te cansaste, vete”, “Ya me cansé del miedo”, y “Ya me cansé de los políticos”.

La versión de Murillo Karam generó más preguntas de las que respondió. ¿Cómo pudieron tres hombres someter a 43 jóvenes activistas? ¿Cómo pudieron quemar 43 cuerpos en la lluvia? ¿Por qué en el tiradero no se encontraron rastros de fibras de acero de las llantas que los asesinos afirman haber usado en el fuego? ¿Por qué los asesinos habrían de vaciar cuidadosamente seis bolsas de cenizas humanas al río pero echar las otras dos cerradas? ¿Cómo es posible que los estudiantes les dijeran a los hombres que iban a protestar contra la esposa del presidente municipal, cuando eso nunca fue parte de la actividad de esa noche? Más preocupante, ¿por qué el gobierno no presentó las confesiones grabadas en video de los veintidós policías identificados por los normalistas como sus atacantes? ¿Por qué el gobierno no ha dado a conocer las transcripciones de los radios policiales y celulares, incluyendo los de Abarca y Pineda, de aquella noche?

Para muchos observadores, la versión del gobierno parecía demasiado fácil. La versión de Murillo Karam se enfocaba tanto en los tres presuntos sicarios que Abarca, Pineda y la policía quedaban desdibujados. Las contradicciones y anomalías en la versión oficial de los hechos alimentaron temores bien fundados de que al gobierno federal le interesaba más el encubrimiento que una investigación rigurosa.

Esa investigación tendría que atender los numerosos reportes de que la propia policía de Iguala constituía una banda del crimen organizado. De acuerdo con un periodista de la localidad, “La fachada es la policía municipal. Pero es una fachada. No son policías municipales”. Son narcos que usan uniformes de la policía, armamento de la policía y patrullas de la policía. Se llaman ‘los Bélicos’. Son policías que están dentro de la policía municipal”. Según un funcionario de la ciudad, “Los famosos Bélicos. Son los que maneja el hermano [de Pineda]. Son policías con patrullas y todo, pero operan en las noches con capuchas, parando gente. Les daban una hora para juntar $10 mil pesos, y si no…”. Una investigación examinaría cómo Iguala se había convertido en un “narcomunicipio”, en palabras de Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Una investigación preguntaría cómo podía operar ese narcomunicipio, teniendo una base militar en la misma ciudad.

Al día siguiente de la conferencia de prensa, los padres miraban desde la otra acera mientras normalistas de Ayotzinapa apedrearon las ventanas que quedaban del Congreso estatal de Guerrero y llevaron camionetas hasta las escaleras de entrada y les prendieron fuego. Poco después, padres y normalistas partieron en tres caravanas, recorriendo el país en busca de apoyo. El 20 de noviembre, en el 104º aniversario de la Revolución mexicana, las caravanas convergieron en la Ciudad de México y llevaron a decenas de miles de personas al Zócalo, el corazón simbólico de la nación.

En los días previos y posteriores a la marcha, adondequiera que uno volteara, allí estaba Ayotzinapa: en las primeras planas de los diarios y las portadas de las revistas, en los programas de radio, en las conversaciones oídas al pasar, en el arte de grafiti y esténcil. En la estilosa colonia Roma había un altar de velas y carteles exigiendo justicia para los 43. En la popular colonia Obrera, en un muro blanco, letras rojas de un metro y medio declaraban: “Ayotzinapa: fue el Estado”. El diario deportivo Récord sacó una primera plana en negro con el encabezado: “#INDIGNACIÓN: México está harto. México está de luto”. Figuras tan diversas como el Papa Francisco, el futbolista estrella Chicharito, y la banda ganadora del Grammy, Calle 13 han dado declaraciones en apoyo a las familias y los normalistas. Un domingo temprano, unos 700 corredores organizaron una carrera espontánea a lo largo de la avenida Reforma; todos llevaban el número 043.

El 6 de diciembre, el laboratorio austriaco confirmó que la identidad de uno de los fragmentos óseos correspondía a un estudiante de 19 años llamado Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos. En conferencia de prensa, Murillo Karam resumió la investigación del gobierno, diciendo que habían arrestado a 80 sospechosos, entre ellos Abarca, Pineda y más de 40 policías municipales. “Esta prueba científica”, dijo, “confirma que los restos encontrados en una de las escenas coinciden con la evidencia de la investigación y con la declaración ministerial de los detenidos, en el sentido de que en dicho lugar y forma se privó de la vida al grupo de personas”.

Las palabras de Murillo Karam confirmaron los peores temores de muchos observadores: el gobierno estaba haciendo todo lo posible por cerrar el caso. El equipo de forenses argentinos que había estado trabajando en conjunto con el gobierno, rápidamente se distanció de la versión de Murillo Karam. “Por el momento”, dijo en un comunicado de prensa del 7 de diciembre, “no hay suficiente certidumbre científica o evidencia física de que los restos recuperados en el río San Juan por peritos de PGR[Procuraduría General de la República]… correspondan a aquellos retirados del basurero de Cocula, como indicaron los inculpados por PGR”.

Lo que significó que a once semanas de los ataques, los padres de familia contaban con poca más información sobre sus hijos, de la que les dieron en los días siguientes a las desapariciones. Esto es lo que sabían. Esto es lo que sabemos. La policía, auxiliada por sicarios, mató a tres personas, hirió a más de 20, y desapareció a 43. Tres sicarios enmascarados vestidos de civil volvieron a la escena de uno de los ataques y mataron a dos estudiantes e hirieron a otros más. Alguien asesinó y mutiló a Julio César Mondragón Fontes. Alguien asesinó y quemó a Alexander Mora Venancio. El ejército sacó por la fuerza a estudiantes heridos de una clínica privada pero más allá de eso no intervino. Todo lo demás sobre lo que pasó con los normalistas después de que se los llevó la policía es rumor, especulación o está basado en confesiones dudosas.

En respuesta a la declaración de Murillo Karam, los padres de familia advirtieron sobre mayores protestas. Muchos vieron la noticia durante una marcha en la Ciudad de México, e hicieron el anuncio parados ante el colosal Monumento a la Revolución. Felipe de la Cruz, uno de los padres de familia, le dijo a la multitud, “No nos vamos a sentar a llorar, vamos a seguir luchando por la presentación con vida de los otros 42.”

Para entonces esta exigencia  — esta exigencia desgarradora e irreprochable —  había llegado a representar no sólo a los hijos desaparecidos de Ayotzinapa, sino el profundo anhelo de encontrar a México mismo y sacarlo de todo el horror.

ENGLISH:

By the first days of October, the outdoor basketball court at the Rural Teachers College in Ayotzinapa, a town in the Mexican state of Guerrero, had become an open-air waiting room of despair. Pain emanated like heat. Under the court’s high, corrugated tin roof, the families of 43 missing students gathered to face the hours between search expeditions, protests, and meetings with government officials, human-rights workers, and forensic anthropologists. Assembled in clumps at the court’s edges, sitting on the concrete floor or in plastic folding chairs formed in semicircles, they spoke in hushed tones and kept to themselves. Most had traveled from small, indigenous, campesino communities in Guerrero’s mountainsides. Many had arrived without a change of clothes. They had all come to look for their sons.

On the night of September 26, 2014, in the city of Iguala, 80 miles away, uniformed police ambushed five buses of students from the college and one bus carrying a professional soccer team. Together with three unidentified gunmen, they shot and killed six people, wounded more than 20, and “disappeared” 43 students. One victim’s body was found in a field the next morning. His killers had cut off his face. Soldiers at the 27th Infantry Battalion army base, located less than two miles away and tasked with fighting organized crime, did not intercede.

News of the attack was met initially with muted outrage, mostly because the reports out of Iguala, a highlands city of 110,000, were confusing. For several days, conflicting counts of the missing students circulated. It wasn’t until October 4, when state prosecutors announced that they had uncovered the first in a series of mass graves on the outskirts of Iguala that the national and international media descended on the region. When forensic workers confirmed that the first of the 30 charred human remains were not the missing students, anger and horror became widespread. Throughout October, marches and vigils took place across the country. In Chilpancingo, the Guerrero state capital, Ayotzinapa students smashed windows and set state government buildings on fire. In Iguala, protesters sacked and burned the municipal palace.

Although it was neither an isolated event nor the largest massacre in recent years, what occurred in Iguala has struck at the core of Mexican society. Perhaps it was the scale of the violence, or the sheer brutality, or that the victims were college students, or that the perpetrators were mostly municipal police, or that the mayor of Iguala, his wife, and the police chief were probably behind the attack, or that the state and federal governments were deceptive in their investigation and callous in their treatment of the mothers and fathers of the murdered, wounded, and disappeared. Whatever the cause — and it was likely a combination of all these reasons — it is impossible to overstate the effect of the attacks on the country. Mexicans speak of Iguala as shorthand for collective trauma. Mexico is now a nation in mourning, and at the heart of that grief are those 43 families on the Ayotzinapa basketball court and their agonizing demand: Bring them back alive.

 

Every year, 140 first-year students arrive at the all-male Raúl Isidro Burgos Rural Teachers College from some of the most economically battered places in the hemisphere, where elementary schools are often single-room, adobe structures without electricity, running water, or indoor plumbing. These are among the most committed youth of their communities for whom the system says there is no place: The ones apparently destined to enter the lowest ranks of the drug-warring armies or to scramble across the Arizona desert and pick bell peppers in California or wash dishes in Chicago. The teachers college, known as Ayotzinapa, offers them a different route: a profession. Ayotzinapa says to them, “You belong here.”

Tuition and board are free. The state government provides a meal budget that amounts to $3.70 per student per day, which usually means a diet of eggs, rice, and beans. The students do all the cleaning, tending, and a large part of the cooking. The first-year dorm rooms are windowless concrete boxes with no furniture. As many as eight sleep to a room, laying out cardboard and blankets for bedding. Some fasten empty milk crates to the walls to use as dressers.

Rural teachers colleges were created after the Mexican Revolution to promote literacy in the countryside. By the mid-1900s, they numbered as many as 36. In 1969, the federal government closed numerous schools, and now only 14 remain. Ayotzinapa was founded in 1926, and, like all the colleges, has a long tradition of left-wing student organizing. Murals on school buildings depict not only internationally renowned revolutionary figures like Che Guevara and Zapatista rebel Subcomandante Marcos but also ’70s-era guerrilla leaders Lucio Cabañas and Genaro Vázquez, both Ayotzinapa graduates. Several murals memorialize two students who were killed by police in 2011 during a protest demanding an increase in the school’s enrollment and meal budget.

One of the most common “activities,” as the students call their actions, is commandeering buses. Traveling to observe teachers in rural areas is an essential part of the curricula, but the school has never owned many vehicles or had a budget to rent or acquire them. (In early September, the college had only two buses, two vans, and a pickup truck at its disposal.) The students have long secured transportation by heading to nearby bus stations or setting up a highway blockade, boarding a stopped bus, and informing its driver and passengers that the vehicle would be used for “the educational purposes of the Ayotzinapa Teachers College.”

Government officials decry the students’ actions as outright robbery. The students insist they are not thieves and that they always “reach an agreement” that includes payment. The bus drivers don’t abandon the vehicles; sometimes they camp out at the college, with meals provided, for weeks and occasionally months. When the students block highways, they typically do so at tollbooths. Surrounded by the students, drivers are inclined to “donate” the toll to the college’s transportation fund. None of these tactics is unique to Ayotzinapa, but what distinguishes them is that they have become integrated into the basic functioning of the school.

In May 2013, Televisa reporter Adela Micha interviewed Guerrero Governor Ángel Aguirre. She asked him how it was possible that the Ayotzinapa students had made a habitual practice of stealing buses. Aguirre responded that Ayotzinapa “has become a kind of bunker. Neither the federal nor the state governments can access the school. It is a place that has been used by some groups to indoctrinate these youths and cultivate social resentment amongst them.” Micha asked, “Who is indoctrinating them?” Aguirre responded, “A few insomniac guerrillas.”

 

The plan for September 26 was never Iguala. “We were interested in Chilpo,” Iván Cisneros, one of the second-year students who coordinated the activities that evening, told me, referring to Chilpancingo. “We always go to do our activities in Chilpo, but things had heated up there, and we didn’t want to put people at risk, so we opted to head toward Iguala.”

(The following account of what occurred on the night of September 26 is based on interviews with 14 students who survived the attacks and with more than ten residents, including four journalists, who also witnessed them. The names of the surviving students are pseudonyms.)

In mid-September, a group of second-years expropriated two buses at the Chilpancingo bus station. They needed the vehicles to transport students for three days of classroom observation. Upon their return, they held onto the buses — and the drivers — because many in the school were planning to travel to Mexico City for the October 2 march commemorating what’s considered the most infamous event in modern Mexican history: the 1968 army massacre of hundreds of students. The problem was that Ayotzinapa didn’t have enough buses to take everyone.

To get more buses, student coordinators — almost all second-years — scheduled an action for the evening of Friday, September 26. They decided, though, to avoid Chilpancingo because riot police had been posted at the bus station. Instead, the action would take place in the opposite direction, near Huitzuco, a small town about 70 miles from the school.

Around 5:30 p.m., coordinators filled the two buses with about 80 first-year students and headed out. By all accounts, the mood on the buses was festive. The students had been on campus for about a month. For many, Friday had been the first day of classes, and now they were about to participate in one of the school’s rites of passage, their first action. “We didn’t know what activity we were going to,” a first-year student told me. “They just told us, let’s go.”

They stopped outside of Huitzuco, and the students began to ask for donations and to keep an eye out for buses heading to Chilpancingo. Darkness fell, drivers were hostile, and no buses were coming. Cisneros called one of the other coordinators and said, “This is hopeless. We’re not going to be able to grab anything.”

The coordinators were getting ready to head back to Ayotzinapa when a bus approached. Students came to terms with the driver, who requested that he first drop off his passengers in Iguala, about 20 minutes away. The bus reached the city by 8:00 p.m., and all the passengers disembarked, except the nine students who had commandeered the bus. The driver said he needed authorization before departing for the college. “Wait for just a minute,” he told them.

A few blocks away, the political elite of Iguala and some 4,000 acarreados, people bused in to fill political events, were gathered in the Civic Plaza to hear what was billed as the second annual report of the National System for Integral Family Development’s Iguala office. A regional development agency is hardly one to lavish money on flowers, lighting, sound, food, and bands for an annual report. Journalists who covered the event say that it was a thinly veiled pre-campaign party for the mayor’s wife, María de los Ángeles Pineda, who was hoping to succeed him. Notable among those present was a colonel of the 27th Infantry Battalion.

Elected in 2012, Mayor José Luis Abarca and his wife have long treated Iguala as their fiefdom. In recent years, they have acquired 31 houses and apartments, nine businesses, and 13 jewelry stores. The Mexican Army donated part of the land on which the couple built a $23 million shopping center on the edge of town. At different times, state and federal prosecutors have accused Pineda’s parents and three brothers (two of whom have been murdered) of running an organized crime group known as Guerreros Unidos, or the United Warriors. In Iguala, the widely held view is that the police and the Warriors are synonymous. Pineda once threatened a reporter in public, telling him, “If you keep it up, I’ll cut your ears off.” Abarca has been accused of murdering a local activist named Arturo Hernández Cardona in 2013. A witness testified before federal prosecutors that Abarca shot Cardona in the chest and face. Cardona had been missing for four days when his tortured body was found on the side of the road.

Among those who did not know the accusations against Iguala’s political couple or that they were speaking at a rally a few blocks away were the nine students impatiently waiting for the bus driver to return. They watched him, as he continued to talk with the station’s security guards, who in turn spoke into their phones and radios. Fearing that the driver would refuse to get back on the bus, the students called their compatriots out on the highway, whose response was swift: They gathered rocks, got back on their two buses, and headed for the station.

When they arrived, the students parked the buses on the street and charged the station, their faces covered with T-shirts tied over their heads. The nine waiting students abandoned their bus and, along with the others, commandeered three more. Now aboard five buses, the police nowhere in sight, the students told the drivers to get them out of town as fast as possible. Two buses drove east toward Periférico Sur Avenue, which skirts the center of town and offers a direct route to the highway. The other three buses went north on Galeana Street toward the Civic Plaza. Ignoring the students’ demands to speed up, the lead driver cruised slowly down the street. By this time it was around 9:30 p.m. At the political rally, the talking was over, and the band had started to play.

As the three buses passed the Civic Plaza, police trucks approached from the side, sirens flashing. One truck pulled in front of the first bus, bringing the caravan to a halt. Students jumped off to clear the truck out of the way. More police arrived and started firing in the air. The students of Ayotzinapa presumed that fighting with the police was a kind of cat-and-mouse affair: If you were caught, you would be beaten and arrested, but being gunned down was not part of the game. They rushed forward, pelting the police truck with rocks and forcing its driver to pull back.

“I was in the third bus. When we heard the gunshots, we jumped out into the street,” Ernesto Guerrero, a first-year student, told me. “One of the second-year students said, ‘Don’t be afraid. They are shots in the air.’ But as we approached, we realized they weren’t shooting in the air. They were shooting at the buses and at us. So we decided to defend ourselves. I found four rocks and threw them.”

With the path clear, the three buses drove by the plaza and down Juan N. Álvarez Street, which runs some 15 blocks before it reaches Periférico Norte Avenue, a major thoroughfare. Police trucks pursued, along their side and from behind, firing repeatedly. The buses were a few yards from the intersection with Periférico Norte when a police truck cut them off. This time, the driver abandoned the truck. When students on the lead bus started to push the truck out of the way, police opened fire. A student named Aldo Gutiérrez Solano was shot in the head. In the confusion, the students who were moving the truck almost ran him over. “They finally saw him on the ground, bleeding from the bullet wound in his head,” Edgar Yair, a first-year student, told me. “We wanted to pick him up, but instead of the police letting us lift him, they fired more intensely at us.” At that moment, the students realized, everything changed. The presumed rules disintegrated.

The students ran, some jumping back onto the first bus, others hiding between it and the second bus. More police arrived, firing but not coming closer. Students shouted for an ambulance. When one finally arrived, the police prevented it from approaching, but the ambulance circled back, and paramedics took Solano to the hospital, where he was pronounced brain dead.

Most of the police had massed at the rear, behind the third bus, trapping the students inside. “After awhile, we heard screams,” Jorge Vázquez, a first-year who hid in the back of the lead bus, told me. “I peeked through a window and saw where the police were piling a number of compañeros in the police trucks and taking them away.” During the next 90 minutes, survivors say the police forced the students from the third bus to lie facedown on the street, hands behind their heads, before loading them into the back of police trucks and driving off. These account for 25 to 30 of the students who have not been seen since.

While this attack was occurring, the two buses heading directly out of Iguala became separated. One bus, with 14 students, found itself behind a bus carrying members of the Avispones, Chilpancingo’s third-division soccer team, which had won a game against Iguala earlier that day and was on its way home. “We were at the last overpass,” Alex Rojas, who was among the 14 students, told me, “when we saw beneath us, right beneath us, a bus and a whole lot of police trucks with their mounted machine guns in front of the bus.” This was the fifth bus. The students on it are among the missing.

Seeing the blockade, the driver of Rojas’s bus tried to turn around when police came speeding up and forced him to halt. The students abandoned the bus and began to walk in the opposite direction. Behind them, they heard the police shouting, “Get the fuck out of here or you will be dead!” Pursued by the police, the 14 escaped into a nearby field. In the ensuing three hours, they tried to reach the three buses on Álvarez Street but were prevented by the police, who shot at them and chased them up a hillside, where they hid until morning. Gunmen hunted down the bus carrying the soccer team on the highway to Chilpancingo and killed the driver, a 14-year-old player, and a woman riding in a taxi passing by, and wounded at least nine others.

 

By 11:30 p.m., the police left the scene of the first attack, after collecting gun shells and wiping blood off the street. The students slowly came out of hiding. They posted lookouts and placed rocks and articles of trash around the gun shells and bloodstains left behind in an effort to protect the crime scene. The inside of the third bus, from which police had taken all the students, was covered in blood. Soon, two vans of students arrived from Ayotzinapa — they had received distress calls during the first moments of the attack — and, bit by bit, a few journalists and residents began to appear.

Near midnight, the journalists, having photographed the bullet holes in the buses and the casings on the street, requested an interview with the Ayotzinapa student committee president who had come in one of the vans. The video cameras and audio recorders had been rolling for about four minutes when bursts of automatic gunfire rang out. “The students we were interviewing gave their names, and we started to hear shots,” one of the journalists told me. “They were machine-gun bursts. We started hearing the whizzing of the bullets and the sounds of windows breaking. So we ran toward the buses.” The reporter left his audio recorder on as he ran. One can hear the volley of gunshots and screams. Two students, Daniel Solís Gallardo and Julio César Ramírez Nava, fell dead in the street.

Coyuco Barrientos, a first-year student, was one of the few who had a look at the gunmen. He said there were three, dressed in black fatigues, wearing face masks, and shooting assault rifles from their waists. “The first killer,” Barrientos told me, “began shooting in the air. Then he started shooting at us. I turned back and could see the sparks from the bullets hitting the pavement. They looked like Christmas firecrackers, and all the sparks were moving toward us. In that instant, we all ran. Then two others appeared and shot at us. These were nonstop machine-gun bursts.” Most of the students were able to take refuge in nearby houses a few blocks away, where the residents turned off the lights and ushered them into backrooms.

Juan Pérez, a first-year who had been shot through the flesh of his knee during the first attack, was running down the street when a classmate next to him fell. He had been shot in the mouth. Several students helped Pérez carry the wounded student. A woman shouted from a second-story window that they could hide in her house, but they pleaded for directions to a hospital. Down the street, she said, they would find a small, private clinic. They banged on the door and windows, and two women let them in. Nearly 25 students and residents rushed in behind. The women lied, saying the clinic was an X-ray laboratory not a hospital. They pleaded with the women to call an ambulance.

After 20 minutes, the students heard a knock on the door. Outside were soldiers from the 27th Infantry Battalion in full uniform and battle gear. When the students opened the door, the soldiers, with their guns raised, shouted for everyone to get on the floor. “They took our phones and photographed us,” Yair told me. “Their comandante said that we didn’t have any reason to be there, that we were seeking our own deaths. We started to tell him that we were students from the teachers college. But he said, no, that for him, we were all just criminals.” Sometime between 12:30 and 1:00 a.m., the director of the clinic arrived, but he refused to care for the injured students. He and the soldiers expelled the students out onto the street. Within a few blocks, a family provided haven, while a small group of students found a taxi to take their wounded schoolmate to a hospital.

Sometime around 1:30 a.m., after passing through a police roadblock on the highway, the first group of reporters from Chilpancingo arrived at the intersection of Periférico Norte and Juan N. Álvarez. They found the bodies of the two dead students, facedown in the street, buses and cars riddled with bullets, and masked soldiers standing on the edge of the scene.

The next morning, students made their way to the state prosecutor’s office in Iguala. They identified 22 police officers who attacked them, talked to human-rights workers, and made a list of the missing. It was then they learned that the students whom the police had forced off the buses never arrived at jail. When they called their cell phones, no one answered. Initially, as many as 57 students were unaccounted for, but then they heard from the 14 students who had escaped to the outskirts of the city.

Around 7 a.m., a photograph began to circulate on social-media sites. The last time anyone had seen Julio César Mondragón Fontes, a first-year student from Mexico City — a rarity at Ayotzinapa — was around midnight on Álvarez. He had been talking to Juan Ramírez, another first-year student, and was frightened. “He said that he would go home the next day,” Ramírez told me, “because he didn’t want to risk his life. He said that he was thinking about his wife and his child, that they were the most important things to him.” Moments later, the three masked gunmen opened fire. In the photograph, Mondragón Fontes’s red shirt was pulled up around his chest, exposing dark bruises ringing his torso. His face and ears had been cut off. His eyes gouged out. His friends identified him by the gray scarf around his neck.

 

When the reports from Iguala first surfaced, Mexico was supposed to be in the grip of its Moment. Two years into his six-year term, President Enrique Peña Nieto had overseen sweeping education and energy reforms and the arrest of Joaquín “El Chapo” Guzmán, Mexico’s most wanted man. The images of mayhem that defined the previous administration of Felipe Calderón no longer dominated the dailies. Time magazine put Peña Nieto on the cover of its February 2014 issue with the headline “Saving Mexico.” The mid-September news of an army massacre in Tlatlaya led to the arrest of implicated soldiers, something that would not have occurred under Calderón. From a distance, it might have appeared that Mexico was finally emerging from one of its darkest periods.

Over the past eight years, during the so-called “drug war,” some 100,000 Mexicans have been killed and at least 20,000 have been disappeared (human-rights organizations believe the number is higher). These estimates do not include the tens of thousands of Central and South American migrants murdered and disappeared in Mexico during the same period. The roll call of massacres has become numbingly familiar. In September 2008, 24 bodies were found dumped near a park outside of Mexico City; ten were decapitated. In January 2010, gunmen broke into a house party and killed 15 high school and college students in Ciudad Juárez. In August 2010, 72 Central and South American migrants were found slain in a barn in San Fernando, Tamaulipas. None of these massacres led to national protests. The mobilizations following the 2011 murder of seven people in the state of Morelos, one of whom was the son of a respected Catholic poet, voiced the nation’s pain but lost momentum after attempts to negotiate with the federal government foundered.

The official logic of the drug war in Mexico has enabled many to accept as normal murder, massacre, disappearances, torture, and a political apparatus that not only allows these crimes to go unpunished but, in far too many cases, sanctions them. In a 2014 report, Amnesty International found that the use of torture by the Mexican military and police was widespread and routine. Indeed, the very concept of corruption in Mexico has become outmoded: In most of the country, the state forces and “narcos” are fully integrated, and none of the major political parties is exempt. Mexicans have a phrase: “The drop that spilled the glass.” It’s their version of “the straw that broke the camel’s back.” For many, Iguala was the drop that spilled the glass. It obliterated the government’s insistence that in the drug war, a clear distinction exists between good guys and bad, between law and lawlessness.

On September 27, state police arrested the 22 Iguala police officers whom the students had identified. On September 30, Mayor Abarca, his wife, and the police chief went into hiding. President Peña Nieto canceled a previously scheduled trip to Guerrero, citing unfavorable weather conditions but also giving the impression that the killings and disappearances were not his concern. He told a reporter that the “state government must assume its own responsibility to face what’s happening.” The search efforts during the first week involved state police driving groups of parents around Iguala, occasionally stopping to suggest that they knock on a door and ask if their children were hiding there.

Then, on October 4, the state prosecutor announced the discovery of four mass graves in the hills outside of Iguala. An initial excavation revealed an unknown number of charred human remains. The method that led state police to the hidden gravesite was apparently torture. “They squeezed one of those guys,” an officer told me, “and he sang.” The following day, the state prosecutor declared that a man in custody had confessed that he and other drug gang members had murdered, burned, and buried the students in the graves. By this point, the federal government had taken over the investigation, enacting its power to assume jurisdiction over cases involving organized crime, a tacit acknowledgment by the administration that the political fallout could no longer be ignored.

After the announcement about the mass graves, the newly formed parents committee held a press conference at Ayotzinapa and called on the government to change its search. Scores of anguished men and women sat in rows behind three family members they had selected to speak on their behalf. “We know the government and its police took the students and they know where they are,” Manuel Martínez, one of the representatives, told me. “The only thing that will stop our protests is our sons returning home alive.” The parents announced that an independent team of Argentine forensic anthropologists would represent them in the government’s investigation.

Over the next weeks, the parents undertook a series of fierce protests. They and students blocked federal highways, marched through cities, smashed the windows of and set fire to the Guerrero state congress and the governor’s offices. When DNA analyses confirmed that the remains found in the mass graves were not those of the students, the protests spread to cities across the country. On October 23, Governor Aguirre announced his resignation. Six days later, the parents met with President Peña Nieto and told him that if he was incapable of finding their children alive, he should follow Aguirre’s example.

By November, Iguala had become the worst crisis of Peña Nieto’s tenure. From the beginning, the administration had underestimated the depth of anger that Iguala had tapped and found itself, often erratically, trying to control events. On November 4, federal authorities arrested Mayor Abarca and his wife in Mexico City. (The police chief remains a fugitive.) Then, on November 7, Attorney General Jesús Murillo Karam held a press conference, announcing that the government had video-taped confessions from three men purported to be members of Guerreros Unidos.

According to Murillo Karam, on the night of the attacks, police delivered the students to a drug gang who drove them to a trash dump outside of Cocula, a small town a few miles from Iguala. When the three men arrived at the open-pit dump, they discovered that 15 of the students were already dead or unconscious. The men interrogated the rest, asking why the students had come to Iguala. “They said that they had come for Abarca’s wife,” one of the men claimed. The men proceeded to kill the students, pitch their bodies into the dump, and set the bodies on fire, using wood, tires, gas, and diesel to fuel the flames.

After 15 hours, only bone fragments and ash were left. The men gathered the remains in plastic trash bags and emptied all but two into the nearby San Juan River. The other two bags, they said, they threw in unopened. Murillo Karam explained that federal investigators had recovered the two bags and the tiny pieces of bone inside, which would be sent to the University of Innsbruck’s respected DNA laboratory in Austria. Fifty-eight minutes into the press conference, after leading reporters through the confessions, Murillo Karam cut short a reporter’s question by saying, “Ya me cansé” (I’m tired), and soon left.

If the purpose of the press conference was to wrap up the case and to undercut the protests, it had the opposite effect. Murillo Karam’s words soon went viral, becoming the object of social-media mockery. Within hours, Twitter users were flagging #YaMeCansé. Popular responses included: “If you’re tired, leave,” “I’m tired of fear,” and “I’m tired of politicians.”

Murillo Karam’s account raised more questions than it answered. How could three men subdue 43 young activists? How could they burn 43 bodies in the rain? Why were there no traces in the dump of the steel fibers from the tires the killers claimed to use in the fire? Why would the killers carefully dump six bags of human ash into the river but toss in two unopened? How could the students have told the men that their protest was aimed at the mayor’s wife when that had never been part of the action that night? More troubling, why had the government not presented the video-taped confessions of the 22 police officers identified by students as their attackers? Why had the government not released transcripts from police radios and cell phones, including Abarca’s and Pineda’s phones, that evening?

To many observers, the government’s story seemed too neat. Murillo Karam’s version focused so tightly on the three suspected gang members that Abarca, Pineda, and the police force blurred into the background. The contradictions and anomalies in the official account fed well-grounded fears that the federal government was more interested in a cover-up than a rigorous investigation.

Such an investigation would look into numerous reports of how the Iguala police force itself constituted an organized crime gang. According to one local journalist, the municipal police “is a façade. They are not municipal police. They are narcos with police uniforms, weapons, and guns. They are called ‘the belligerents’ (los bélicos). They are police inside the police.” According to a local official, los bélicos “are under the command of Pineda’s brother. They are police with squad cars and everything, but they patrol masked at night grabbing people on the street and giving them an hour to come up with $1,000 or else.” An investigation would examine how Iguala had become a “narco municipality,” in the words of Mario Patrón, director of the Miguel Agustín Pro Juárez Human Rights Center. An investigation would ask how such a narco municipality has been allowed to operate with an army base in town.

The day after the press conference, the parents watched from across the street as Ayotzinapa students threw rocks at the Guerrero state congress’s remaining windows and drove trucks up onto the entryway steps and set the vehicles on fire. Soon after, parents and students embarked in three caravans, traveling across the country to call for support. On November 20, the 104th anniversary of the Mexican Revolution, the caravans convened in Mexico City and led tens of thousands of people into the Zócalo, the city’s main square and the symbolic heart of the nation.

In the days both leading up to and following the march, everywhere one turned Ayotzinapa was there: on newspaper front pages and magazine covers, on radio talk shows, in overheard conversations, in graffiti and stencil art. In the hip Roma neighborhood, there was an untended altar of candles and poster-board signs demanding justice for the 43. In the working-class Obrera neighborhood, there was a large, white wall with 5-foot-tall red-block letters declaring: “Ayotzinapa: Fue el Estado” (Ayotzinapa: It was the State). The sports tabloid Record ran a blacked-out front page with the headline: “#INDIGNATION: Mexico has had enough; Mexico is in mourning.” Figures as diverse as Pope Francis, Mexican soccer star Chicharito, and the Grammy-winning band Calle 13 made statements supporting the families and students. Early one Sunday, some 700 runners organized an impromptu race down the length of Reforma Avenue, all of them wearing the number 043.

On December 6, the Austrian lab confirmed that the identity of one of the bone fragments was a 19-year-old student named Alexander Mora Venancio, one of the missing 43. In a press conference, Murillo Karam summed up the government’s investigation, saying they had arrested 80 suspects including Abarca, Pineda, and more than 40 metropolitan police. “This scientific proof,” he said, “confirms that the remains found at one of the scenes coincide with the evidence in the investigation and with the testimonies of the detained, in the sense that in said location and manner a group of people were deprived of life.”

Murillo Karam’s words confirmed many observers’ worst fears: The government was doing everything it could to close the case. The Argentine forensic team that had been working alongside the government quickly distanced itself from Murillo Karam’s account. “At the moment,” it said in a December 7 press release, “there is not enough scientific certainty or physical evidence to claim that the remains recovered from the San Juan River by authorities … correspond to those removed from the Cocula trash dump in the manner indicated by the accused.”

Which meant that 11 weeks after the attacks, the parents possessed little more information about their sons than what they had been told in the days immediately after the disappearances. This is what they knew. This is what we know. The police, aided by gunmen, killed three people, wounded more than 20, and disappeared 43. Three masked gunmen in civilian clothes returned to the scene of one of the attacks and killed two students and wounded others. Someone murdered and mutilated Julio César Mondragón Fontes. Someone murdered and burned Alexander Mora Venancio. The army forcibly removed wounded students from a private hospital but otherwise did not intercede. Everything else about what happened to the students after the police took them is either rumor, speculation, or based on dubious confessions.

In response to Murillo Karam’s statement, the parents warned of more protests. Many of them learned the news during a march in Mexico City and announced it while standing before Monumento a la Revolución, the towering edifice to the Mexican Revolution. Felipe de la Cruz, one of the fathers, told the crowd: “We will not sit down and cry. We will continue in our struggle to bring back alive the 42.” By then this demand — this heartbreaking and irreproachable demand — had come to speak not only for the disappeared sons of Ayotzinapa but also for the profound yearning to bring Mexico itself back from all the horror.

 

Fuentes:    https://radiozapatista.org/

The California Sunday Magazine

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