Más de 75 ONG’s reprueban represión contra jornaleros de San Quintín

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Las organizaciones que forman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, reprobaron los hechos recientes de represión en contra de los jornaleros en San Quintín, Baja California, y exigieron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) que garanticen condiciones laborales dignas.

“Frente a la zozobra en la que se encuentran hombres, mujeres, niños y las niñas en San Quintín, hemos tenido conocimiento del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos en los acontecimientos que tuvieron lugar después de que el Subsecretario de Gobernación no acudiera a la mesa de dialogo acordada con las y los jornaleros para el día 8 de mayo”, expresaron las ONG’s en un comunicado.

Reprobaron  los hechos de violencia y “el uso de balas de goma  y armas de fuego por parte de la policía estatal de Baja California, en aparente colaboración con la policía municipal; así como los allanamientos de morada que éstos emprendieron sin orden judicial”.

Denunciaron que estas acciones en su conjunto dieron como resultado varias decenas de personas heridas, siete de ellas de gravedad, y al menos cinco personas detenidas.El documento manifestó que estas acciones con parte de la “criminalización y represión de la protesta social existente en el país y que incluso fue evidenciado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en el informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión recientemente publicado”.

Por ello, las organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social manifestaron enérgicamente su rechazo “al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de Seguridad Pública”.

Puntualizaron que  estas acciones resultan preocupantes, porque se privilegia el “uso de la fuerza frente a demandas de grupos sociales”. Ello es un signo claro de la pérdida de libertades democráticas en el país y el incremento de prácticas autoritarias por parte de autoridades locales y federales, que refuerzan la crisis de derechos humanos en el país.

En el comunicado firmado por Artículo 19, asentaron que “el diálogo genuino es una obligación del Estado en aras de garantizar los derechos en juego y de construir una verdadera sociedad democrática”.

En este sentido, informaron que seguirán pendientes de los acontecimientos en San Quintín y exigieron que las autoridades cumplan los compromisos que adquirieron con las y los jornaleros, escuchen sus demandas y se tomen las medidas pertinentes para satisfacerlas. “Durante el desarrollo de protestas, ante eventuales tensiones, es obligación del Estado el empleo de estrategias de disminución de la intensidad como la negociación y mediación”, señalaron en el comunicado.

Así mismo, exigieron que las autoridades encargadas de proteger los derechos humanos -específicamente la CNDH- brinden una protección efectiva ante estos hechos. “Exigimos también el retiro inmediato de la policía de la zona, el respecto al derecho al debido proceso para las personas detenidas, el cese de la criminalización del derecho a la protesta y la investigación y sanción efectiva contra los responsables del operativo en San Quintín”, concluye el comunicado..

 

 

 

Texto:SinEmbargo

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