En uno de los lugares más áridos del país, Mexicali, el gobierno de Jaime Bonilla y el congreso de Baja California reanudaron la persecución contra los opositores a la instalación de la cervecera Constellation Brands. Los activistas reclaman que Morena respalda el proyecto que viola el derecho al agua

Para el abogado Daniel Solorio, el gobierno del morenista Jaime Bonilla no se diferencia de las administraciones panistas en Baja California Norte. Sobre todo, cuando se trata de lidiar con movimientos sociales: “La derecha sigue operando bajo el nombre de Jaime Bonilla. Y al igual que el gobierno de Francisco Vega, no saben atender los movimientos sociales. Así que acuden a la ley del garrote que es el derecho penal”, dice el litigante.

Solorio es miembro de Morena y se ha mantenido cerca del movimiento Mexicali Resiste y otros grupos organizados como el Comité de Defensa del Agua, Comunidad Bc Resiste, Tecate en Pie de Lucha, Ensenada Resiste, Resistencia Tijuana. Resistencias Rosarito. Éstos aglutinan a pobladores del Valle de Mexicali que se oponen a la instalación de la cervecera Constellation Brands. 

La empresa pretende instalarse desde el 2015 para operar su tercera planta de producción de cerveza en México. Pero la oposición de los habitantes de la región ha sido férrea desde entonces. 

Los pobladores reclaman que la compañía pone en riesgo el acceso al agua de los pobladores de Mexicali, que se encuentra en una zona desértica y que ya tiene problemas para abastecer a la población. 

La oposición a Constellation Brands inició por agricultores de la zona. Pero la resistencia contra el proyecto arropó a ciudadanos de todo tipo. Desde entonces la obra no se ha concluido, a pesar de que se tenía planeada su inauguración para el 2018. 

Sin embargó, se inició una persecución contra algunos integrantes en las movilizaciones sociales. 

El abogado Solorio, lamenta que un gobierno que llegó con otra bandera política “sea ideológicamente igual a los panistas”. El también profesor de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, explica que a los participantes en la resistencia ciudadana les abrieron casos judiciales desde el 2017. Él los llama “delitos inventados”. 

Represión por medio de demandas judiciales

El repertorio de delitos que utilizó el gobierno de Francisco Vega van desde la sedición, daño en propiedad ajena, hasta terrorismo. También el congreso interpuso denuncias porque varios ciudadanos bloquearon la entrada de diputados al recinto en julio del año pasado. 

“Se usan esos procesos para tener amagada a la gente, desde luego nadie cometió un delito grave”. 

Daniel Solorio

En total hay unos 50 casos abiertos en contra de las personas que se oponen a la instalación de Constellation Brands. El abogado señala que lo que busca el gobierno es “criminalizar la protesta social”, Solorio no representa a ninguno de los casos, más se ostenta como un crítico de su partido. 

El empresario Jaime Bonilla se mantuvo sin definición respecto a la instalación de Constellation Brands durante el inicio. Pero a finales del año pasado, llegó a la gubernatura. Y entonces, “el gobierno de Bonilla se puso del lado de la cervecera, la protesta volvió y de inmediato la fiscalía de Bonilla utilizó la misma arma tramposa para desmovilizarlos”, dice Solorio. 

Este mes la Comisión Nacional de Derechos Humanos  emitió la recomendación 1/2020, al gobierno de Baja California y a la Comisión Nacional del Agua por violar el derecho humano al agua de los pobladores de Mexicali. El abogado señala que el documento es una pequeña batalla ganada “en este momento  está corriendo el tiempo del gobierno de Baja California para aceptar o rechazar la recomendación”. 

Las contradicciones del proyecto

Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente federal, aceptó que el tema de la cervecería pone al gobierno en un dilema, pues ante el 60 por ciento de avance, la empresa está amparada por leyes internacionales que protegen la inversión extranjera. Aún con eso, los integrantes delas organizaciones sostienen que nada está sobre su derecho al agua. 

Sólo un plebiscito podría detener obra de Constellation Brands, dijo Toledo en enero de este año. Por su parte Blanca Jiménez Cisneros, directora de la Conagua, dijo en el mismo evento que la cervecera “no va a afectar el consumo en el estado”, pero aceptó que la cuenca vive un “estrés hídrico”.

FUENTE: PIE DE PÁGINA

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