Se mantiene lucha por reconocer el derecho al territorio

Chetumal, Quintana Roo

El permiso de siembra de soya transgénica otorgado por el estado mexicano a Monsanto permitió la deforestación de miles de hectáreas de selva, destrucción de los cuerpos de agua y su contaminación, destrucción y erosión de los suelos, muerte y envenenamiento de miles de abejas; escribe el activista Heber Uc Rivero, quien documenta todo el proceso de lucha a través del ensayo El derecho al territorio frente a la soya transgénica en Bacalar, publicado a finales de noviembre.

El Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar asumió la defensa del territorio en contra del cultivo de soya transgénica desde hace siete años cuando Monsanto solicitó un permiso para sembrar soya transgénica en la región que en Quintana Roo abarcó los municipios de Othón P. Blanco, José María Morelos, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto.

Heber Uc, del poblado de Nuevo Jerusalén, acompañante del Consejo Regional Indígena Maya, publicó este documento público por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam). El proceso de defensa se fundamenta en cuatro aspectos: formación política permanente, organización comunitaria y regional, defensa legal y difusión de la problemática de la región.

El objetivo advierte, es compartir la experiencia de lucha por la defensa del territorio emprendido por dicho Consejo Regional en contra del permiso de siembra transgénica. “El proceso de organización ha sido fundamental para llevar a cabo acciones que dan cuenta del despojo que sufren comunidades indígenas mayas de Bacalar”, explica el texto.

En él da cuenta de que la autorización que otorgó el estado mexicano para la siembra de soya representó en conjunto una serie de violaciones a los derechos humanos y colectivos del pueblo maya peninsular sobre el territorio, principalmente a la libre determinación.

“La imposición del permiso evidenció la orientación de la política empresarial, sobreponiendo lo intereses económicos de particulares por encima del derecho de los pueblos a decidir sobre las prioridades de desarrollo de sus territorios”, cita.

Advierte que el “sistema político capitalista mexicano, caracterizado por una estructura de poder vertical que emana de una cúpula de partidos políticos, ha implementado una estrategia para el control y despojo de los territorios mediante leyes federales y estatales que dan el marco legal para desarrollar megaproyectos que destruyen los sistemas de vida en los diversos territorios”, al referir a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados aprobada en el gobierno de Vicente Fox.

Ante esto, las comunidades exigieron la cancelación del permiso y la no consulta, pues se intentaba otorgar después, cuando ya se había sembrado.

Recuerda que en abril de 2017, la Suprema Corte de Justicia se pronunció a favor del amparo promovido por las comunidades y la celebración de la consulta, no obstante no canceló el permiso.

Por ello, se mantiene una lucha por el reconocimiento del derecho al territorio y que el estado mexicano garantice la libre determinación.

Fuente: La Jornada MAYA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *