Policia Comunitaria de Guerrero y el proceso de descomposición atribuido a Angel Aguirre.

Por : Arturo de Dios Palma

 Hace veinte años un grupo de pobladores de San Luis Acatlán y Malinaltepec, en la Montaña de Guerrero, se reunieron para hacer algo que detuviera el robo de sus animales, evitar los asaltos en los caminos y la violación de sus mujeres. De esos encuentros salió la Policía Comunitaria que después se consolidó con el sistema de seguridad y justicia con el que funciona la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac).

En sus primeros años logró vigorizarse como uno de los sistemas de seguridad y justicia más solidos de Guerrero y del país. En ese lapso se vislumbró como un ejemplo de autonomía y autodeterminación. Era un proyecto alternativo que su éxito se fundaba en la rígida distancia que mantenían con los gobernantes. Dos décadas después esa barrera se derrumbó y el gobierno está dentro de la Crac y la Crac dentro del gobierno.

Todo esto tiene un artífice: Ángel Aguirre Rivero.

En los dos primeros años de su gobierno –el segundo, el más reciente- Aguirre logró lo que muchos gobernadores hubieran querido: dividir a la organización indígena más sólida de Guerrero. Empleó su mejor método: la entrega de dinero. Generó codicia y después rivalidades. Pero no lo hizo solo. Desde dentro de la Crac lo ayudaron. Sus principales instrumentos fueron -primero- Bruno Placido Valerio y –después- Eliseo del Villar Castillo.

Aguirre aprovechó al máximo los conflictos que en la Crac comenzaban agudizarse. En 2012 Bruno y Cirino Placido Valerio intentaron tomar el control de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, la matriz, pero no tuvieron éxito.

Bruno venía de ser director de la Policía municipal de San Luis Acatlán en la administración de Genaro Vázquez Solís, hijo del guerrillero, Genaro Vázquez Rojas, además de haber intentado ser diputado del PRD por la vía plurinominal. Un año atrás Bruno fundó la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) con el fin de gestionar beneficios para los pueblos. Al año siguiente, en 2013, la asamblea nombró como coordinador de la Casa de Justica de San Luis Acatlán a Eliseo del Villar.

Las posibilidades de Bruno para dirigir la Crac se redujeron y la madrugada del seis de enero echó andar su propio grupo de autodefensa. El debut fue en Ayutla y Tecuanapa. Cientos de pobladores esbozados y con armas de bajo calibre, machetes en mano montaron guardias sobre la carretera federal para hacer revisiones y, según dijeron, para detener a los criminales más buscados de la región. Se llamaron policías comunitarios. Eso -que se hayan denominado policías comunitarios- molestó a los coordinadores de Casa de Justica matriz y de inmediato dijeron que se trata de paramilitares.

“Lo que se busca es desestabilizar a toda la región en la que opera la CRAC-policía comunitaria, dar pretextos al gobierno para que se instalen en nuestros territorios cuarteles de la policía estatal, federal, ejército o marina a fin de poder militarizar nuestras regiones, dar legalidad a prácticas paramilitares, y con todo ello obstaculizar el crecimiento y el trabajo organizativo de las verdaderas organizaciones del pueblo”, dijo la Crac una semana después del levantamiento.

Aguirre, hasta ahí, observaba todo a distancia. La inacción duró poco, a días del levantamiento de la Upoeg acudió a los retenes de los autodefensas y se fotografió con ellos. Con las imágenes que se difundieron intentó propagar por lo menos dos mensajes. El primero falso y el segundo verdadero. El falso: que era tolerante ante las expresiones de autoprotección de los pobladores. El verdadero -que complementa al falso-: que había tomado partido en la lucha por el control de la Crac. Explicado desde los hechos: el ex mandatario había decidido reunirse, aunque sea de forma informal, con los integrantes de la Upoeg antes que con los coordinadores de la Crac, pese a que ya le había solicitado un encuentro. Aguirre en ese momento se decantó por la Upoeg.

A partir de ahí Aguirre apoyó con armamento, uniformes y, sobre todo, le dio un margen amplio a Bruno para que operara a favor del crecimiento de la Upoeg en la región. Así sucedió. En los siguientes meses la Upoeg se convirtió también en un sistema de seguridad y justicia y en reciprocidad con Aguirre, Bruno aceptó en convertirse en Policía rural como acordó el entonces mandatario y los diputados locales para “legalizar” la presencia de los guardias comunitarios.

Después la Upoeg se asentó en Tierra Colorada, en comunidades de Chilpancingo y Acapulco. Incluso Bruno se vio tentado a tomar la capital con el aval de algunos empresarios. Pero precisamente cuando la Upoeg llegó a la zona centro comenzaron sus problemas.

Pobladores de Ocotito y Petaquillas decidieron separarse y crearon el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (Fusdeg). Los promotores de esta nueva expresión acusaron a Bruno y a otros integrantes de comportarse como delincuentes. En sus pueblos, según han denunciado, los policías de la Upoeg extorsionaron, cobraron derecho de piso, secuestraron y asesinaron, todo con total impunidad. Desde hace más de un año los policías ciudadanos de la Upoeg y el Fusdeg libran una disputa inclemente: las bajas para ambos bandos son numerosas.

Al tiempo en que la Upoeg se consolidaba, el acercamiento entre Eliseo del Villar y Aguirre Rivero resultaba cada vez más evidente.

 

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Es jueves 15 de octubre de 2015 y en San Luis Acatlán una fracción de la Crac festeja los 20 años de su fundación. La celebración se centra en un punto: su unificación.

–¿La Policía comunitaria llegó a los 20 años en su peor momento? –pregunto al coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Abad García García, el anfitrión del festejo durante un receso.

–Sí –acepta sin ningún matiz.

–¿Qué fue lo que provocó la división dentro de la Crac? –vuelvo a cuestionar tratando de encontrar razones que expliquen la debacle de la corporación.

–Recibir dinero trajo la división, la desacreditación de las autoridades, el descontrol en la educación de los detenidos. Se perdió la credibilidad y la legitimación de las autoridades comunitarias, por eso estamos trabajando en la unidad de la Crac.

Para Abad García, el coordinador de los policía comunitarios que no tiene cuerpo de policía, los responsables de la división son el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y al ex coordinador Eliseo del Villar preso en la cárcel de Acapulco.

“Dijo que nos iba a dar un millón de pesos, pero fue mentira; hoy y siempre nos hemos mantenido con las aportaciones de los pueblos”.

Abad García explica que en este proceso de unificación no volverán a recibir dinero de algún gobierno para no caer en otra lucha por el control de la Crac.

El aniversario concluyó al día siguiente con el tradicional desfile de cientos de policías comunitarios y con la presentación de las conclusiones de las siete mesas de trabajo. Para Abad García todo hubiera salido a la perfección, si el entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez, no les hubiera cancelado.

 

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La tarde del 16 de mayo de 2013 en San Luis Acatlán, desde el templete Aguirre ofrecía un discurso después de haber colocado la primera piedra de la construcción de una nueva Casa de Justicia de la Crac; ahí se refirió a Eliseo del Villar que se encontraba presente. Lo llamó su aliado y para no dejar dudas recordó que en su campaña a gobernador le regaló un becerro en barbacoa.

Ahí Aguirre y Eliseo del Villar sellaron su alianza. Una alianza que se cimentó en dinero. El gobierno de Aguirre entregó a la Crac, ya con el Eliseo del Villar al mando, ocho millones de pesos para que, según dijeron, fueran utilizados en proyectos productivos. Esa cifra nunca la había recibido la corporación comunitaria en su historia.

Eliseo del Villar correspondió a Aguirre: dio pie a la credencialización de 923 policías comunitarios para que fueran reconocidos por el Sistema Estatal de Seguridad Pública, pese a que las asambleas había decidido que no al estar protegidos legalmente por la Ley 701 y el convenio 169 de la OIT, que les da a los pueblos originarios la facultad de protegerse y establecer su propia forma de gobierno.

En ese momento, para Aguirre, Eliseo del Villar aún podría ser de mayor utilidad. Y así fue. Cuando policías comunitarios de la Casa de Justica de El Paraíso ubicada en Ayutla no quisieron entrar al proceso de credencialización y además comenzaron a distanciarse de la directriz que había marcado del mandatario, al punto de considerarlos como el ala radical de la Crac, el gobierno del estado inició su etapa de intolerancia. Se aperturó la represión, la persecución, el encarcelamiento.

Desatar la represión no fue tan difícil para Aguirre, utilizó una formula sencilla: la Crac, la de Eliseo del Villar, expulsó de manera unilateral y sin consultar a la asamblea, a los policías, comandantes y coordinadores que manifestaban resistencia ante la línea del gobierno del estado. Es decir, Eliseo del Villar desprotegió a sus compañeros legalmente, pues al no ser considerados como integrantes de esa corporación, sus acciones, por ejemplo, las detenciones, no estarían avaladas por la Ley 701 y por lo tanto se considerarían como secuestro.

“Las cosas están claras y las cartas están sobre la mesa, ellos lo decidieron así. Les dije lo que podía pasar y no entendieron y de alguna u otra manera son delitos los que cometieron y desgraciadamente se llegó a esto”, dijo Eliseo del Villar después de que fueron detenidos algunos de sus compañeros.

Unas de las que sufrió esta desprotección fue la comandante de la Policía comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado García. Salgado García fue detenida el 21 de agosto del 2013 cuando regresaba a su casa después de haber cargado el tanque de su camioneta de gasolina. En un operativo que encabezó la Marina, el Ejército y la Policía estatal, Nestora Salgado fue aprendida sin una orden de aprensión de por medio.

Casi al mismo tiempo, en Ayutla en un operativo similar fueron detenidos otros trece policías comunitarias, incluido Bernardino García Francisco, indígena na savi, coordinador de autoridades de la Casa de Justicia de El Paraíso. Meses después fue encarcelado Gonzalo Molina González.

Los delitos que se les imputaron ligaron en lo ridículo. Por ejemplo a Nestora Salgado está presa en el penal de Tepepan en el estado de México por el delito de secuestro agravado; Gonzalo Molina por terrorismo, por haber tomado el ayuntamiento de Tixtla cuando exigía precisamente la liberación de su compañera de Olinalá. Tiempo después, en diciembre de ese mismo año, apresaron a Arturo Campos Herrera acusado también de secuestro agravado.

La detención de diecisiete policías comunitarios fue el primer paso para el objetivo principal de Aguirre: la división de la Crac.

 

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Hace veinte años la Policía comunitaria surgió en un escenario similar al que Guerrero vive hoy: de violencia. Como en su triangulo de la violencia del sociólogo noruego, Johan Galtung, el estado está sometido a dos tipos de violencia: la invisible y la visible.

En el primer caso se refiere a la agresión que está ahí pero no se ve, que se convive cotidianamente con ella: la violencia estructural y cultural. En otros términos no es otra cosa que la pobreza, la marginación, la explotación, la discriminación.

Veamos esta violencia en números. En una medición de 2010 de los 3 millones 388 mil 768 de los guerrerenses, 19.58 por ciento no contaba con servicios básicos con drenaje o sanitario. 54.94 por ciento de la población empleada ganaba menos de dos salarios mínimos y 16.82 por ciento de la población mayor de 15 años era analfabeta. Y la segunda, la violencia directa, los asesinatos, los asaltos y, ahora en la época del narcotráfico, los levantones, los descuartizados, los decapitados, las desapariciones.

Pero vayamos a ese 1995 cuando los pobladores de San Luis Acatlán y Malinaltepec se reunieron para revertir su situación. El surgimiento de la Policía comunitaria se vio marcado por hecho de violencia y represión gubernamental: la masacre de Aguas Blancas. El 28 de junio de ese año policías estatales asesinaron a tiros a 17 campesinos cuando se dirigían a una concentración. La represión provocó la salida del gobierno del estado de Rubén Figueroa Alcocer, pero no fue encarcelado. Un año atrás, el 1994, fue paradigmático para México. El país estaba ante una de sus mayores crisis, había un descredito de la clase política: al presidente de la República de ese entonces, Carlos Salinas de Gortari se le había caído su proyecto. En el primer minuto de ese año surgió en la selva de Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que aguó la fiesta de la “modernidad” al grupo gobernante. Después se vino el asesinato del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio y el gobierno de Salinas de Gortari terminó hundido en una crisis económica, “El Error de diciembre”.

Tan sólo un año después del surgimiento de la Policía comunitaria, en 1996, en la clandestinidad apareció el Ejercito Popular Revolucionario (EPR). El gobierno emprendió una persecución a través de las fuerzas militares en contra de cualquier grupo armado o movimiento social.

Esa operación dos años después, en 1998, mostró al país otra masacre: el 7 de junio militares asesinaron de 11 personas en la primaria Caritino Maldonado ubicada en la comunidad de El Charco en el municipio de Ayutla.

En este contexto de represión y persecución, la Policía comunitaria se vio en la necesidad de transcender. Se estableció el sistema de seguridad y justicia comunitaria donde se sustenta la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la Crac. Este avance tuvo dos logros esenciales: fortaleció la red de apoyo entre comunidades y el asambleísmo, además conformó un sistema para ejercer justicia. Es decir: a partir de este momento no sólo realizarían acciones de autoprotección, sino también de justicia.

Además trajo consigo una diferencia profunda con el sistema de justicia convencional (marcado por la corrupción y la impunidad): la reeducación y la conciliación antes del castigo. A los retenidos se les juzga en asambleas donde participan tanto coordinadores, comandante y los propios habitantes. Pero al final la asamblea, el máximo órgano, es quien decide.

Pero también es la asamblea quien nombra a los coordinadores, a los comandantes y a los policías. En la asamblea, en el pueblo alejado de los gobernantes, hasta hace unos años estaba la principal fortaleza de la Policía comunitaria.

 

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La policía comunitaria de la Crac está dividida en cinco. Está el grupo de la casa de San Luis Acatlán el que encabeza Abad García García. También la fracción de Cirino Placido Valerio denominado de los Pueblos fundadores y la encabeza el luchador social Cirino Plácido Valerio con presencia en la Costa Chica, Montaña y en comunidades de Chilapa.

Otra expresión es la que encabezó el ex coordinador Eliseo del Villar, la Casa de Justicia, en Cochoapa en el municipio de Ometepec que aún sigue funcionando. También está la Casa de Justicia de El Paraíso, con sede en Ayutla, con influencia en Tixtla, Olinalá y Huamuxtitlán. Esta fracción es la que ha puesto el mayor número de los presos. Y de esta misma ante la represión la Policía Comunitaria del barrio de El Fortín, en Tixtla, conformó la Casa de Justicia la Patria es Primero.

Hoy Guerrero es un espacio en ebullición. La violencia generada por la lucha por el territorio entre los grupos de la delincuencia organizada mantiene sometida a muchos pueblos enteros en diferentes puntos de la geografía del estado. La actuación de los gobierno es deficiente y, peor aún, cuestionable: en Guerrero los línea entre políticos y narcotraficantes es demasiado porosa. La pobreza y la ignorancia desde hace muchos gobierno no disminuye y en algunos casos avanza. Además de la amenaza que representa la entrada de las empresas mineras a los territorios indígenas.

Pero de todos estos problemas hay uno que está asfixiando a los guerrerenses: la violencia. No es casual que hoy además de la Policía comunitaria estén los policías ciudadanos de la Upoeg, de la FUSDEG o la Policía Ciudadana y Popular de Tamalacatzingo en Olinalá.

En este escenario se entiende la pertinencia de una Policía comunitaria integra y legitima. Ojalá y hayan aprendido la lección.

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