Puebla, con el mayor número de presos políticos en toda su historia

Foto: rev3.0
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Rafael Moreno Valle Rosas ya tiene un lugar en la historia de Puebla: en los primeros cuatro años de su sexenio ha habido más personas que fueron encarceladas o sometidas a un proceso judicial por el solo hecho de oponerse a las políticas o proyectos del gobernador o simplemente por disentir.

El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla ha registrado hasta ahora a 133 personas que de 2011 a la fecha se han convertido en presos políticos del morenovallismo, ya sea por haber estado en prisión o estar acusados de delitos fabricados.

Dos de esos poblanos convertidos en presos políticos fallecieron enfrentando un encierro injusto o cargos inventados: el luchador social Delfino Flores Melga, quien a sus 90 años de edad se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social de la Angelópolis, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas a que “por humanidad” el dirigente siguiera su proceso penal en casa, lo cual no fue concedido por el mandatario.

La otra víctima mortal de la persecusión y el encierro gubernamental fue Antonio Víctor Montes Xelhua, uno de los cuatro campesinos de San Bernardino Chalchihuapan acusados por el gobierno estatal de incurrir en ocho delitos, entre ellos el del homicidio del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, derivada de la represión que la Policía Estatal, por órdenes de Moreno Valle, ordenó contra los pobladores de Ocoyucan el 9 de julio del año pasado.

Los cargos al final nunca fueron probados, pues fueron inventados, pero Montes Xelhua tuvo una recaída en su salud que le ocasionó un cuadro de hipertensión y depresión severa, a raíz de su encarcelamiento. Pereció a la edad de 55 años de edad sometido a libertad condicional.

Hoy que se conmemora el Día Internacional del Preso Político algunos activistas y defensores de los derechos humanos hicieron un recuento de la situación poblana en la materia.

Los consultados coincidieron en que la defensa de su derecho al trabajo, la resistencia a obras que resultarán nocivas para el medio ambiente y la vida humana, la oposición a la destrucción del patrimonio histórico o la simple protesta por un mal servicio público o una decisión arbitraria de la administración morenovallista ha llevado en Puebla a mototaxistas, transportistas, activistas, campesinos, abogados y ciudadanos a permanecer en prisión o enfrentar acusaciones penales de manera injusta.

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Omisión institucional

Luis Arturo Hernández López, vocero del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Puebla y Tlaxcala, expresó: “La situación poblana es en verdad preocupante, en primer lugar porque el gobernador de ese estado tiene una política sistemática de criminalización de la protesta, que ha llevado a cientos de personas a pisar la cárcel, con el consecuente deteriorio de su integridad emocional, la afectación a su patrimonio y la angustia para ellos y sus seres queridos”.

“Pero tanto o más grave que la represión sistemática del gobierno del gobernador Moreno Valle, es la omisión que deliberadamente, por negligencia o complacencia, han tenido instituciones que deberían ser garantes de los derechos humanos de los ciudadanos de Puebla, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en ninguno de los casos ha actuado para defender a los presos políticos y los perseguidos”, agregó.

Indicó que también han incurrido en “una inamobilidad sospechosa y hasta cómplice” el Poder Judicial y el Legislativo estatal, “que se han prestado para obsequiar órdenes de aprehensión por la preseunción de delitos infundados, han iniciado juicios injustos o no asumen su papel de contra peso del Ejecutivo”.

Peor que en el 68

Carolina González Barranco, integrante del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y el Cese a la Represión Social en Puebla, advirtió que la cifra de presos políticos en Puebla –encarcelados o sometidos a proceso– es de 133, y supera a la que hubo durante la represión del gobierno de Gustavo Díaz Ortaz al movimiento estudiantil de 1968.

“En 1968 había un gobierno represor, de corte facista, y hoy en Puebla nos encontramos también con un gobierno que tiene prácticas autoritarias y que recurre a la cárcel para tratar de silenciar a quienes lo critican o se le oponen”, aseveró la politóloga, docente también de la Universidad Iberoamericana campus Puebla.

Remarcó que los daños a los presos políticos “son irreparables”, y puso como ejemplo el caso de Juana Macuitl Coyotl y su hija Angélica Macuitl, quienes fueron detenidas en junio del año pasado en Cacalotepec por el solo hecho de haber exigido que la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) permitiera el pago del servicio con monedas y no en la modalidad de tarjeta, como está establecido.

El abuso fue tan brutal que a ellas, que solo portaban una pancarta con sus demandas, les inventaron el delito de portación de armas y les establecieron una fianza de 480 mil pesos, cuando a ladrones y traficantes de drogas les imponen pagos de los 40 a los 70 mil pesos.

Juana Macuitl es una mujer humilde que vive de hacer el aseo en domicilios particulares, así que los prestamos que tuvo que pedir para obtener su libertad la han arruinado, ya que “recibió apoyo económico de sus familiares y de alguna persona metida en la política para poder pagar su fianza de 500 mil pesos, una cantidad que ella misma ha dicho que jamás en su vida podrá ver junta”, resaltó González Barranco.

Criminalización de la protesta

Instituciones particulares especializadas en la apología de las garantías universales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o educativas como la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA) han también advertido sobre el talante autoritario y de criminalización de la protesta que distingue a la administración morenovallista.

El año pasado, durante su primer informe de gobierno, el rector de la UIA, Fernández Font, expresó: “En el ámbito local, la situación de derechos humanos se encuentra amenazada entre la tentación autoritaria de control y represión gubernamental de la movilización y la protesta (…)”.

Por su parte, la CIDH equiparó la represión que sufrieron habitantes de San Bernardino Chalchihuapan por parte del gobierno estatal que encabeza Rafael Moreno Valle Rosas con la matanza de civiles a manos de elementos del Ejército Mexicano en Tlatlaya y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

El secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza, ha advertido que los tres casos son síntomas de la descomposición que hay en el país:

“Un contexto de grave crisis de lo que está pasando y son lamentable no solo los hechos de Ayotzinapa, Tlatlaya o Puebla. Lo lamentable es que son patrones que venían sucediendo antes, esa es una de las señales que preocupa”, señaló el defensor de derechos humanos durante las audiencias de la CIDH, que se celebraron en Washington el mes de noviembre del año pasado.

 

Fuente: La Jornada de Oriente

Martín Hernández Alcántara

17 de Abril del 2015

 

 

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