Pueblos de Chiapas se unen a campaña en Defensa por la Tierra y el Territorio

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DECLARATORIA DE LOS PUEBOS, MOVIMIENTOS, ORGANIZACIONES, HOMBRES Y MUJERES QUE NOS SUMAMOS DESDE CHIAPAS A LA CAMPAÑA NACIONAL EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO

 

La dinámica capitalista de despojo de los bienes naturales se ha intensificado a través de políticas impuestas por las empresas transnacionales que, han tomado el control de los gobiernos, generando una nueva ofensiva neoliberal llamada “neo-extractivismo”, borrando los logros de los movimientos campesinos e indígenas, de los del siglo XX.

 

Las reformas estructurales puestas en marcha, así como las políticas agroindustriales y de reconversión productiva, están orientadas a beneficiar a un reducido número de empresarios, frente a un gran sector de la población que enfrentamos serias dificultades para sobrevivir, a grado tal que los microcréditos, los programas asistenciales, y la migración al interior del país o hacia los Estados Unidos, se han convertido en pieza clave para solventar necesidades básicas.

 

En el año de 1992, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari dio fin al reparto agrario e hizo, legalmente posible la privatización de las tierras ejidales y comunales. De 1993 al 2006 se implementó el Programa de Certificación y Titulación de Derecho Ejidales (PROCEDE), que tuvo como objetivo real dar seguridad y certeza jurídica al sector empresarial que invertiría en tierras protegidas bajo el régimen de propiedad social, sin embargo los grupos campesinos e indígenas ocupantes de ese territorio resistimos.

 

En el año 2013, con la aprobación de la reforma energética y las leyes reglamentarias (incluida la Ley Nacional de Aguas) el Estado se adjudicó constitucionalmente la facultad de decidir, en última instancia, el destino de nuestras tierras y territorios, facilitando la inversión extranjera y nacional, incluso a través de la firma de nuevos acuerdos de libre comercio, como el Tratado Transpacífico.

 

Chiapas está dentro de este contexto, es territorio estratégico para el neo-extractivismo, porque cuenta con bienes naturales de importancia (aguas, minas, petróleo, selvas, bosques), en contradicción con el alto índice de marginalidad de la población. En los últimos años, el Gobierno junto con empresas transnacionales, han evidenciado su interés por llevar a cabo, y en algunos casos realizado, proyectos de extracción petrolera y minera; de generación de energía eólica o bien de construcción de nuevas hidroeléctricas en el cauce de importantes afluentes como son el Grijalva y el Usumacinta, todo esto acompañado de obras de infraestructura carretera y aeroportuaria, de saqueo de flora, fauna y conocimientos tradicionales; así como del uso de mano de obra barata. Que han generado contaminación de afluentes y afectaciones para la salud de las personas.

 

Sin respetar la autonomía y el derecho de los pueblos indígenas, se construyó la súper carretera San Cristóbal-Tuxtla, la ampliación de la carretera San Cristóbal-Frontera Comalapa, la edificación de parques eólicos en Arriaga; el aeropuerto de Chiapa de Corzo y Palenque, la explotación de minerales a cielo abierto en la zona costa y sierra de Chiapas, así como la amenaza de la apertura de otras más y la continuidad de la carretera San Cristóbal-Palenque, a pesar de una fuerte oposición de las comunidades que serán afectadas.

 

Según el Sistema Integral de Administración Minera (SIAM) e Infomex, al iniciar el año 2015, en Chiapas, existían 99 concesiones vigentes otorgadas y localizadas en 16 municipios que equivalen al 13% del total de los 123 municipios de la entidad: Acacoyagua (13 concesiones), Acapetahua (3), Ángel Albino Corzo (8), Chicomuselo (13), Cintalapa (10), Escuintla (8), Frontera Comalapa (1), Ixhuatán (1), La Concordia (2), Mapastepec (6), Motozintla (4), Pijijiapan (5), Siltepec (3), Solosuchiapa (6), Tapachula (14) y Tonalá (1).

 

Con el propósito de disuadir las resistencias instituciones del gobierno federal, estatal y municipal (Procuraduría Agraria, SEMARNAT, SAGARPA, CONAFOR, SEDATU, SEDESOL), emplean estrategias para cooptar a los representantes, autoridades comunitarias o ejidales, y pobladores, convenciéndolos de firmar permisos o acuerdos para la instalación de empresas extractivistas, o la construcción de obras de infraestructura o de generación de energía eléctrica. Estas acciones generalmente van acompañadas de una creciente militarización y parailitarización del territorio; junto con una fuerte represión y criminalización a las y los cuidadores de la madre tierra (desalojos violentos, desplazamientos forzado, encarcelamientos, asesinatos, agresiones, amenazas, etc.)

 

En este proceso las mujeres campesinas e indígenas hemos sido las más afectadas al no ser tomadas en cuenta en las decisiones sobre la tenencia, uso y usufructo de la tierra y el territorio, a pesar de que el despojo legal e ilegal, niega nuestro derecho a vivir dignamente.

 

Ante esta represión manifestamos nuestra lucha, junto con los hombres, por el reconocimiento de nuestros derechos colectivos a la tierra y por el derecho a participar, en igualdad, en la toma de decisiones, por el respeto a nuestra cosmovisión como indígenas nosotras vemos la tierra como nuestra vida no como un objeto de explotación.

 

Al no poder ejercer nuestro derecho a decidir, se genera una mediación permanente por parte de los hombres en relación al futuro de nuestras tierras y territorio, ya que las Asambleas, como espacios de decisión de la vida comunitaria, están conformadas en su mayoría por varones quienes no toman en cuenta nuestro parecer ante propuestas que afectaran a todas y todos los que habitamos en un espacio determinado.

 

Por tanto desde Chiapas nos sumamos a la Campaña Nacional en Defensa de la Tierra y el Territorio y exigimos la salida de nuestro territorio de empresas extractivistas, incluida a la COCA-COLA que hace un uso inhumano del agua con la complacencia del Estado.

 

 

COMUNIDAD LA CANDELARIA CASA DEL PUEBLO

CHICOASEN COMUNIDAD BANAVIL

COMUNIDAD LACANDONA (PALESTINA, FRONTERA COROZAL Y MAYAS)

COMUNIDAD 20 DE JUNIO COMUNIDAD POBLADO VICTORIA COMUNIDAD JERUSALÉN COMUNIDAD COLONIA VIRGINIA COMUNIDAD CANDELARIA COMUNIDAD SAN RAFAEL COMUNIDAD SIBACÁ, EJIDO NARANJO 2, COMUNIDAD BARRIO AGUA AZUL COMUNIDAD BARRIO GUADALUPE COMUNIDAD BARRIO SAN JACINTO EJIDO PATIWITS COMUNIDAD QUINICHES COMUNIDAD SAN CARALAMPIO FRENTE CAMPESINO Y POPULAR 10 DE ABRIL (FCP-10ABRIL);

FRENTE CÍVICO EJIDO NICOLÁS POPULAR Y ANEXO EMILIANO ZAPATA

MOVITE REGIÓN OCOSINGO DEFENSORES DE LOS HUMEDALES

REPRESENTANTES DE PUEBLOS Y COMUNIDADES DE CHIMALAPAS OAXACA

MOVITE REGIÓN SAN CRISTÓBAL OTRA CAMPAÑA. PUEBLO CREYENTE.

REPRESENTANTES PARROQUIALES PASTORAL PENITENCIARIA OCOSINGO

REGIÓN SAN PEDRO PASTORAL DE LA TIERRA O0COSINGO

COMUNIDAD ECLECIAL DE BASE PASTORAL DE LA TIERRA

JUVENTUDES INDÍGENAS DE JITOTOL, TENEJAPA, MARGARITAS. COCOSUR.

PASTORAL JRFP TUXTLA GTZ DIÓCESIS DE TUXTLA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

SERVICIOS Y ASESWORIA PARA LA PAZ AC ENLACE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN AC DE OCOSINGO

CODIMUJ AC. PROYECTO DE VIDA, HERMANDAD Y SOLIDARIDAD

CEPAZDH

CASA DELA MUJER IXIM DESARROLLO SOCIAL DE LOS MEXICANOS INDÍGENAS

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.C.

CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS, A.C.

MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL TERRITORIO Y POR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS FRAY PEDRO LORENZO DE LA NADA, A.C.

ENLACE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE COMITAN

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGANA OCHOA

FRENTE CIVICO TONALTECO

CONSEJO AUTONOMO DE LA COSTA

CAMPESINOS Y PESCADORES DE LA COSTA

ASOCIACION DE INRETES COLECTIVO (ARIC AC)

AASOCIACION DE INTERES COLECTIVO(ARIC COAO)

ASOCIACION DE INTERES COLECTIVO (ARIC HISTORICA)

 

 

 

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