SCJN no revisará ley militar en caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández

 

Inés y Valentina. Foto: Tlachinollan.org
Inés y Valentina. Foto: Tlachinollan.org

 

México, DF.– En votación dividida (6 a 5), el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió no analizar la constitucionalidad ni la “convencionalidad” del artículo 57, fracción II del Código de Justicia Militar, tal y como lo hizo el máximo tribunal cuando analizó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla.

Al continuar la discusión sobre la sentencia de la CIDH, que condenó al Estado Mexicano por la violación a los derechos humanos de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández Ortega, quienes fueron violadas en el año 2002 por militares, la mayoría –a la que se sumó el ex procurador general de la República, Eduardo Medina Mora– consideró que la SCJN debe limitarse a analizar cuáles son las obligaciones del Poder Judicial de la Federación para el cumplimiento de la sentencia del organismo internacional, pero no ir más allá de sus atribuciones.

Como paliativo, el pleno resolvió atraer en fecha próxima amparos presentados en el fuero militar en los que se impugne la constitucionalidad de la legislación castrense, aunque la decisión no forma parte de la resolución que adopte la SCJN en este asunto.

En la sesión estuvieron presentes Valentina Rosendo (con un bebé en brazos) e Inés Fernández, acompañados con sus abogados, quienes coincidieron en lamentar la decisión de los ministros de no analizar la constitucionalidad del artículo 57, fracción II del Código de Justicia Militar.

José Ramón Cossío, quien quedó en minoría junto con Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar, Juan N. Silva Meza y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena argumentó que el pleno, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, tenía que establecer si la reforma del año pasado al artículo 57 del Código de Justicia Militar –que estableció que cuando militares violen derechos de los civiles, debe conocer del asunto el fuero común o local, pero no el fuero de guerra-, cumple de manera integral con la sentencia de la Corte Interamericana.

Tendríamos que hacer aquí una revisión del nuevo artículo 57, fracción II del Codigo de Justicia Militar, insistió, porque hay un párrafo específico de la sentencia de la CIDH sobre el caso Rosendo Radilla contra el Estado Mexicano que tiene semejanza con el asunto de Valentina Rosendo e Inés Fernández, en el que señala que la jurisdicción penal militar en los Estados democráticos tiende a reducirse e incluso a desaparecer. Por lo que, en aquéllos países, como el nuestro, en que se mantiene el fuero de guerra, la jurisdicción militar debe tener un alcance “restrictivo y excepcional”.

Y que en ese contexto, en el fuero militar “sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar”, por lo que, “nosotros tendríamos que hacer el análisis para determinar si efectivamente se da o no este cumplimiento por parte del Congreso en la reforma al artículo referido.

Cossío aseveró que el artículo reformado, al permitir a los militares ser juzgados en el fuero de guerra por delitos del orden común o federal, aun cuando se excluyan los casos en los que el sujeto activo sea un civil, sigue resultando “incomplatible”.

Y en este asunto, no estamos revisando las prácticas jurisdiccionales que se están realizando actualmente en el país y tampoco se ha satisfecho la condición que el legislador trató de incorporar al reformar, el año pasado, el artículo señalado, dijo.

La sesión continuará el próximo lunes.

 

Fuente: La Jornada

Jesús Aranda

23 de Abril del 2015

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