Sobre Devastación ambiental y derechos de los pueblos en el TPP (Tribunal Permanente de los Pueblos)

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Las más de 500 organizaciones sociales, pueblos, comunidades, barrios y colectivos
urbanos y campesinos de 21 estados del país, que participaron en la Audiencia
temática sobre Devastación ambiental y derechos de los pueblos, presentaron
la relatoría de las actividades realizadas en torno de este eje temático del Capítulo
México del Tribunal Permanente de los Pueblos.

VIOLENCIA ESTRUCTURAL, AMBIENTAL Y DIRECTIVA EN EL TPP MEXICO

Las violaciones de derechos humanos, amenazas y agravios recogidos en este
Tribunal, se refieren tanto a derechos de los pueblos a una vida digna, a la relación
con la naturaleza y la destrucción ambiental, como a las condiciones de desigualdad,
precarización y pobreza que suponen un conjunto de condiciones de deterioro de
las condiciones de vida, así como las formas de violencia directa contra las personas,
las comunidades, defensores de derechos humanos, las mujeres o
periodistas. Además, desde la concepción y práctica de lo que significa un tribunal
de los pueblos, la sociedad mexicana no puede verse sólo desde el ahora. Mientras
los Estados y agencias internacionales compran y venden los recursos del futuro en
la bolsa poniendo precios e hipotecas para las próximas décadas al maíz o el arroz,
también el futuro se vende cuando se toman decisiones limitando o mercantilizando
los derechos a la salud o la educación, se privatizan los servicios, se hacen más
precarias las condiciones de vida y de trabajo. Se ha dado una destrucción acelerada
de la naturaleza que tiene consecuencias en las condiciones de vida de las
comunidades afectadas y el futuro de México. Según el Instituto Nacional de
Geografia, en 20 años post TLC, México ha perdido 34.68% de sus bosques y selvas.
Las denuncias ante este tribunal por problemas ambientales que benefician a
empresas nacionales y trasnacionales suman 211 que afectan a 433 municipios de
21 estados. Algunas de estas denuncias como en Michoacán o Guerrero afectan a
rutas de tráfico o lugares de explotación de recursos naturales y la criminalidad
organizada. Las agresiones ambientales más frecuentemente señaladas incluyen la
destrucción de fuentes de agua, bosques y vida campesina, la sobreexplotación de
acuíferos y contaminación ambiental con agrotóxicos o la contaminación
transgénica, que generó una demanda de medidas cautelares ante el sistema
judicial mexicano que constituye una de las pocas excepciones en la tutela judicial
de la protección de la vida en relación al medio ambiente. Todas esas luchas han 22
conllevado frecuentes formas de persecución a las y los defensores ambientales con

(DETENCIONES ARBITRARIAS INCLUSO ASESINATOS).

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE

El derecho a un medio ambiente sano está reconocido en el Artículo 11 del
Protocolo de San Salvador, adicional a la CADH.
Las audiencias y en particular la dedicada a la devastación ambiental han
mostrado lo que acertadamente denominó la acusación como “violencia
estructural desatada en contra de la naturaleza y los núcleos de población
indígena, agraria y urbano-popular, aniquilados, desplazados u obligados a
habitar ambientes deteriorados, con el propósito de hacer efectivos los despojos
masivos de territorios que las empresas privadas requieren para el
aprovechamiento irracional que hacen de los recursos naturales del país, su
saqueo voraz y la especulación con los potenciales negocios derivados.”
Como se indica en el Dictamen sobre Devastación Ambiental y Derechos de los
Pueblos (Ciudad de México, 15-17 de noviembre de 2013):
“[…] la expansión de la cosmovisión mercantil en su forma neoliberal no tiene
precedentes y está totalmente fuera de control. Esta cosmovisión no percibe los
árboles, ríos, tierra, montañas como seres con su propia dignidad y derechos,
sino como parte de un mundo de “recursos naturales” y “capital natural”, o sea, 71
bienes y servicios que esperan el desarrollo de la inversión para poder ser
consumidos productivamente tras ser intercambiados en un mercado. Este
proceso tiene como fin una acumulación sin comparación en la historia humana,
y su resultado devastador ha sido la decadencia casi total del planeta y de sus
tierras, mares, ríos, lagos, bosques, praderas, cuencas y otros lugares, lo mismo
que de las comunidades originarias que los habitan, y de sus formas de pensar,
vivir e intercambiar con el universo.”
Las denuncias presentadas en las pre-audiencias y la audiencia complementaria
sobre devastación ambiental describen problemas socio-ambientales en 433
municipios de 21 entidades federativas del país, en los que habitan unos 40
millones de personas, esto es, una tercera parte de la población de México.
México vive una crisis ambiental de enormes proporciones: el 70% de los ríos
del país están gravemente contaminado; en 30 años se ha triplicado el número
de acuíferos sobreexplotados; el país ocupa uno de los primeros lugares en
perdida de diversidad biológica y bosques; más del 80% de los residuos
industriales peligrosos no reciben tratamiento adecuado y solamente un 15% de
los confinamientos de residuos urbanos cumplen parcialmente con la norma
ambiental. Se constata pues una violación masiva y sistemática del derecho a un
ambiente sano, consagrado en el Artículo 4 de la Constitución de México,
desarrollado por “Ley general del equilibrio ecológico y la protección al
ambiente” de 1988.
Según datos de PROFEPA, en los 632 días transcurridos entre el 1 de diciembre
de 2012 (en que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia del país) y el 25 de
agosto de 2014, se registraron mil 124 emergencias ambientales, de las cuales,
45% fueron atribuibles a Petróleos Mexicanos y el resto a empresas privadas,
principalmente químicas, petroquímicas y mineras, con mayor incidencia en los
estados de Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas, Puebla y Tabasco.
De especial gravedad es la situación del agua, a lo largo y ancho del territorio
mexicano, como se denunció en distintos casos como el de la Cuenca de la
Independencia, Guanajuato. No se prioriza el consumo humano, la soberanía 72
alimentaria y el caudal ecológico, en un esquema de uso equitativo y sustentable
establecido por la Constitución de México (art. 4), sino que se da preferencia a la
minería, a la petroquímica, los proyectos industriales y los agroindustriales;
proyectos que no solo acaparan el agua, sino que la inutilizan con sus descargas
al ambiente.
El acaparamiento y destrucción de las cuencas hidrológicas, así como la
sobreexplotación y contaminación de decenas de acuíferos obliga ya a transferir
millones de metros cúbicos de agua entre cuencas a un costo económico,
energético y ambiental impagable, generando migraciones forzadas en las
cuencas saqueadas, la desaparición de comunidades y culturas, la intoxicación y
destrucción de la salud de miles de personas en las regiones saqueadas y el
despojo de bienes y patrimonios naturales, culturales y sagrados asociados con
el agua que sostienen la vida de los pueblos. Este modelo anula el derecho de los
pueblos al acceso, uso y preservación de sus territorios, sus aguas y prácticas
bioculturales y propicia la eliminación de las economías locales de subsistencia.
La gravedad de este hecho es mayor si se considera que México es uno de los dos
países más diversos del mundo, tomando en cuenta su biodiversidad,
etnodiversidad y agrobiodiversidad combinadas.
En el momento de redactar esta sentencia existen conflictos alrededor de ocho
grandes proyectos de transferencia de aguas entre cuencas en México: 1] el
acueducto Independencia, para beneficio, entre otras, de la trasnacional
automotriz Ford, en Hermosillo, Sonora; 2] el proyecto Monterrey VI, para
trasvasar el cauce del río Pánuco, entre los estados de Tamaulipas y Veracruz
hacia Nuevo León, fundamentalmente para la extracción de gas de esquisto; 3] el
proyecto de El Zapotillo, entre Jalisco y Guanajuato, para abastecer a la industria
automotriz en el corredor industrial León-Silao; 4] el proyecto Costa de oro, para
extraer agua de Nayarit y desviarla hacia el sur de Sinaloa para la agroindustria
de exportación; 5] el proyecto Bandera Blanca, para despojar las aguas del
nacimiento del río Atoyac, en Amatlán de los Reyes, para la industria de Córdoba,
Veracruz; 6] el proyecto de acueducto para abastecer de agua del río Cuautla a la 73
Termoeléctrica de Huexca, en Morelos; 7] la cuarta etapa del Sistema LermaCutzamala,
para extraer agua del río Temascaltepec y desviarla hacia la ciudad
de México y 8] el acueducto Presa Lázaro Cárdenas-La Laguna, en Durango, para
abastecer a las depredadoras industrias minera y lechera de Torreón, Gómez
Palacio y Lerdo, en Coahuila y Durango, respectivamente.
En estos últimos meses distintos accidentes han comportado graves episodios de
contaminación de agua: el 6 de agosto de 2014, la empresa Buenavista del Cobre,
propiedad de la trasnacional minera mexicana Grupo México, derramó 40
millones de litros de sulfato de cobre y otras sustancias tóxicas (como arsénico,
aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo) en el cauce de un arroyo
que alimenta al río Bacanuchi y posteriormente al río Sonora hasta llegar a la
presa El Molinito, que abastece de agua a la ciudad de Hermosillo, Sonora, capital
del estado. El derrame también afectó los acuíferos y 322 pozos de los que se
abastecen comunidades de nueve municipios de Sonora, con lo que el número de
afectados ascendería a cerca de 840 mil personas; el 14 de agosto pasado, la
empresa minera Proyecto Magistral derramó dos millones de litros de agua con
cianuro en el arroyo La Cruz, en el municipio de El Oro, Durango y el 17 de
octubre pasado, la mina Dos Señores, ubicada en el municipio de Concordia,
Sinaloa, derramó 10 mil 800 toneladas de lodos tóxicos (con altos niveles de
plomo y hierro) de una presa de jales ilegalmente construida sobre ocho
kilómetros del cauce del arroyo Pánuco, afluente del río Baluarte, del que se
abastecen de agua varias comunidades de los municipios de Concordia, Rosario y
Escuinapa. A pesar de que el Código Penal Federal de México establece delitos
ambientales en el Libro segundo título vigésimo quinto sobre “Delitos contra el
ambiente y la gestión ambiental”, su efectividad es nula.
Otro aspecto fundamental es la intensificación de un proceso general de despojo
de las tierras, aguas, costas, minerales, recursos energéticos, territorios, espacio
y servicios públicos e infraestructuras que el Estado mexicano aplica en beneficio
de intereses corporativos mediante la aprobación de leyes que posibilitan la 74
privatización del patrimonio de la Nación y de los pueblos. La reciente reforma
energética es un ejemplo claro de esta tendencia..
En este ámbito es fundamental el papel y la responsabilidad las empresas
nacionales y transnacionales, en tanto habilitaron, exacerbaron, o facilitaron la
devastación del medio ambiente y de los derechos humanos conexos con el
mismo, obtuvieron enormes ganancias y trasladaron a las comunidades los
costos ambientales de su accionar.
En el mencionado Dictamen sobre devastación ambiental se menciona
expresamente a las siguientes empresas: Pfizer, Suez, Halliburton, Monsanto,
Exxon Mobil, Kraft Compañía Minera Fresnillo, Compañía Minera Nuevo Monte
de Zimapán, Geotermoléctrica Los Azufres (Hidalgo, Michoacán), Arcelor Mital
(Michoacán), Geotermoeléctrica Humeros en Chignautla en Puebla, Central
Termoeléctrica José Aceves Pozos (Sinaloa), Sovay Fluor México (Chihuahua),
Ideal Standard (Nuevo León), Empresas Ca Le de Tlaxcala, ADM Bio Productos
(Sonora), Minera Bismark (Chihuahua), Pemex-Petroquímica Morelos, Cobre de
México (Distrito Federal), Prym Fashion México (Estado de México), Power Sonic
(Baja California), Arteva Specialities (Querétaro), Acabados de Calidad Tecate,
Aceites, Grasas y Derivados (Jalisco), Vivsil (Querétaro), Enerya (Nuevo León),
Austin Bacis (Durango), Productos y Diseños de Mármol (Baja California), Forjas
Spicer (Tlaxcala), Balatas Mexicanas (Tamauliaps), Pemex-Complejo Procesador
de Gas Matapionche, Layne de México (Sonora), Constructoras OHL y TRADECO,
Inmobiliarias Casas Geo y Ara, Sadasi, Caabsa Eagle SA de CV, Cementeras Cruz
Azul, Tolteca-Cemex, Lafarge, Clarimex, Cargil, FUD, Teck Comico Ltd,Mineras
Esperanza Silver de México, Maquiladoras de diversos corredores industriales,
Wall-Mart de México, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, Oxxo, 7-Eleven,
Costco, Office Depot, Office Max, Home Depot y Hom Mart.

21 thoughts on “Sobre Devastación ambiental y derechos de los pueblos en el TPP (Tribunal Permanente de los Pueblos)

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