Veintena de grupos civiles y más de 27 mil en Change.org exigen el fin del “DF policial”

Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– Casi una veintena de organizaciones sociales se pronunciaron en un comunicado contra la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal (SSPDF) por “la represión policial” y “para que respete los derechos humanos y las libertades de las personas que viven y transitan por la Ciudad de México”.

Al mismo tiempo, una petición en Change.org dirigida al Gobierno del Distrito Federal exige que “todo policía presente en una manifestación debe tener un #NúmeroEnElUniforme legible a la distancia”. La petición ha sido un éxito hasta ahora: más de 27 mil firmantes.

Según Change, si los policías tuvieran que portar números de identificación en sus uniformes, podrían ubicarse claramente (por medio de videos y fotografía, e incluso a manera de denuncia verbal) y con ello saber quiénes fueron los perpetradores de estos abusos.

Las organizaciones que suscriben el comunicado piden que la actuación de la nueva administración de la SSP-DF se lleve a cabo con “conocimiento probado del marco normativo de la seguridad pública y la justicia”, “compromiso que garantice la implementación de los más altos estándares de control, supervisión y evaluación del uso de la fuerza en operaciones de control de multitudes” y”conocimiento y voluntad de aprendizaje” entre otras características necesarias para el buen cumplimiento de su trabajo.

“Llevaremos en el futuro una observación y documentación detallada de los avances que en estos compromisos realice la SSP-DF y continuáremos denunciando y reprobando el uso indebido de la fuerza, las detenciones arbitrarias, las retenciones y torturas, las faltas al debido proceso y otras violación a las libertades y derechos humanos que sean cometidas por cualquiera de las autoridades de los poderes del Estado en el Distrito Federal”.

Por su parte, el mensaje de Change.org, impulsado inicialmente por el usuario Miguel Ángel Ortega, hace hincapié en el gran número de policías presentes en las manifestaciones, “pero que no hay manera alguna de identificarlos individualmente. Esto es muy peligroso puesto que les permite cometer abusos con impunidad al refugiarse en el anonimato”.

“Necesitamos que los cuerpos policiacos presentes en las manifestaciones realizadas en la Ciudad de México porten un número de identificación único e intransferible, legible a simple vista y a la distancia, en la parte delantera y posterior del uniforme,  en el casco, en ambas botas, en el escudo y en el tolete, con el objetivo de facilitar su identificación. Hemos visto a  policías granaderos y antimotines agredir con lujo de violencia y con total impunidad a grupos de personas que se manifiestan pacíficamente incluyendo a familias y menores de edad. A pesar de los múltiples videos y testimonios que evidencian el empleo injustificado y desmedido de fuerza por parte de la policía en manifestaciones pacíficas, no existen sanción ni penal ni administrativa para éstos”.

“LEYES GARROTE” Y RESTRICCIONES A LAS MARCHAS 

A lo largo del 2014, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), principalmente, apoyaron diversas reformas a códigos penales y a leyes existentes supuestamente con el propósito de garantizar el derecho de terceros al libre tránsito y evitar incomodidades generadas por el cierre de vialidades o edificios públicos.

Organizaciones de la sociedad civil, que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, han denunciado una y otra vez que estas acciones tienen la finalidad de inhibir las manifestaciones. El pasado 30 de octubre, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaron una carta por la grave situación por la que atraviesa la protesta social en México y expresaron su preocupación criminalización y la estigmatización que realizan servidores públicos y medios de comunicación contra quienes participan en marchas.

La denuncia presentada ante la CIDH dio cuenta de las iniciativas federales y estatales que pretenden limitar la libre expresión y regular diversos aspectos en torno a la protesta social. Especialistas y activistas observaron que estas normas legales generan retrocesos en las libertades de expresión y el legítimo derecho de la sociedad a reaccionar ante la mala actuación de sus gobernantes, tanto en el ámbito federal, como en los niveles estatales y municipales.

Asimismo expusieron que de forma indirecta diversas legislaciones establecieron medidas como la geolocalización en tiempo real, la retención de datos de usuarios y la suspensión del servicio de telefonía sin previa orden de un juez, entre otras acciones que pueden ser usadas en contra de los derechos de quienes se manifiestan.

“El balance da cuenta de cómo a lo largo del 2014, mediante el impulso de iniciativas tanto locales como federales se ha tratado de criminalizar la protesta social y de imponer una suerte de marcos regulatorios contra la protesta social y del control de los espacios públicos”, afirmó Miguel Moguel, investigador del Centro de Análisis e Investigación, Fundar.

En algunas ocasiones, estas iniciativas fueron claras, como es el caso de la llamada “Ley Bala” de Puebla aprobada por el Congreso local el 19 de mayo de 2014, la cual permite el uso de “armas no letales” por parte de la policía como último recursos para hacer prevalecer el orden. Su primer uso significó la muerte del niño José Luis Tehuatlie, el 9 de julio pasado en el poblado de San Bernardino Chalchihuapan.

53 thoughts on “Veintena de grupos civiles y más de 27 mil en Change.org exigen el fin del “DF policial”

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *